En el 2016 fueron asesinados en Colombia 136 líderes y lideresas sociales, continuó el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la existencia de grupos armados pos-paramilitares[2]. En este escenario, la asistencia militar de Estados Unidos hacia el país goza de excelente salud: en 2017 ha ascendido a los 203,9 millones de dólares. En cuanto a la venta de armas de EEUU a Colombia, la suma para el año 2014 fue de 124,7 millones de dólares[3]. Después de firmado el acuerdo de paz, no se han retirado los cerca de mil marines que realizan tareas de asistencia militar, de acuerdo a declaraciones gubernamentales. Asimismo, sumaban 4,569 los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana entrenados en 2015, que se agregan a los 75 mil soldados entrenados desde el comienzo del Plan Colombia y hasta finales del gobierno de Uribe (2010)[4].
Un dato clave es que el Estado colombiano destinó a gastos en defensa aproximadamente 10,000 millones de dólares en el año 2017, manteniendo el gasto en el 13,1% del presupuesto nacional[5]. De esta manera, Colombia sería el cuarto país de América que más invierte en gasto militar, superado sólo por Estados Unidos, Canadá y Brasil. En contraste, dedicó sólo el 9% del presupuesto a salud y protección social, cerca de 7200 millones de dólares (22 billones de pesos colombianos)[6]. Por otro lado, vale aclarar que una parte importante del presupuesto de defensa termina en las arcas del gobierno estadounidense, en compra de armas (enunciada más arriba), mantenimiento de los viejos aviones y helicópteros de guerra “cedidos” para el Plan Colombia, y el pago por el servicio de entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales.
Se trata entonces de un Plan Colombia que ha sido dirigido y pensado en los Estados Unidos y financiado por los impuestos colombianos. En total, el país del norte invirtió 10 mil millones de dólares, y el Estado colombiano 120 mil millones de dólares, según el reporte reciente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)[7].
Del Plan Colombia al Plan Colombia
Cuando hablamos de la vigencia del Plan Colombia, nos referimos, entre otras cuestiones, a que la mayor parte de la asistencia para la seguridad es dirigida a través de la Agencia de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley-INCLE (por sus siglas en inglés), 135 millones en 2016 y 143 millones presupuestados para 2017[8]. Esto da cuenta de la continuidad de una política anti-drogas militar y represiva, que recae sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva de la economía del tráfico de drogas, opuesta a los acuerdos de paz firmados recientemente en Colombia.
Lo anterior es reafirmado por el presupuesto (aunque recortado) de asistencia planteado por el gobierno de Trump para el 2018, donde la “ayuda” se compone de cuatro categorías: Apoyo económico y Fondo de Desarrollo (ESDF en inglés), Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), No Proliferación, Antiterrorismo, Desminado y Programas Relacionados (NADR) y Educación y Formación Militar Internacional (IMET). Así, pasan a un segundo plano las reformas sociales contempladas en el acuerdo de paz, continuando la tendencia histórica de centrarse en la ayuda y no en los planes de desarrollo social[9].
A esto se suma lo relativo a los cultivos ilícitos. Algunos sectores de la derecha regional propusieron en la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS) del 2016, un cambio en la política dirigida por la DEA. Obama estuvo abierto a discutirlo, pero el único cambio que permitió (avaló), fue incluir la sustitución manual de cultivos de uso ilícito en Colombia, en lugar de las fumigaciones y la persecución al campesinado[10]. Sin embargo, sectores políticos de Colombia y Estados Unidos presionan para inhabilitar el acuerdo de sustitución manual de cultivos de uso ilícito, con el argumento de que ha habido aumento de las áreas cultivadas, rechazo que se impone incluso antes de iniciado el plan de sustitución manual[11].
Desde esta perspectiva la idea de transformar el Plan Colombia en “Paz Colombia”, como lo anunciaron los presidentes Santos y Obama en el 2016, tan sólo fue un asunto de retórica. La asistencia militar continúa, la presencia de marines en las bases militares sigue intacta y en la práctica Estados Unidos no cambia su política punitiva.
Plan Colombia for export
La intención es mantener y exportar las acciones del Plan Colombia en toda la región, especialmente en Centroamérica. Para los republicanos, la “mano dura” debe mantenerse y eso significa aplicar las mismas acciones en México (que se viene ejecutando por medio de la Iniciativa Mérida), donde la DEA concentró sus esfuerzos operacionales y de control del transito de la droga proveniente desde Sudamérica hacía Estados Unidos[12]. Trump expidió decretos de mano dura contra los carteles, situación que no cambia mucho respecto de lo ocurrido durante la administración del expresidente Barack Obama, considerando las estadísticas de muertes en Colombia, México y Centroamérica (con la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica): entre 2009 y 2016 las cifras del horror en estos países son altísimas. Con Obama se recrudeció la acción punitiva y selectiva de la DEA[13].
En una conferencia brindada por John F. Kelly a finales de octubre de 2015, el en ese entonces Comandante del Comando Sur, decía con respecto al Plan Colombia “hace años todos creían que rescatar a Colombia de la violencia era imposible, tal como muchos creen ahora con respecto al caso del Triángulo Norte, pero la misión imposible fue posible. Estados Unidos colaboró con Plan Colombia, no tanto con fondos (la mayoría fueron puestos por los colombianos), sino con inteligencia e información, y ahora, Colombia es un país milagro” [14]. Hoy, John F. Kelly es el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos y sigue apoyando la réplica de esos “esfuerzos” de inteligencia e información para militarizar el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Salvador y Guatemala) y trasladar la inestabilidad a la triple frontera en el Cono Sur, centrando operaciones en Paraguay, donde ya existe una fuerte presencia de asistencia militar y policial colombiana.[15]
Esto da cuenta de que ya es un hecho el objetivo de que las Fuerzas Armadas colombianas suplantaran a las de EEUU en el entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, tanto para operar en México (en el marco de la Iniciativa Mérida), como en Paraguay, Honduras, El Salvador, Barhein, Yemen y en Afganistán[16]. Unas Fuerzas Armadas que, como enunciamos, están gravemente implicadas en abuso a los Derechos Humanos, especialmente de líderes sindicales y sociales.
Lo anterior no es un asunto menor, pues es en virtud de la geopolítica regional que tiene sentido la continuidad del Plan Colombia y su mutación en Iniciativa Mérida e Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica. El asedio a Venezuela es solo un ejemplo. El documento del comando sur “Plan 2018”, y el “OperationFreedom II” sientan con claridad las pautas de acción de los Estados Unidos sobre América Latina, en espacios donde hay materiales estratégicos clave para el mantenimiento de un complejo industrial militar en crecimiento[17]. Tales planes trascienden al “color” de las administraciones (republicanos o demócratas), pues se enmarcan en estrategias de mediano-largo plazo. Este modus operandi del pentágono articulado al complejo industrial militar suele ser olvidado (convenientemente) por los análisis coyunturales. Desde una perspectiva de proceso histórico es más complejo visualizar quiebres sustanciales entre Obama y Trump.
La injerencia militar de los Estados Unidos en Colombia continua, y sus fuerzas militares formadas y entrenadas durante el Plan Colombia están desplegándose por todo el continente como extensión de las intenciones de control expresadas por el Comando Sur de los EEUU. La famosa e inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa “legal” (aunque cada vez menos legítima) para que el gobierno/sector privado estadounidense garantice su presencia y contribuya con el clima propicio para el bienestar de las derechas latinoamericanas, sea en boca de los improperios de Trump o de la mano de un Bill Clinton que nos invita con un sabroso café made in Colombia.
Notas:
[2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16570093
[3] http://securityassistance.org/data/program/military/Colombia/
[4] Documento de Renan Vega Cantor como parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015). Ver en: http://www.rebelion.org/docs/195465.pdf
[5] El presupuesto en pesos colombianos para el 2017 es de 29,4 billones de pesos, que representan aproximadamente, 10 mil millones de dólares: https://www.desdeabajo.info/colombia/30456-presupuesto-general-de-la-nacion-2017-finanzas-para-la-guerra.html
[9] http://www.semana.com/nacion/articulo/presupuesto-de-trump-propone-recortes-para-colombia/526271
[10] http://www.celag.org/ungas-2016-a-quien-beneficia-la-cocaina-por-javier-calderon-castillo/
[12] https://www.desdeabajo.info/mundo/25391-el-plan-colombia-y-la-iniciativa-merida.html
[16] http://www.lawg.org/storage/documents/Hora_de_Escuchar.pdf, pp 24-27. Y http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406208
[17] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/ ;http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/
Silvina Romano y Javier Calderón / Investigadores CELAG