Los demócratas y republicanos de la Florida piden fondos para “ayudar” a Puerto Rico, ninguno de ellos dice la verdad, que el peor daño es el del Colonialismo. Pero incluso entre ellos hay contradicciones. Muchos ven con malos ojos una extensión prolongada del tiempo dado por Donald Trump de inhabilitar la Ley Jones.
Algunos como la representante neoyorkina Nidia Velázquez y los senadores Jhon McCain de Arizona y Mike Lee de Utah, abogan por una derogación permanente de esa ley. Pero otros como los representantes Jhon Rutherford, Ander Crenshaw, Bill Nelson y Mario Díaz-Balart, todos de la Florida, están en desacuerdo por las pérdidas que esto generaría.
Grandes puertos de la Florida como el de Jacksonville, Miami y Tampa presionan al gobernador del estado, Rick Scott y a estos congresistas para no afectar tanto el comercio de la Florida, el cual es referencia comercial en EE.UU y que alcanzó los 143 mil millones de dólares el año pasado.
En la reciente Cumbre Latinoamericana celebrada en Miami, hubo conversaciones entre los asistentes dirigidas a proteger el comercio con la Florida como tema prioritario. Allí coincidieron los legisladores cubanoamericanos de reconocida trayectoria derechista y mafiosa como Díaz-Balart, Ileana Ros, Carlos Curbelo y Marco Rubio, con CEOs y funcionarios de empresas como Juan Kuryla, director del puerto de Miami – el de mayor crecimiento entre los principales del país- y Emilio González, director del departamento de aviación de Miami-Dade.
Entre los principales contribuyentes de Díaz-Balart en lo que va de año se encuentran las compañías vinculadas al sector del transporte con 54.500 dólares, lo cual está dado por su posición privilegiada en el Subcomité de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. (1)
El tráfico naval a Puerto Rico es controlado por compañías como Crowley Maritime Corp, Trailer Bridge INC y Sea Star Line LLC, las cuales operan en puertos como Jacksonville, Miami y Everglades, donde existe influencia fuerte de Rutherford, Crenshaw y Díaz-Balart. Estas compañías son miembros de la Asociación Marítima Estadounidense, que actúan como poderoso grupo de presión de la industria naviera de EE.UU favorables a la Ley Jones.
También destacan entre los contribuyentes de Díaz-Balart, la Asociación de Oficiales Marítimos de EE.UU, el mayor sindicato de la marina mercante del país, que aportó 10 mil de los más de 550 mil dólares que dieron a legisladores federales durante las elecciones del 2016. (2)
Díaz-Balart es uno de los representantes que se lanzará a la reelección en las elecciones del 2018 y sabe muy bien que el apoyo de las compañías portuarias y del transporte es sumamente importante a la hora de recibir altas donaciones y mantener su puesto en el Congreso.
Con el apoyo de estos legisladores la posible derogación de la Ley Jones se obstaculiza. Además de ser un mecanismo de coloniaje para Puerto Rico provoca un incremento desmedido de su deuda externa que oscila entre los 2.800 millones y los 9.800 millones de dólares por año.
Al presidente de EE.UU y a estos congresistas poco les importa la vida y sufrimientos del pueblo puertorriqueño. Ya lo demostró Trump en su humillante visita cuando arrojó rollos de papel sanitario a un pueblo que acababa de ser devastado por el paso del huracán.
Pero el huracán peor es el que vive Puerto Rico desde hace cien años bajo el dominio y el desprecio imperial de Washington.
Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.
Notas
(1) Tomado del sitio https://www.opensecrets.org.
(2) Información en bbc.com.