La persistencia de la violencia en Nicaragua, las dilaciones en el Diálogo de Paz y los condicionamientos de última hora en las negociaciones por parte de la llamada oposición y la “mediadora” Conferencia Episcopal Nacional (CEN), hacen sospechar que está en desarrollo un plan golpista contra el gobierno Sandinista del presidente Daniel Ortega en esa nación centroamericana.
Desde el desencadenamiento de los hechos vandálicos en Nicaragua el 18 de abril pasado, que han causado muertes y daños económicos de consideración, poco o nada se ha avanzado en la búsqueda de una solución al conflicto en un país que ha resaltado por su prosperidad y su vocación pacífica.
Analistas políticos coinciden en que la débil derecha nacional y obispos de la CEN son incluso cómplices de un plan encubierto orquestado en Estados Unidos, en contubernio con la oligarquía, dirigido a destronar a la Revolución Sandinista.
Aunque la CEN ocupe la posición de “mediadora” en el diálogo entre el gobierno y sus contrincantes, y se haya pronunciado por una vía negociada al diferendo, lo cierto es que en la práctica no parece asumir esa conducta.
Los acontecimientos, específicamente condiciones de última hora expuestas al ejecutivo de Ortega y la suspensión este miércoles de las negociaciones entre las partes, ponen en tela de juicio a la CEN, que según observadores puede estar apostando a convertirse en una fuerza política de oposición en Nicaragua.
La CEN, en un comunicado, condicionó su permanencia en el Diálogo de Paz a la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, poco después de interrumpirse las conversaciones, y tras presentarse una agenda de casi 40 puntos que exige, entre numerosas demandas, el adelanto de comicios presidenciales, la no reelección, y una reforma a la Constitución.
Precisamente, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció que la referida agenda es el diseño de una ruta camuflada para un Golpe de Estado, la ruta para cambiar el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al margen del ordenamiento jurídico, y violando la Constitución y la democracia que rige en el país.
Y no deja de tener razón Moncada porque más que sospechas hay claras evidencias de que Nicaragua es hoy blanco de otra operación contra los procesos progresistas en la Patria Grande, a juzgar por el mismo modus operandi aplicado en varias naciones de este hemisferio.
Mientras el gobierno Sandinista y la mayoría del pueblo insiste en la paz, la unidad y la búsqueda de una salida negociada a la violencia, la maltrecha derecha nicaragüense alienta a los grupos vandálicos, Washington los financia, y otros ladinos tratan de ganar tiempo para obtener réditos políticos.