Aruba y Curazao son dos territorios caribeños bajo dominio (en términos de seguridad y política exterior) de los Países Bajos. Desde 1999 Estados Unidos acordó establecer en ambas islas centros de operaciones para la «lucha contra el narcotráfico».
Una publicación del sitio Tni.org indica que desde ese año había suspicacias sobre la mesa. Citan al The Washington Post, que reportó que a partir de marzo de 1999, la administración Clinton comenzó a compartir con las Fuerzas Armadas Colombianas inteligencia en tiempo real sobre las actividades de la guerrilla desde las bases de avanzada instaladas en estas islas.
En otras palabras, Estados Unidos delegó en dichas bases un uso claramente funcional a su enfrentamiento contra la insurgencia y fuerzas de izquierda. En aquel momento Estados Unidos ya diseñaba su hoja de ruta de cara al advenimiento de la revolución bolivariana ya en el poder en Venezuela.
Las bases estadounidenses en estas islas son clasificadas como «Forward Operating Locations (FOL)» y en sus inicios respaldaron el avance de la intervención estadounidense en el conflicto interno colombiano sin que Holanda pudiera influir las decisiones al respecto. Para efectos de las acciones de Washington en el Caribe, ambas islas son utilizadas a discreción plena para las operaciones estadounidenses.
Así lo señaló en un artículo de 1999 el académico Tom Blickman. Bajo el título: «Bases avanzadas de los Estados Unidos en Aruba y Curazao. Un aporte a la intervención militar en Colombia», Blickman detalló que aunque inicialmente estaba planteado que Holanda no permitiría el uso de esas bases para propósitos de intervención en la región y que sólo tendrían propósitos de lucha contra el narcotráfico, en los hechos ha tenido lugar la indiscutida pérdida de soberanía de los Países Bajos sobre sus islas y la discrecionalidad del gobierno estadounidense.
Desde entonces, las operaciones estadounidenses han funcionado como una «caja negra», sin ningún tipo de rendición de cuenta de sus actividades ante las autoridades políticas locales o de la región.
Venezuela ha denunciado en los últimos años la incursión de aeronaves que han despegado y que habrían realizado operaciones electrónicas de diversa índole.
En 2015 un avión militar del tipo DACH-8 violó el espacio aéreo del mar territorial venezolano en momentos en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detectó el «inusual» sobrevuelo adicional de otros «aparatos de inteligencia» de Estados Unidos basados en Curazao, según denunció el Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López.
En marzo de 2018 fue detectada una aeronave Boeing C17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que despegó de la base Hato, en Curazao. Padrino López denunció en esa oportunidad que la aeronave realizó una prospección y reconocimiento de la fachada Caribe de Venezuela y detalló que esa vez el avión fue detectado por el archipiélago Los Monjes en el Golfo de Venezuela, al noroccidente del país.
La evolución del uso de estas bases militares estadounidenses han apuntado a la conformación de un «arco estratégico», el cual estaría integrado por tropas de asalto, acantonadas en asentamientos de control y monitoreo de varios países de Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de realizar tareas de guerra electrónica, espionaje y concentración de dispositivos logísticos.
Las suspicacias sobre la transformación operativa de estas FOL no se han hecho esperar, siendo evidentes las intenciones que desde la Casa Blanca se han revelado en los últimos meses en efectuar una intervención militar en Venezuela para deponer al Presidente Nicolás Maduro.
En febrero de este año el Gobierno de Cuba aseguró en un comunicado que entre el 6 y 10 de ese mes se detectaron vuelos de aviones de transporte militar desde Estados Unidos hacia bases en Puerto Rico, República Dominicana y otras islas caribeñas, «seguramente sin conocimiento de los Gobiernos de esas naciones».
Estos movimientos «se originaron en instalaciones militares estadounidenses desde las cuales operan unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería de Marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países», alertó el gobierno cubano.
En efecto, la movida militar estaría camuflajeada como una supuesta «intervención humanitaria» en Venezuela y suponía un despliegue táctico para atentar directamente contra el alto mando institucional de Venezuela y desatar con ello una situación bélica de mayores proporciones.
La Habana subrayó que es «evidente que Estados Unidos prepara el terreno para establecer por la fuerza un corredor humanitario» y recordó que varios de sus altos funcionarios han dicho «con arrogancia y desfachatez que, en relación con Venezuela, ‘todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar'».
Las acciones estadounidenses en estos reductos ha sido de colocación y despliegue de pertrechos, que podrían considerarse desproporcionados para la lucha contra el narcotráfico. Entiéndase, fragatas y portaaviones.
Se presume que en las oportunidades en que ocurrieron estas colocaciones, se estaría calibrando la capacidad de desplazamiento de la fuerza aeronaval con proyección a suelo venezolano, sopesando operacionalmente las particularidades del Caribe.
Recientemente el think tank Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés), radicado en Washington, auspició una reunión privada titulada «Evaluando el uso de fuerza militar en Venezuela». El proyecto de investigación The Grayzone y el periodista Max Blumenthal dieron a conocer la lista de asistentes.
Entre las aproximadamente 40 figuras invitadas al evento off-the-record para discutir una potencial acción militar contra Caracas estuvieron algunos de los asesores en política sobre Venezuela del presidente Donald Trump.
La lista incluye antiguos y actuales funcionarios del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, junto con el almirante Kurt Tidd, quien hasta hace poco fue jefe del Comando Sur.
Además de funcionarios de alto nivel de las embajadas de Colombia y Brasil, así como de los principales representantes del gobierno paralelo del líder del golpe de Estado en Venezuela, Juan Guaidó, quienes también participaron en la reunión.
Fuente: Misión Verdad