El ejemplo lo tenemos en frente. Macri tomó medidas de ajuste, devaluó, redujo el gasto público, despidió trabajadores del Estado, aumento las tarifas de los servicios públicos y la economía entró en recesión y aumentó sustancialmente la pobreza y la marginación.
“Todas las medidas que plantean los empresarios son beneficiosas para sus intereses y contrario a los intereses de los trabajadores y de las familias en general. Quienes crean que la lucha de clases no existe pueden constatar en este documento que sí existe”
Preocupados por algunos aspectos de la coyuntura económica, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó una propuesta de varias medidas, con la aspiración que algunas de ellas se tomen en el futuro inmediato, y otras para el próximo período de gobierno. “Este es el Manifiesto del capital”
Los aspectos que le preocupan a la gremial son el estancamiento de la economía, déficit fiscal alto, incremento de la deuda y el atraso cambiario (cuya causa es el mantenimiento “artificial” del precio del dólar).
“Plantean reducir el gasto público, lo que para ellos implica la reducción de los bienes y servicios que presta el Estado a la población, pero obviamente no proponen reducir los subsidios al capital. Después se plantea reducir el atraso cambiario en el corto plazo, una devaluación, lo que implica, sobre todo en un país en el cual una parte muy importante de los salarios se ajustan nominalmente, o sea, no se ajustan con la inflación, lo que implica que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y pasivos va a ser muy importante. Y eso lo están proponiendo para ahora.
Estas medidas van en dirección contraria a los intereses populares y tendrían efectos muy negativos en los niveles de consumo de la población y en las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno.
A ellos (los empresarios) les sirve devaluar porque reciben mucho más pesos por sus dólares, pero los pesos nuestros son los mismos.
Este problema se podría tomar y discutir con plazos mayores, con medidas compensatorias que no afecten tanto a quienes tienen ingresos fijos, como los trabajadores y jubilados.
Y la única forma de resolver el atraso cambiario en corto plazo (que es lo que piden las cámaras empresariales) es devaluar.
Lo otro que plantean a corto plazo es eliminar el decreto que regula las ocupaciones y “reglamentar” el derecho de huelga.
A mediano plazo lo que proponen es profundizar una serie de medidas que comenzó tomando el gobierno actual con la reforma tributaria que aumentó los beneficios al empresariado en materia tributaria (baja del impuesto a las ganancias de 30% a 25%; tasa plana en el IRPF al capital que implica que tienen igual tasa los pequeños empresarios que los grandes capitales, los trabajadores pagan una tasa mayor cuanto más ganan; aumento del número y tamaño de las zonas francas y de los beneficiarios de la ley de promoción de inversiones, con importantes exoneraciones fiscales. Ahora, en esa misma línea, proponen reducir el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y proponen bajar nuevamente los aportes patronales (7,5%), que en Industria y Comercio ya son la mitad de lo que pagan los trabajadores (15%).
En sí, plantean que la política tributaria sea más beneficiosa para ellos. Estas medidas aumentarían el déficit fiscal que supuestamente pretenden reducir, y lo que proponen no es solo que el costo de la reducción del déficit lo paguen los trabajadores, sino que con eso, están proponiendo que los trabajadores paguen, además, por el aumento de la renta que tendrían los empresarios por la reducción de estos aportes.
Lo otro que proponen es que durante el próximo período de gobierno el Estado no pueda contratar ni un solo empleado público. En 2015 el gobierno frenteamplista comenzó a cubrir de 3 vacantes, solo 1. Lo que plantean los empresarios es no hacer ninguna, lo que implicaría un gran perjuicio a los trabajadores y sectores más desprotegidos de la sociedad. Hoy hay una cantidad de servicios estatales que no se prestan adecuadamente porque no hay personal suficiente, ni recursos materiales, para operarlos (aduanas, sanidad animal, migraciones, aviación civil, etc.). Si el Estado no provee de alternativas a servicios inexistentes o de difícil acceso en el sector privado, los trabajadores se ven resignados a no tenerlos.
“Hay un planteo de ajuste fiscal, y lo que está en cuestión es quién lo paga. Lo que plantea el capital, a través de este documento, son medidas que los favorecen a ellos”.
“La política de conciliación de clases que realizó el gobierno frenteamplista hasta ahora funcionó mientras los precios internacionales de las materias primas lo permitían; y en el período que no hay recursos descarga los costos de la crisis en los trabajadores.”
“La lucha de los trabajadores, pasivos y demás integrantes de los sectores populares debe orientarse a que el ajuste lo pague el capital, ya que fue el capital el que tuvo las mayores ganancias cuando las vacas gordas.”
Estas medidas también perjudicarían a las pequeñas y medianas empresas, que son las que viven del mercado interno. Y si se tomaran estas medidas se reduciría el nivel de actividad. El ejemplo lo tenemos en frente. Macri tomó medidas de ajuste, devaluó, redujo el gasto público, despidió trabajadores del Estado, aumento las tarifas de los servicios públicos y la economía entró en recesión y aumentó sustancialmente la pobreza y la marginación.
Fuente: Reactiva