Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.


Por Florencia Lagos Neumann

Fuente: Crónica Digital

En la Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana por el Control del abuso de drogas (CICAD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Buenos Aires entre el 8 y 10 de mayo, se suscitaron discrepancias entre países por el tema de Venezuela y el narcotráfico en la región.

Funcionarios de países como Colombia y Chile tuvieron diferencias por el incremento de tráfico marítimo de drogas en el Pacífico Sur, donde se mantiene la versión de E.E.U.U., de que Colombia ha incrementado la producción de drogas y que preocupa no puedan controlarla.

Puertas afuera salió a relucir la posibilidad de que el gobierno de E.E.U.U emita una nueva certificación en relación al tema de las drogas, que no sería del agrado de Iván Duque, y pueden haber movimientos en la Embajada de E.E.U.U en ese país para certificar que se cumplan los objetivos de la administración Trump sobre este asunto.

Contratistas y efectivos de EE.UU.

Las presiones de E.E.U.U a Colombia sobre el tema de las drogas, más allá de tener un componente electoral, también responde a la necesidad de justificar una mayor presencia de contratistas y efectivos en ese país atendiendo a que aún se sostiene la vía militar contra Venezuela, elemento en el cual el Grupo de Lima no logra un consenso.

En un marco aparte, la delegación norteamericana representada por Richard Glenn, Director Adjunto de la Oficina de Narcotráficos del Departamento de Estado; Ariadne Berchman, especialista de narcótico y Brian Morales, especialista de dicho Departamento; sostuvieron reuniones con representantes de Guatemala, Argentina y Chile, para tratar el tema de Venezuela.

Escuela, jueces y fiscales chilenos

Objetivo de la reunión era ver disposición de estos gobiernos, sobre todo de Chile, de participar en un proceso de capacitación de jueces y fiscales para establecerse en Venezuela, una vez “saquen” a Maduro del poder.

Estos jueces se prepararían en una academia que posee E.E.U.U en El Salvador, cuyas siglas en inglés son ILEA, la cual se dedica a la capacitación de jueces y policías de Latinoamérica.

Jueces y fiscales chilenos y argentinos serían los encargados de enseñar a estos jueces para impulsar el acercamiento y la capacitación a jueces y fiscales venezolanos, buscando penetrar en el sistema judicial de ese país ante un eventual cambio de gobierno.

Un poco de historia…

Después de varias décadas de «guerra contra las drogas», acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.

El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense.

Estados Unidos tiene el índice de sobredosis por droga más alto entre países de la OCDE, según un estudio. Una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.

Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.

Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. 

Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La «guerra contra las drogas» sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.

El narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas.

Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.

Especial para Crónica Digital

Por REDH-Cuba

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