Tal cual lo afirmara Evo Morales en su última comunicación pública: “el sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo… Aquí no termina la vida. La lucha sigue”.
Por Matías Caciabue y Paula Giménez
Fuente: Estrategia
Se ha consumado un golpe de Estado en Bolivia y, con esto, las derechas de la región han sincerado finalmente su total descreimiento de la democracia republicana como sistema político, el diseño institucional que en los años ochenta, tras las dictaduras del “Plan Cóndor”, estos mismos sectores edificaron-.
Fue un golpe de Estado contra Evo Morales Ayma y sus fuerzas sociales y políticas que obtuvieron más del 47% de los votos el pasado 20 de octubre, con más de 10 puntos de diferencia sobre su principal contrincante, Carlos Mesa. Esos son los mismos guarismos con los que Alberto Fernández fue ungido presidente electo en Argentina una semana después.
Desde el estallido de la crisis económica en 2008, la oligarquía financiera global y su articulación con las elites regionales dejaron de apostar a la democracia justo al mismo tiempo que los Pueblos de la región lograban consolidarla como herramienta de organización, con capacidad de otorgar niveles de reparación económica y justicia social para las inmensas mayorías de la región más desigual del planeta.
Este duro presente, caracterizado como el de una región en disputa, comenzó con:
- El golpe civil y militar de Mel Zelaya en la Honduras de 2009;
- El intento de golpe de Estado también en Bolivia en 2009 y que la rápida intervención de los países de la región y de los organismos de integración bloquearon;
- El derrocamiento jurídico-mafioso de Fernando Lugo en la Paraguay de 2012;
- El golpe continuado en Venezuela desde el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, que escaló con las guarimbas y el inicio de las sanciones económicas estadounidenses de 2015, y la guerra de carácter no convencional desde la segunda asunción de Nicolás Maduro en este 2019 (sin olvidar, por supuesto, el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003);
- El desgaste jurídico-mediático del gobierno de Cristina Fernández en 2015 y el posterior triunfo de Macri y su alianza Cambiemos (recordando también el golpe patronal agrario de 2008);
- El impeachment (juicio político)contra Dilma Rousseff en 2015, la criminalización a la militancia del Partido de los Trabajadores, y la posterior detención por probados mecanismos del “law-fare” (guerra jurídica) de Lula Da Silva, que, de estar en libertad, hubiera ganado las elecciones de 2018 en Brasil, donde finalmente se impuso el ultraderechista Jair Bolsonaro;
- Las traiciones por parte de Lenín Moreno en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador que, en ambos casos, expresan defecciones de los sectores burgueses a los programas de transformación en los que estaban inscriptos;
- Los movimientos destituyentes contra el sandinismo en Nicaragua de 2018, a pocos meses de unas elecciones donde Daniel Ortega obtuvo más del 72% de los votos tras su reelección en 2017.
Mientras, la enorme mayoría de la prensa regional “confunde” la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera con la inexistencia de un golpe de Estado. Lo cierto es que en Bolivia se ha desplegado un movimiento destituyente.
El mismo enlaza a sectores fascistas del oriente del país –“Comités Cívicos” con su líder cruceño Luis Fernando Camacho-, a las representaciones partidarias de la derecha tradicional del país –como Carlos Mesa-, a las “nuevas” derechas articuladas global y regionalmente –como Óscar Ortiz-, a las mafiosas fuerzas de seguridad interior que en el pasado, entre otros cosas, obligaron a la renuncia de ministros (vía liberación de presos), y a las cúpulas titubeantes y traidoras de las fuerzas armadas bolivianas.
Funcionarios y dirigentes del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentran delicadamente escondidos e, incluso, asilados en la Embajada de México y de otros países en la ciudad de La Paz.
Desde el 9 de noviembre, los estudios de Bolivia TV, la señal televisiva pública, fueron ocupados por radicalizados de la oposición, echando a sus trabajadores y cortando su señal. En el momento de su renuncia ante el golpe consumado -luego de haber convocado a elecciones nuevamente, apenas unas horas antes- Evo Morales denunció mundialmente la quema de la casa de su hermana, Esther Morales.
Al calor del conflicto, se multiplicaron los hechos de violencia y las amenazas sobre la vida de dirigentes políticos, de activistas de los movimientos sociales y de ciudadanas y ciudadanos, con un contenido altamente racista, atacando y criminalizando principalmente a las mujeres “de pollera”, las campesinas y originarias que protagonizan todo el proceso de organización y lucha desde las bases.
La actual coyuntura golpista tuvo un largo proceso de preparación que se denunció, incluso, se antes de concretarse las elecciones del pasado domingo 20 de octubre. Existen sospechas de maniobras de inteligencia que se realizaron en la frontera argentino-boliviana en el marco de la visita de Ivanka Trump a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dos meses atrás. Entre los miembros de la comitiva visitante estaba Mark Green, administrador de la conocida Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Lo que no se sabía era que la maniobra desencadenante provendría desde el seno del Tribunal Superior Electoral (TSE), que esa
noche de manera intempestiva y deliberada interrumpió el conteo provisorio de los votos, cuando aún no había cargas significativas de los votos de las zonas campesinas y del exterior del país, donde el denominado proceso de cambio se hace muy fuerte.
A partir de dicha maniobra, se habilitó y alimentó el asedio reaccionario. El Grupo de Lima, como brazo político de la estrategia neoconservadora que emana desde la Casa Blanca, vehiculizó sus energías en Bolivia a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo al que el gobierno de Evo Morales, quizás ingenuamente –o por debilidad en la correlación de fuerzas-, le otorgó un poder fiscalizador sobre las elecciones y sobre el proceso político general del país.
Las movilizaciones en respaldo a la revolución política, cultural y económica de Bolivia tuvieron un epicentro el pasado martes 5 de noviembre. Sin embargo, esta vez, dichas movilizaciones no lograron ser un dique de contención de la ofensiva ultraderechista.
El discurso racista, reproducido por los sectores reaccionarios y golpistas, que desciende a categoría de subhumano a todo lo indígena y lo campesino, mostraba una permanente descalificación de esas movilizaciones, horadando el armamento moral de la fuerza social que sostuvo y sostiene un proceso refundacional para el hoy aún Estado Plurinacional de Bolivia. Los ejércitos de trolls en el territorio virtual golpearon al país profundo con insultos, humillaciones, posverdad y noticias falsas.
Tras las protestas en Ecuador, la rebelión de masas en Chile, el triunfo del Frente de Todos en Argentina, la buena elección del Frente Amplio en Uruguay y la liberación de Lula Da Silva en el Brasil, la ultraderecha regional y boliviana apuraron el golpe cívico-militar-policial. Hasta el prestigioso intelectual estadounidense Noam Chomsky advirtió sobre la evidente intromisión de los organismos de inteligencia del poder angloamericano en el país sudamericano.
Mientras el Grupo de Puebla, desde Buenos Aires, preparaba una etapa política nueva para la región, que implicaría un relanzamiento efectivo del denominado ciclo progresista, la ultraderecha decidió para este domingo 11 de noviembre su batalla decisiva en Bolivia.
Así, mientras la policía profundizaba su amotinamiento y el movimiento fascista ocupaba, con su líder Camacho a la cabeza, el palacio de gobierno en La Paz, las fuerzas armadas “sugerían” la renuncia del presidente Evo Morales.
Los acontecimientos continúan en desarrollo. Lo cierto es que esta dura realidad ya no puede seguir encontrando explicaciones en las ideas del republicanismo abstracto mientras que estrategias del soft-power cortan transversalmente el territorio latinoamericano y se combinan con despliegues de hard-power en ciertas coyunturas, abriendo, definitivamente, conflictos armados de carácter no convencional (guerras de cuarta y quinta generación).
Una estrategia del caos sacude nuestra región. Mientras el golpe se consuma en Bolivia, en Chile el gobierno de Sebastián Piñera es el promotor de una acción represiva por parte de los instrumentos del Estado que, por lo menos, se han cobrado la vida de 20 personas. Ni el “Grupo de Lima” ni la OEA dijeron algo del drama humanitario que se vive en Chile, como tampoco brindan seguridades y mecanismos de pacificación y diálogo en el medio de este evidente golpe de Estado en Bolivia.
Ante nuestros ojos se edifica en Bolivia una dictadura cívico-militar que ha aplicado una fuerte censura mediática y ha empezado a detener a activistas sociales, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno.
Frente a ello, se pone en movimiento el fuerte músculo político que el Pacto de Unidad de los movimientos sociales tiene en el país y que, rápidamente, puede constituirse como vanguardia organizativa de una fuerza social que desarme esta restitución oligárquica, imperialista y conservadora.
La actual situación requiere una respuesta popular regional y global inmediata, no sólo por el deber de ejercer la más amplia solidaridad internacionalista, sino en un claro sentido de defensa propia. La iniciativa en las redes de internet para una contraofensiva de información para generar una rápida respuesta internacional contra el blindaje mediático al golpe es una tarea central.
El apoyo a las comunidades de inmigrantes de Bolivia en los países del exterior y la exigencia a los gobiernos sobre un correcto posicionamiento diplomático ante estos hechos brutales son, también, tareas urgentes.
Tal cual lo afirmara Evo Morales en su última comunicación pública: “el sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo… Aquí no termina la vida. La lucha sigue”.
* Matías Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Docente de la Universidad Nacional de Hurlingham. Paula Giménez es Licenciada y Profesora en Psicología (UNSL), Maestrando en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión (FLACSO). Ambos, investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, (CLAE www.estrategia.la).