El 11 de marzo pasado el Director General de la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la enfermedad de la COVID-19 se había convertido en pandemia. Dos días después, Donald Trump decretó la emergencia nacional en Estados Unidos donde en ese día se registraba un acumulado de 2183 casos, de los cuales 2126 se consideraban activos y 48 enfermos habían fallecido.
Para organizar el enfrentamiento a esa pandemia, el 16 de marzo Trump emitió unas directrices que en el plazo de 30 días debían poner la situación bajo control. El 26 de marzo, Trump declaró que el Dia de Pascuas (12 de abril) “reabriría amplias secciones del país”, a pesar de que ese mismo 26 de marzo, el país se había convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19 con la mayor cantidad de casos acumulados (82174). Ese mismo día, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que en la semana recién transcurrida las reclamaciones de compensación por desempleo totalizaron 3.3 millones; la semana anterior fueron solo 281mil. El registro anterior más alto había sido de 650 mil en la semana que concluyó el 2 de octubre de 1982. Para finales de abril, se estimaba que se habían perdido más de 30 millones de empleos.
(Cuando a finales de marzo se hizo evidente que la pandemia se profundizaría y extendería su efecto, convirtiéndola en un factor electoral primordial en las elecciones del 3 de noviembre, las más altas figuras del Partido Demócrata se apresuraron en cerrar filas en torno a Joseph Biden para su nominación como candidato a la presidencia por dicho partido. El 13, 14 y 15 de abril, en forma sucesiva, el senador Bernard Sanders, el expresidente Barack Obama y la senadora Elizabeth Warren –los dos últimos aspirantes a la candidatura demócrata que aún no se habían sumado a Biden y la más alta figura demócrata– expresaron públicamente su apoyo a la candidatura del exvicepresidente. El 27 y el 28 abril lo hicieron la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y quien fuera la candidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton. Con el apoyo de esas cinco figuras se consolidaba al máximo posible la candidatura presidencial de Biden y con el tiempo suficiente para ir organizando la campaña electoral presidencial, en la cual no hay dudas que va a jugar un papel fundamental el enfrentamiento a la pandemia, tanto en la vertiente de la salud como en las consecuencias para la economía).
Ante la incontestable evidencia de que, a pesar de las directivas del 16 de marzo, la sanidad y la economía del país no daban señales efectivas de recuperación, el 16 de abril Trump emitió nuevas directivas no vinculantes dirigidas a los gobernadores de los estados y a otras autoridades de instancias locales, para lograr a partir del 1ro de mayo, o desde antes de esa fecha, un retorno a la normalidad en semanas o meses, según los planes que cada gobernador elaborase. De esa forma Trump, echaba a un lado su amenaza de ejercer absoluta autoridad sobre el proceso por encima de los gobiernos estaduales, pretensión que fue rechazada por gobernadores, tanto demócratas como republicanos.
El 30 de abril, última fecha que Trump había fijado para marcar el triunfo sobre el COVID-19, Estados Unidos, ya convertido en el epicentro mundial de la pandemia, cerró con 1 095 023 casos (prácticamente la tercera parte del total mundial), de ellos 878 843 activos y 63 856 fallecidos (una cuarta parte de los ocurridos en el Mundo).
Los planes que resultaron de las directivas del 16 de abril no responderían a un patrón único; serían soluciones variopintas, de acuerdo a los criterios e interés de cada estado y en el tiempo y momentos que cada cual decidiese. Una práctica condenada al fracaso, porque las acciones responderían a intereses y criterios locales específicos, no generales. Las directivas no hacían referencia a importantes problemas que requieren de una acción consensuada, tales como los desplazamientos interestaduales o internacionales, los recursos financieros y materiales para enfrentar la pandemia, entre otros muchos.
No es posible hacer frente a este tipo de amenazas sin una visión de conjunto y una voluntad mancomunada, tal como dijera el Presidente de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel en la Cumbre Virtual del Movimiento de Países No Alineados.
Este pandemónium se exacerba porque ningún gobernador ha tomado en cuenta, al elaborar los planes de enfrentamiento a la pandemia y para la recuperación de la economía, cumplir con las indicaciones del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), particularmente la que establece como requisito previo a cualquier medida de relajar los movimientos o reanudar actividades paralizadas, que se haya producido la disminución de casos en un período de catorce días en el territorio correspondiente, realizar el número adecuado de pruebas de diagnóstico y rastrear las cadenas de contactos para detener el contagio.
Ya todos los gobernadores de los 50 estados más el Distrito de Columbia han elaborado sus respectivas ideas de carácter general. Prácticamente todos comenzarán a aplicarlos en el transcurso del mes de mayo y algunos desde finales de abril. Una minoría empezará en junio. En tres regiones del país se han alcanzado pactos entre los gobernadores para actuar de conjunto. En el Nordeste 7 estados se han unido: New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, el único gobernador republicano de ese grupo En el Medio Oeste otros 7 lo han hecho: Wisconsin, Illinois, Michigan Minnesota, Kentucky, Ohio e Indiana, los dos últimos con gobernadores republicanos. En el Oeste, 5 se coaligaron: California, Oregon, Washington, Colorado y Nevada, todos demócratas.
Ese es el momento que aparentemente ha aprovechado Trump para hacer lo que pudiera considerarse una jugada propia de un apostador ventajista: deshacerse de la responsabilidad operacional, descargándola en los gobernadores de los estados y asumiendo él, en su condición de presidente del país, el poder de decisión estratégico supremo. Al menos, esa fue la idea que hizo flotar Trump al responder una pregunta de un periodista durante un visita a una planta de máscaras médicas en Arizona el 5 de mayo: “Mike Pence y el grupo de trabajo han hecho una gran trabajo, pero ahora estamos mirando un poco de una forma diferente y esa forma es seguridad y apertura. Y probablemente vamos a tener un grupo para eso”. A la pregunta de si la misión había sido cumplida, respondió: “Nada de eso. La misión está cumplida cuando se acabe”. Horas antes, el vicepresidente Pence había dicho a los periodistas que el grupo de trabajo sería disuelto alrededor del 25 de mayo, Día de los Caídos, o a principios de junio “para comenzar la transición para que nuestras agencias vuelvan a manejar nuestra respuesta nacional de una manera más tradicional” y “como reflejo del tremendo progreso que hemos hecho como país”.
La idea no tuvo una buena acogida y al día siguiente anunció que “el grupo se mantendría indefinidamente” pero se enfocaría más hacia la seguridad y abrir el país de nuevo y las vacunas y la terapéutica.
Lo expresado por Trump implica que el Presidente se proyectará en una nueva dirección y buscará distanciarse de lo que se haga con relación a las directivas del 16 de abril, para que esa responsabilidad recaiga sobre los gobernadores, mientras que el Presidente tomará en sus manos, en un nuevo escenario, la reanimación de la economía del país y las proyecciones médicas y de seguridad de la población. Mayor protagonismo para Trump y menor relevancia para los gobernadores, quienes quedarán circunscritos al espacio territorial de sus respectivos estados.
Pero la situación puede dar un giro indeseable y complicar el actual ambiente de pandemónium. Según modelación realizada por el organismo federal Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en agosto podría alcanzarse la cifra de 34 mil muertes causadas por la COVID-19. Un modelo aplicado por un instituto de la Universidad de Seattle en Washington llega a conclusiones similares “asumiendo que se mantengan los mandatos vigentes hasta que las infestaciones se minimicen”, lo cual no se está cumpliendo. Al respecto Trump comentó “… tenemos que abrir nuestro país”. Ahí está el centro de la cuestión; el dilema de Hamlet: ser o no ser. “Cerrar el país”, salva vidas, pero daña la economía; “abrir el país” provoca decenas o cientos de miles de muertes, pero salva la economía. ¿Qué hacer? Trump prefiere salvar la economía: “lo hicimos todo bien, ahora es el momento de volver a trabajar”. Pero en eso no está totalmente solo. Todos los gobernadores, de cualquier tendencia se han sumado a la idea de “abrir la economía”. La prueba de fuego tendrá lugar en mayo.
Es en este contexto que se vienen encima las elecciones del 3 de noviembre. Se elegirá la totalidad de los 438 miembros de la Cámara de Representantes y 35 senadores, de los cuales actualmente 22 son republicanos y 13 demócratas. Además, 11 gobernadores, 7 republicanos y 4 demócratas. También miles de cargos en los estados, condados y comunidades en todo el país.
Antes de que surgiera la pandemia del COVID-19, se contaba con tiempo de sobra para organizar la campaña, pero en la práctica las restricciones al movimiento y el distanciamiento social están consumiendo esas reservas de tiempo. Ya quedan menos de seis meses para el día de la votación y todavía no existen las condiciones para el normal desarrollo de la campaña. Además, está la amenaza de una segunda oleada de enfermos.
Biden ha permanecido prácticamente encerrado en el sótano de su residencia y la única incursión de Trump fuera del Distrito de Columbia desde marzo fue la visita a una fábrica de efectos médicos en Phoenix, Arizona el 5 de mayo.
Se vive al día, con una espada de Damocles sobre la cabeza. Esta circunstancia sui generis envuelve el ambiente en una nube de especulaciones y eventualidades que entorpecen un análisis de futuro
Aún es temprano para suscribirse a un pronóstico sobre la elección presidencial pero hay fuertes indicios que habrá unos ocho estados claves para que cualquiera de los dos aspirantes pueda alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ser proclamado presidente. A continuación la relación de los ocho estados y el número de votos electorales que aportan, para un total de 120: Wisconsin (10), Michigan (16), Pennsylvania (20), North Carolina (15), Florida (29), Virginia (13), Utah (6), Arizona (11). Los tres primeros estados de la relación que en 2016 se pronosticaba que votarían por Hillary Clinton fueron los que aportaron los votos electorales que permitieron la sorprendente victoria de Trump por una ínfima cantidad de votos populares.
Fuente: Cubadebate