Sin duda las jornadas del Paro Nacional iniciado en noviembre de 2019, aunadas a las importantes movilizaciones urbanas de septiembre de 2020 y al Paro Nacional de 2021, expresan un nuevo momento histórico en Colombia. Si bien nuestro país ha sido tierra fértil para la movilización social, o como bien lo denominara el maestro Fals Borda para la subversión –entendida esta no en su mera expresión armada, sino de raigambre social- hemos presenciado un auténtico levantamiento popular inédito en la historia nacional. No solamente por su volumen, masividad y extensión por el territorio patrio, que nos remontan por lo menos al Paro Cívico de 1977, sino también por el tipo de inconformismo y su forma de expresión. El Paro de 2021, ha sido el desbordamiento ciudadano del régimen político y de todas sus ramificaciones, incluyendo partidos y grandes estructuras organizativas sociales. No es un paro acordado por pactos de cúpulas políticas, ni planeado desde jerarquías sindicales, ni mucho menos -como de forma criminalizadora lo han planteado desde el gobierno Duque- generado por “enemigos internos o externos”. Ha hecho metástasis la crisis del régimen colombiano: economía neoliberal, autoritarismo político, santanderismo, racismo estructural, depredación ambiental, pobreza desbordada, debacle sanitaria, perfidia a la paz, violencia paramilitar, corrupción y clientelismo.
La rebelión social generalizada contra esta crisis, se rebela también contra las tradicionales formas de hacer política en Colombia, pero no contra la política. Es una rebelión política, de clase, generacional y con sello étnico, como se expresa en los principales puntos de resistencia. Por ello, el reto histórico que tenemos en nuestras manos es hacer que el Paro pase de ser subversión a ser Poder. Parar para gobernar. Sin embargo, no veo que esto sea posible sin transformar de fondo muchas cosas, así mismo, tengo claro que las exigencias del Paro no caben en las vías institucionales actuales, ni pueden ser incluidas sin una renovación profunda de la llamada clase política y de la misma institucionalidad Estatal.
El pasado 27 de julio el Comité Nacional de Paro, con el respaldo de la bancada de oposición, radicó diez proyectos de ley en el Congreso para que sean tramitados en la última legislatura del mandato. Del paquete legislativo propuesto por un sector de los manifestantes se destacan la Ley de Renta Básica, la Reforma a la Policía, el Estatuto de Garantías del Derecho a la Protesta, Ley de Matrícula Cero, la Ley de Reactivación Económica de PYMES y Generación de Empleo. Cada una de estas normas representaría pasos importantísimos para la democratización integral del país, que amerita un amplio debate nacional. Desde ya ofrezco esta columna para tocar en profundidad los proyectos gestados por la movilización popular, así como de los que aún faltan[1].
Pese a los cambios sustantivos que incluyen los proyectos presentados al Congreso, quedan sin dudas vacíos importantes frente a problemáticas que están en el centro de la movilización callejera de este año: la alternativa al régimen de salud de la nefasta Ley 100, la protección ambiental ante el capitalismo salvaje, las deudas legislativas con el traicionado Acuerdo de Paz empezando por la postergada reforma rural integral, y claro está la propuesta de un auténtico sistema tributario social y redistributivo que fue la chispa misma del Paro. Incluso, en una lectura más profunda de la protesta, sus protagonistas, y sus exigencias, este levantamiento popular exige una radical reforma política, porque claramente las mayorías que se han volcado a las calles no están representadas debidamente, ni tienen acceso al ejercicio político en el sistema actual. También se torna apremiante una Amnistía Social, para el creciente número de prisioneras y prisioneros políticos judicializados, muchos de ellos y ellas, irregularmente, por su participación en las protestas.
Si los monólogos de los delegados del Gobierno con el Comité de Paro no iban a ninguna parte, basta con ver la agenda legislativa mínima ya radicada para darnos cuenta que el curso en el actual Congreso tampoco dará satisfacción a las justas reivindicaciones de esta rebelión social. Esto, a pesar de que se trata de propuestas razonables, que, sin embargo, han sido negadas sistemáticamente por el legislativo y el actual régimen. Así entonces, el camino de las reformas necesarias en un parlamento como el actual ya está signado en lo ocurrido durante el llamado fast track con las normas del Acuerdo de Paz: filibusterismo parlamentario, acumulación con proyectos de la bancada de gobierno, modificaciones que hacen peor la reforma que la norma existente, “mamadera de gallo” y trampas para agendarlas en el orden del día, ruptura de quórum en sus debates y votaciones, de forma tal que si alguna sobrevive a esta andanada, se hunde con voto negativo de las mayorías gobiernistas o debido a que se le vencen los términos de la legislatura. Mientras tanto, Duque y sus ministros aceitan la mermelada para aprobar en su último año el paquetazo económico de cierre, buscando hacer retrogradar lo ganado por el Paro Nacional. Estamos ante un Congreso de espaldas a la calle, de espaldas a la ciudadanía, a su movilización y exigencias.
No se trata de ser pesimista, sino de comprender que las reivindicaciones del Paro no caben en la Ley 5. Se tiene que construir una estrategia conjunta, desde abajo, democrática y participativa, con todas las expresiones partícipes del Paro Nacional -y muy especialmente con aquella ciudadanía no representada- para hacer palpables las exigencias de la protesta. Inevitablemente se requieren reformas legales –y constitucionales diría yo-, pero para conquistarlas no hay que atenerse al trámite formal en el actual Congreso. Hay que darle continuidad a la movilización, garantizar la efectiva representación de todas y todos los manifestantes en este proceso, y ganar la voluntad de las mayorías para lograr estos cambios, que exigen virar el rumbo neoliberal y autoritario de los últimos gobiernos, y reemplazar a las actuales mayorías de la dirigencia política. No son posibles mayores cambios sin este horizonte de renovación estructural.
A la consigna sentida de Parar para Avanzar, le debe seguir la de Parar para Gobernar. Para que el Paro gobierne, el primer paso es que se asuma y enriquezca colectivamente su agenda de gobierno, que se convierte en la base para un proyecto alternativo. Los proyectos legislativos radicados son un buen inicio de este debate, para el que convoco a todos y todas a aportar, poniendo a disposición este espacio semanal. Hay que construir no solo el qué de la agenda de gobierno, si no el cómo. Definir al mismo tiempo tanto el contenido de los cambios que se requieren para cumplirle a la rebelión social del Paro, como los mecanismos para hacer posibles dichas transformaciones para esta generación de jóvenes que está entregando su vida en las calles. El paro nos da la base de la agenda de un nuevo gobierno. El paro también nos da la ruta para construir ese gobierno y esos cambios.
***
[1] Un resumen de los 10 proyectos de ley radicados y acceder a su articulado se encuentra en : https://ail.ens.org.co/noticias/conozca-los-proyectos-de-ley-que-presento-el-comite-nacional-de-paro-en-el-congreso/