Un aire de bonanza ha empinado las proyecciones de la corporación Exxon Mobil, que obtuvo en cerca de 414 mil millones de dólares en 2022, ingresos inéditos en su historia, que representan un 44,8% más que el año precedente y un incremento gigantesco si se compara con su crisis de 2020, cuando sus pérdidas llegaron a poner en jaque su lugar en la bolsa de valores. Asimismo, de la mano de esa corporación estadounidense, se dice que Guyana podría convertirse “en el país que produce más barriles de petróleo por habitante en el mundo, superando a Kuwait, en ese caso, al medir la riqueza per cápita de sus 800 mil habitantes, pasaría a ser un país rico, pues en 2021 su PIB se incrementó en un 57,8% y en 2022 en un 37,2%”.
No obstante, en ambos casos, la bonanza proviene principalmente de la explotación petrolera y gasifera que esa corporación y país han activado en la región Esequiba en controversia e incluso en aguas venezolanas. Se trata de un territorio y mar que Inglaterra ambicionó desde el Siglo XIX, ulteriormente Estados Unidos lo colocó en el eje de la doctrina Monroe y ahora esta desplegando una embestida conjunta con sus corporaciones, buscando legitimar una situación de ‘hechos cosumados’ que se ha intensificado desde 2015.
Se trata de una incursión multiforme, pero con la modalidad invariable de “licencias” otorgadas por Guyana, principalmente a la corporación estadounidense Exxon Mobil, pero también a la Chevron, que registra igualmente importantes ingresos por esa arremetida. Otras corporaciones como la española Repsol o la británica Tullow, reportan pingües réditos por proyectos upstream en el Alto Esequibo.
Con las facilidades otorgadas por la liberalización económica, las corporaciones privadas han multiplicado sus dividendos, es más, además de la conocida habilidad de las transnacionales para eludir la fiscalidad de los países, estos terminan ‘indemnizandolas’ a través de exenciones adicionales en zonas francas, de modo que las corporaciones recuperan su inversión en menos de 5 años y pasan a percibir ganancias netas, por lo general de hasta el 80 % de los beneficios, mientras los países productores apenas colectan el saldo.
En el caso de Guyana, apenas el 25% de los beneficios se quedan en el país y se evidencia una irrisoria redistribución de ese ingreso, al punto que en 2019 su índice de desarrollo humano fue el más bajo de Sudamérica, a la vez, la pobreza extrema atañe al 35.1% de la población, mientas el índice de emigración alcanza un 55% y hasta el 80% de personas con estudios superiores vive fuera del país. A todas luces, “la creación de un entorno económico liberal, basado en normas” y la cesión de soberanía de Guyana beneficia principalmente a las corporaciones estadounidenses y a otras empresas transnacionales.
En esas condiciones, la ExxonMobil ha llegado a asumir como propio el litigio territorial que Guyana mantiene con Venezuela y también con Surinam, pues en el primer caso, una política energética soberana obliga al Estado a operar en función del bien común y no en base a los intereses corporativos. Eso explica la movilización comunicacional, jurídica y política que posiciona la entelequia de que Venezuela quiere confiscar hasta dos tercios del territorio Guyanés.
Las cosas han ido tan lejos en el posicionamiento de ese relato, que Guyana ha acudido a la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, para deslindarse del reconocimiento de la controversia limítrofe existente y eludir el imperativo del consentimiento de ambas partes para delinear los mecanismos de resolución, como está consignado en el Acuerdo de Ginebra, al contrario sustenta la vigencia del ‘Laudo de Paris’ (1899), impulsado por William McKinley, presidente estadounidense de la época, sin la participación de Venezuela. Aún mas, Guyana intentó que la CIJ se inmiscuya en la política interna venezolana y suspenda la consulta popular que ese país ha convocado para que el pueblo se pronuncie sobre esta problemática, la CIJ no lo hizo, lo que constituye una ganancia para la soberanía.
Por su parte, Venezuela aduce que este no es solo un asunto de soberanía nacional y energética sino una problemática que atañe a la geopolítica regional, toda vez que involucra de modo directo la pretención de hacer prevalecer los intereses corporativos frente a la certificación histórica de un Estado. Según el presidente venezolano, Nicolas Maduro, “…más que Guyana, son la Exxon Mobil y el Comando Sur que pretenden tomarse el mar que le pertenece a Venezuela”, de ahí su llamado al dialogo al vecino país.
La Exxon Mobil, corporación emblemática de Estados Unidos, con los ojos puestos en unas reservas de unos 11.000 millones de barriles de petróleo, abundante gas y ecosistemas con alta proyección para la producción de energías limpias, ha asumido como suya la estrategia de judicialización que ha emprendido “Guyana”, entre las evidencias figura el pago de unos 15 millones de dólares para la defensa jurídica de Guyana.
Es un caso de interés regional, entre otros, porque pone en evidencia los escenarios de disputa entre la tesis del poder corporativo: el “orden internacional basado en normas” frente a a legislación internacional y la legitimidad histórica, de cuya fuente Venezuela sustenta su defensa. Estados Unidos, perdón Guyana, está llevando esta decisión a un escenario de hechos consumados y no a la resolución de derecho internacional, a sabiendas de que en los llamados tribunales de arbitraje, que son instancias creadas por las corporaciones para coaxionar a los Estados, las corporaciones ganan el 90% de veces. Según el historiador venezolano Omar Hurtado, en 1899 el arbitraje se hizo entre potencias, sin Venezuela. Y sin Venezuela, el Laudo de Paris otorgó a Gran Bretaña (ahora Guyana) el 90% del territorio en disputa, sin la concurrencia de elementos jurídicos probatorios.
Latinoamérica epicentro de una “nueva” geopolítica petrolera
Proyecciones empresariales especializadas hablan de una nueva geopolítica petrolera para 2028, en cuya cúspide figuran: Brasil (Presal), Guyana (Esequibo) y Argentina (Vaca Muerta) en ese orden, a la vez que vaticinan un relegamiento de México, Venezuela, Ecuador y Colombia, aduciendo la disminución de su producción, como también la gestión a través de empresas públicas comprometidas con la economía nacional y no con una transnacionalización apátrida en beneficio de las corporaciones. En todos los casos, el epicentro de esa prospectiva petrolera es latinoamerica y el Caribe.
El historiador Pedro Calzadilla interrelaciona el laudo arbitral de Paris (1899) con el despunte de la aplicación concreta de la doctrina Monroe (1823), en tanto la formula del laudo arbitral y la demostración de fuerza militar estadounidense, no sólo marcó la exclusión de Europa, sino que definió la zona hemisférica que Estados Unidos considera hasta ahora como su área de influencia: “América para los Americanos”. Este hecho, evidencia que con la doctrina Monroe, despuntó la consolidación del proyecto geopolítico estadounidense para erigirse como hegemón.
Este enfoque del hecho es muy relevante ahora, cuando se evidencia la maduración de la interrelación entre el poder corporativo y el proyecto militar de Estados Unidos, que actúan como articuladores del proyecto de restauración del capitalismo. Justamente, en el caso de la Guayana Esequiba la Exxon Mobil entra sin mediaciones en la disputa territorial, además la arremetida iniciada en 2015 coincide con una ofensiva de presiones económicas, principalmente la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos inflige a Venezuela.
Desde hace 140 años, la ahora llamada Exxon Mobil crece a través de un proceso de fusiones monopólicas, en cuyo caminar figura la Standard Oil Company (1870) creada por Rockefeller y asociados. La historia de esta corporación está estrechamente relacionada con la de su país sede, más aún, surge como una pieza del poder estadounidense, Steve Coll, autor de Private Empire: Exxon Mobil and the American Power (2013) enfatiza en que estas son dos piezas indivisibles de un todo: «Es un Estado empresarial dentro del Estado americano que tiene sus propias reglas de política exterior» y un proyecto de controlar los recursos energéticos a escala mundial.
Esa asociación es perceptible en distintos episodios estratégicos tales como las incursiones militares cometidas por Estados Unidos, en Iraq por ejemplo y de manera más amplia en Oriente medio, la ExxonMobil resultó ser el máximo proveedor del Pentágono (1999 – 2005). También, en las proyecciones energéticas que el país norteamericano exhibe, esta corporación aparece incluso entre las más importantes para el manejo en curso y futuro de energías limpias, aún si su campo de especialidad es la explotación de combustibles fósiles. No obstante, aún en el contexto de las transiciones energéticas planteadas, se estima que la demanda de crudo tiene significativas proyecciones económicas futuras. Según la AIE, hacia 2028 la producción petrolera global se incrementará en un 5.8 millones de barriles diarios y una cuarta parte de la oferta será latinoamericana.
La Exxon Mobil, es conocida como autora de los más emblemáticos desastres ecológicos, así como por su postura negacionista del cambio climático e incluso por acusaciones de manipular informaciones sobre riesgos climáticos y afectar a inversionistas. También ha sido indicada por su relación privilegiada con el gobierno, según OMAL “La historia de esta corporación petrolera que forma parte del Complejo Militar Industrial Financiero y Comunicacional norteamericano, es una historia que está cargada del despojo, evasión de impuestos, la injerencia, las agresiones al medio ambiente y las violaciones sistemáticas del derecho internacional, además está íntimamente ligada a al Departamento de Estado y los sectores de ultraderecha norteamericana”. Y, ese es el perfil del entorno de actores geoeconómicos que maniobran para consumar una apropiación territorial de gran magnitud en la región latinoamericana y caribeña.