Una nueva campaña internacional gana fuerza, solicitándole al presidente Joe Biden que en los últimos días de su gestión al frente de la Casa Blanca retire a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Paradójicamente, la administración Biden anunció el pasado mes de mayo que Cuba no está incluida en su reporte del año 2023 sobre los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.
Más allá del absurdo, la inclusión de Cuba en estas listas desconoce la propia historia de agresiones terroristas de las cuales esta ha sido víctima y genera importantes consecuencias para el desarrollo económico y social del país.
Terrorismo contra Cuba
Desde el triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 los Estados Unidos, a través de la CIA y otras agencias, han sido los principales impulsores del uso de métodos terroristas y de guerra sucia para desestabilizar al país. En fecha tan temprana como marzo de 1960, el entonces presidente Dwigth D. Eisenhower aprobaba un Programa de Acción Encubierta, diseñado para desestabilizar y derrotar a la Revolución.
Uno de los resultados más visibles de este programa fue la fallida invasión por Playa Girón, que llevó a Kennedy a aprobar, posteriormente, la denominada Operación Mangosta, que implicaba una escalada en toda regla de las operaciones contra Cuba.
Prueba de la importancia dada por los Estados Unidos a estas operaciones son no solo los millonarios fondos dedicados a lo largo de años para promover acciones terroristas en la isla, sino también que la propia CIA creó, dentro de su División del Hemisferio Occidental (WH por sus siglas en inglés) una rama, denominada WH-4, con la misión especial y única de derribar el gobierno cubano y establecer uno más afín a los intereses norteamericanos.
De forma sostenida durante más de seis décadas los Estados Unidos han apoyado y subsidiado un amplio repertorio de operaciones, que van desde lanchas piratas, robo de embarcaciones y aeronaves, incursiones de grupos o individuos armados en el territorio nacional, atentados a los principales líderes de la Revolución hasta la organización y financiamiento de la contrarrevolución, quema o destrucción de objetivos económicos, introducción de enfermedades, etc. Destaca particularmente el apoyo y la impunidad garantizado a notorios terroristas como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, responsables entre otros crímenes del atentado contra el Vuelo 455 de Cubana de Aviación en octubre de 1976, donde murieron 73 personas, muchos de ellos jóvenes del equipo nacional juvenil de esgrima que regresaban al país luego de haber ganado todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese año.
Un cálculo humano estimado del costo humano de las acciones terroristas patrocinadas contra Cuba arroja la escalofriante cifra de 3478 víctimas mortales y 2099 personas con discapacidad como fruto de dichas acciones. A esto se pudieran añadir los números del Bloqueo norteamericano, que es sin dudas una agenda terrorista encaminada a rendir al pueblo cubano por hambre, enfermedades y desesperación.
Consecuencias de una lista espuria
Cuba fue incluida por primera vez en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado norteamericano en 1982, por presuntos vínculos con el terrorismo internacional y apoyo a grupos “violentos” de América Latina. Era una forma de chantaje y castigo por la solidaridad internacional que brindaba Cuba a la Revolución Sandinista en Nicaragua y a la lucha de Angola contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, además de otros movimientos revolucionarios.
La presencia en esta lista se renovó hasta que en 2015, Barack Obama, como parte de su política de acercamiento, retiró al país de la lista. Aunque Obama perseguía los mismos fines por otros medios, esta acción fue percibida por Cuba como un gesto de justicia histórica y de reconocimiento del papel de la isla en la lucha contra ese flagelo. En enero de 2021, Donald Trump, en sus últimos días como presidente, volvió a colocar al país en la infame lista.
Los efectos más visibles de dicha lista residen en la presión adicional que ejerce el gobierno norteamericano sobre los socios comerciales de Cuba para que se retiren o reduzcan sus niveles de actividad económica en el país, bajo la amenaza de sanciones. Dificulta también las importaciones y acceso a fuentes de crédito, esenciales para reactivar la economía nacional golpeada por una fuerte crisis, resultado de la pandemia, el bloqueo recrudecido y las deficiencias de la política económica interna.
Esta designación crea también importantes obstáculos para cualquier forma de entrega de ayuda humanitaria. Limita a los negocios estatales y privados a la hora de abrir cuentas bancarias en el extranjero, el uso de pasarelas internacionales de pago, acceso a empresas fintech y de banca digital, etc. Además de obligar al país a recurrir a proveedores y mercados cada vez más lejanos, lo cual encarece los costos de importación y exportación y golpea los ciclos productivos cubanos, incluso en cuestiones claves como la producción de medicamentos.
Fuente: Cuba en Resumen