Con su peculiar lenguaje de ‘estadista’, el pasado 8 de marzo el procaz inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó que de manera “servil” varios líderes extranjeros lo habían buscado para “besarle el trasero” con el fin de negociar una baja en los aranceles que entraban en vigor el día siguiente. Prototipo del narcisista maligno, tras su regreso a la Oficina Oval, en solo tres meses Trump ha superado los estándares mafiosos de su primer mandato. Es cierto que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos han utilizado métodos gansteriles, y algunos, como dijo Noam Chomsky, si se aplicaran los principios de Núremberg, habrían sido colgados como criminales de guerra. Pensemos, por ejemplo, en Harry Truman, quien ordenó arrojar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que caracteriza a Trump, es que él lo hace de manera abierta y brutal, en fuerte contraste con los modos más pulidos y sutiles de sus antecesores apegados a la “política del gran garrote”, el famoso epígrafe imperialista de Theodore Roosevelt: “Habla suave, carga un gran garrote y llegarás lejos”.
En ese marco, el perfil corrupto y proto-delincuencial del secretario de Estado, Marco Rubio, parece peccata minuta. La doble moral del oportunista exsenador republicano de la Florida, quedó exhibida cuando mutó de principal instigador, chantajista político y cabildero −junto al exsenador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, sentenciado a 11 años de prisión por delitos de soborno, extorsión, conspiración y obstrucción de la justicia− a favor de fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para la subversión y las políticas de cambio de régimen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, a recortar esos presupuestos y defender la política exterior de Trump.
Exponente de los halcones del Partido Republicano −en conflicto con el movimiento MAGA (acrónimo en inglés de “Haced grande a Estados Unidos otra vez”), representado por el enviado especial de Trump, Richard Grenell−, las prioridades de Rubio están centradas en la migración irregular a EU; frenar la influencia de China en la región latinoamericana y caribeña, y ejercer la diplomacia coercitiva en función de dos objetivos declarados de su jefe: “recuperar” el control del canal de Panamá e imponer aranceles “secundarios” de 25% (tarifs) a los países que compren hidrocarburos a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Para ese último objetivo −dirigido a convertir a Venezuela en un teatro de operaciones para la contención hemisférica de China−, en consulta con los secretarios del Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional, Rubio podrá hacer un uso discrecional de la orden ejecutiva suscrita por Trump el 24 de marzo pasado.
Según señaló Daniel Flatley en un artículo en Bloomberg, los aranceles secundarios son una nueva “táctica económica” inventada por Trump, dirigida a lograr sus objetivos de política exterior e interior. En rigor, como dice el medio web venezolano Misión Verdad, apunta a convertirse en una nueva herramienta de intimidación y presión con el objetivo de “inhibir, limitar u obstruir” las relaciones comerciales de empresas extranjeras con PDVSA, en búsqueda de cristalizar el mismo efecto de “cerco y aislamiento” que tendría la suspensión de las licencias específicas a socios de la industria energética venezolana como Repsol de España, Eni de Italia, Maurel and Prom de Francia y Reliance de la India, entre otros.
Adolescencia con olor a mota
Con su orden ejecutiva, dirigida en esencia a socavar la relación estratégica entre Venezuela y China −en particular, la cooperación energética−, Trump le ha concedido a Rubio un arma propia para avanzar en su campaña de medidas destructivas contra la revolución bolivariana. En su papel de árbitro, Rubio será ahora el último decisor discrecional de los eventuales aranceles a aplicar a otros países. Ergo, tiene una palanca “legal” para intentar reconducir el enfoque de la segunda administración Trump hacia su anhelada “máxima presión”.
Para ello, junto con las nuevas medidas para presionar el sector energético venezolano, Rubio intentará potenciar la recuperada narrativa del primer mandato trumpista, que como admitió en sus memorias el exsecretario de Defensa de EU, Mark Esper, fue fabricada con fines geopolíticos para justificar medidas coercitivas e impulsar el cambio de régimen en Venezuela: la que asocia, sin bases ni pruebas, el presunto vínculo del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
En particular, los supuestos nexos entre el Palacio de Miraflores y el grupo criminal Tren de Aragua, reconocido por Washington como una “organización terrorista internacional”, en el marco de una estrategia de criminalización tanto del Estado como del gentilicio venezolano, lo cual ha sido instrumentalizado con fines persecutorios y judiciales contra migrantes en Estados Unidos, quienes en medio de un gran montaje propagandístico y con base en la Ley de Enemigos Extranjeros de ¡1798!, prevista para tiempos de guerra, fueron secuestrados y trasladados ilegalmente al campo de concentración Cecot, que administra Nayib Bukele en El Salvador.
No deja de resultar paradójico, que Marco Rubio, quien se hace eco de las versiones del FBI, con base en fuentes anónimas e incomprobables, sobre el inexistente y prefabricado “Cártel de los Soles”, resucitado y presentado ahora, junto al Tren de Aragua, como una prioridad de seguridad nacional, haya estado vinculado, él mismo, a un episodio familiar que le ha acompañado a lo largo de su carrera política: en 1987, en el marco de la “Operación Cobra”, su cuñado, Orlando Cicilia, casado con su hermana Bárbara Rubio, fue detenido y condenado a 25 años de prisión por conspiración para distribuir cocaína y mariguana, además de pertenecer a la organización criminal del cubano-estadunidense Mario Tabraue, implicada en la muerte de un informante federal, así como el soborno de varios oficiales de policía de Miami.
En ese momento, Marco Rubio, con solo 16 años, era un estudiante en el South Miami High, y según documentos obtenidos por el periódico Miami New Times y difundidos por Univisión Noticias el 27 de octubre de 2016, vivía con sus padres, Mario y Oria, y su hermana Bárbara, en la misma casa donde Orlando Cicilia manipulaba la droga.
Rubio y el escándalo de David La Trampa Rivera
Partidario de la política de “máxima presión” contra el gobierno de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Trump, Marco Rubio está involucrado en el despojo y robo de activos de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos, en los que figuran, también, el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Banco de Inglaterra y la petrolera Exxon Mobil, como parte del entramado político que, avalado por la Unión Europea, dio legitimidad internacional al espurio gobierno fake de Juan Guaidó.
Según han ventilado medios del sur de la Florida, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, sistema tributario estadunidense) y el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE), han estado recibiendo información de una fuente en CITGO, que vincula a Marco Rubio y a su viejo amigo y correligionario político, el excongresista cubano-americano David Rivera, con actos de corrupción asociados al corporativo. Sin embargo, figuras influyentes del Partido Republicano en Florida han estado bloqueando la investigación del Departamento de Justicia contra ambos.
Los nexos entre Rubio y Rivera se remontan a 1992, cuando oficiaron como voluntarios en la campaña de Lincoln Díaz-Balart, quien representaría a un distrito en el Condado Miami-Dade durante 18 años. Eran los días en que florecía la industria de la contrarrevolución cubana en el estado de la Florida, y gracias a su relación con Mario Díaz-Balart, Rivera pudo trabajar para la Oficina de Radiodifusión de Cuba (Radio Martí) y como contratista de la USAID.
Incluso, más allá de la política, las finanzas de Rivera y Rubio se entrelazaron en el sector inmobiliario, cuando, en 2005, compraron una casa unifamiliar en Tallahassee, que usarían como vivienda y base para sus actividades políticas con la comunidad cubano-estadunidense. Según el programa CodigoAbierto360° del sur de la Florida, en los días en que Marco Rubio fue elegido representante estatal, ambos ya eran conocidos como el “Binomio de oro”, y en particular, Rivera, en su trabajo como cabildero, recibió el mote de “El Ejecutor” de las órdenes de Rubio y también como “David La Trampa”.
Luego de que en mayo de 2020 The New York Times publicara datos sobre la querella de CITGO contra la firma Interamerican Consulting Inc., de David Rivera, por incumplimiento de contrato por sus servicios de cabildero, salió a la luz pública que el FBI y el Departamento de Justicia los estaban investigando a ambos.
Después, de octubre de 2020 a abril de 2021, un denunciante que pidió acogerse al programa federal de protección a testigos, proporcionó información vía email a Christopher J. Woehr, Little Duane y Claudia Mulvey (FDLE) y George Stephan (agente especial del Departamento del Tesoro encargado de investigaciones criminales del IRS), sobre montos de transacciones irregulares y presunto lavado de dinero desde CITGO, a través de Luisa Palacios (miembro de su junta directiva), a bancos en Suiza, Austria, Hong Kong y México, y a cuentas pertenecientes a David Rivera, Diana Rivera McKenzie (hermana de David) y Esther Nuhfer (vinculada a Rubio) en el Chase Bank de Miami Dade.
Parte de las transferencias se realizaron en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178, sede de Interamerican Consulting Inc., la firma de servicios de consultoría estratégica donde tenía su hogar David Rivera. Entre 2017 y 2020, la mayor parte de las transferencias fueron realizadas a cuentas bancarias de Viviana Bovo, quien utilizaba su nombre para encubrir a su jefe, Marco Rubio, entonces muy influyente senador de Florida, que en 2016 había sufrido una humillante derrota ante Donald Trump en las primarias presidenciales del Partido Republicano.
Según la fuente del IRS y el FDLE de Florida, Rubio había acordado con Rivera hacer lobby para obstruir una investigación iniciada por el Departamento de Justicia contra CITGO, por posibles violaciones que incluían lavado de dinero, fraude postal, fraude electrónico y otros crímenes que incluyen la Ley Rico y otras leyes federales.
El informante dijo ser testigo de que cuando David Rivera estaba en la central de CITGO en Houston, Texas, se comunicaba en forma permanente con el senador Rubio, y sugirió una investigación de su teléfono móvil. También aseguró que Gina Coon, tesorera de la compañía, tiene documentos, emails, mensajes de WhatsApp y audios que confirmarían las operaciones fraudulentas entre Rivera, Rubio y sus allegados. https://mega.nz/file/aFcCSZ6b#rrFrnvM_4clfVrK908TX2e7LviBrcDRDofw68yP4KVY
Según el medio CodigoAbierto360°, a instancias de David Rivera, Marco Rubio gestionó el encuentro de Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano prófugo Leopoldo López, con el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence, el 16 de febrero de 2017. Entonces, Rivera financió la estadía de Tintori en Washington DC.
Rivera fue arrestado en Atlanta, Georgia, en diciembre de 2022, acusado por la fiscalía de varios cargos, incluido el de haber trabajado ilegalmente como “agente extranjero” (Ley FARA). La acusación hace referencia a un cierto “Senador 1” por el estado de Florida, que ese año sólo tenía dos senadores federales: el exgobernador Rick Scott y Marco Rubio, el compinche de Rivera. Apenas el 29 de marzo de 2025, Venezuela New difundió que Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo, en Texas, afirmó que, como senador, Marco Rubio recibió dinero corrupto de la Fundación Simón Bolívar de CITGO, que manejaba Guaidó. Y lo acusó, además, de ser lobista de la ExxonMobil.
Rubio, los Navarro y los negociados del Covid-19
Pero no sería ese el único escándalo en torno a Marco Rubio. El 24 de julio de 2024, El Nuevo Herald de Miami reseñó una demanda del Banco de la Reserva Federal de San Francisco contra Benworth Capital, cuyo fundador y presidente ejecutivo, Bernie Navarro, había recibido apoyo del senador republicano Marco Rubio en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia del Covid-19.
Según el diario miamense, Benworth Capital aprobó más de cuatro mil millones de dólares de los préstamos federales condonables, creados para mantener a flote a las pequeñas empresas durante la pandemia, lo que le reportó a Navarro más de U$S 680 millones de dólares de ganancia en comisiones.
La demanda del Banco de la Reserva Federal señalaba que Benworth había incumplido el contrato mediante el cual, su filial de San Francisco, le había proporcionado el dinero que usó para conceder sus préstamos PPP, y que, además, la firma había trasferido de manera fraudulenta la mayor parte de sus fondos de la Florida a una nueva filial en Puerto Rico, que pertenece en un 99% a Claudia Navarro, lo que dejó a la matriz en Miami “en incapacidad de pagar sus deudas de vencimiento, insolvente y con capital inadecuado”.
De acuerdo con la demanda, Bernie Navarro fue acusado en el pasado de trasladar activos a su esposa para evitar el pago de deudas. Asimismo, señala que entre 2021 y 2024, Benworth le pagó más de U$S 49 millones de dólares en forma de dividendos a su presidente.
En su reportaje, El Nuevo Herald consignó que los Navarro eran “amigos desde hace mucho tiempo” del senador Marco Rubio, y que a lo largo de los años Bernie Navarro fue uno de los principales recaudadores de fondos de varias nominaciones del político republicano. Incluso, reportó que la pareja organizó un evento para Rubio en su casa de Coral Gables antes de su fallida candidatura a la nominación presidencial en el ciclo electoral de 2016.
En otro despacho del 6 de agosto de 2024, El Nuevo Herald reveló que Rubio había apoyado, en 2021, un intento de Benworth y otros dos prestamistas de Florida para convencer a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de limitar lo que debían a una empresa de tecnología llamada Womply, a la que los agiotistas habían contratado para ayudar a automatizar la aprobación de más de U$S ocho mil millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina. Rubio, señaló el medio, había sido el arquitecto del programa de ayuda para pequeñas empresas, y cuando intercedió por su amigo ante el SBA, no primó solo su amistad: Benworth le había prestado U$S 850 mil dólares a principios de ese año, lo que podría configurar, digamos… un problema ético.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.