Luego de burdas presiones y manipulaciones, Estados Unidos logró la elección como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la disidente cubana Rosa María Payá. Para lograr esto, el subsecretario del Departamento de Estado, Chris Landau, fue enfático en el 55 período de sesiones de la OEA, en St. John, Antigua y Barbuda, respecto a la actitud vigilante de la administración Trump con esta organización y su consideración respecto a que la OEA “no hace nada sustancial contra las dictaduras en América Latina”.
La candidata trumpista viene, entonces, a “subsanar este error”. El apoyo del gobierno norteamericano fue clave para cambiar los patrones de votación en favor de una persona totalmente desconocida en el medio diplomático interamericano y sin ninguna experiencia en la tarea y los temas que le tocaran desempeñar.
Cabría entonces la pregunta ¿quién es esta candidata tan enfáticamente y activamente impulsada por el Departamento de Estado norteamericano?
Aunque con un cierto reconocimiento en el ámbito de la política anticubana, Rosa María Payá es bastante desconocida a nivel regional. Es hija del opositor Oswaldo Payá, quien en su momento impulsó una muy publicitada acción bajo el nombre Proyecto Varela, la cual le ganó un cierto prestigio entre la contrarrevolución, particularmente fuera de Cuba.
Rosa María Payá estudió física en la Universidad de La Habana y completó varios programas de estudio en la Universidad de Georgetown. Es también máster en administración por la Universidad de Columbia. En 2015 fundó la iniciativa Cuba Decide, siguiendo la estela política de su padre, fallecido en 2012. También es directora ejecutiva de la Fundación para Democracia Panamericana y fue presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
Su actividad política ha estado asociada, en lo fundamental, a la denuncia de Cuba y las supuestas violaciones de derechos humanos de la isla en numerosos foros internacionales, muchas veces con apoyo político y económico del gobierno de los Estados Unidos. Su organización también ha sido denunciada en varias oportunidades por recibir fondos de la NED y de la USAID.
Ella es parte orgánica de la agenda subversiva y anticubana de Washington. Su presencia en la CIDH, que nunca ha sido un órgano particularmente pro Cuba, implica, sin dudas, una escalada de esta agenda. Pero también en contra de otros proyectos progresistas en la región, ya que Rosa María Payá, al igual que un importante sector de cubanos contrarrevolucionarios, es profundamente orgánica a la lógica imperial norteamericana y a su hostilidad a cualquier gobierno de izquierda. Por esta sumisión, ha recibido numerosos premios y apoyo de múltiples organismos e instituciones que hacen parte del entramado de dominación política y simbólica del capitalismo norteamericano.
La CIDH ha sido por sí misma una herramienta de subversión. Entre sus ataques contra gobiernos progresistas y de izquierda solo en los últimos cinco años, podemos mencionar el Informe publicado en enero de 2025 sobre Venezuela, acusando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de prácticas de “terrorismo de Estado”, asesinatos, torturas, desapariciones, etc., sin presentar pruebas concluyentes de ninguna de estas acusaciones. Por contraste, en el propio 2025, en un informe sobre Perú, con pruebas abundantes de las acciones del gobierno desde el golpe de estado al presidente electo Pedro Castillo, la CIDH se limitó a “exhortar al gobierno” a “abstenerse” de aprobar leyes que “otorguen amnistías por graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, la CIDH concluyó en 2023 que la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá en un accidente de tráfico en 2012 fue un asesinato por parte del estado cubano. La investigación se llevó a cabo con información aportada fundamentalmente por la familia, testigos e “informes de peritos independientes”, todas fuentes políticamente motivadas y que no aportaron ninguna evidencia contundente, lo cual, por supuesto, no evitó un fallo de naturaleza esencialmente política.
La CIDH también ha atacado en múltiples oportunidades a proyectos como el de Honduras y Nicaragua, dando una clara idea del sesgo que predomina al interior de esta estructura. Sesgo que con la presencia de Rosa María Payá no hará más que acentuarse, como lo indican sus declaraciones de “luchar a favor de la democracia” en Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo cual por lo general implica subversión e imposición de narrativas en contra de estos proyectos.
Para Cuba esta acción se concatena con otra serie de pasos que ha venido dando la administración norteamericana para recrudecer el cerco contra la isla. Es el caso del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NPSM por sus siglas en inglés) firmado por el presidente Trump este pasado 30 de junio. Las medidas anunciadas en este documento apuntan, en lo fundamental, a seguir atacando las fuentes de financiamiento de la isla, cortar los intercambios y viajes de ciudadanos norteamericanos y promover el desconocimiento del gobierno cubano, mediante la promoción de un sector privado dependiente de Estados Unidos.
Las metas de esta escalada en curso son las mismas de siempre. En lo estratégico, socavar material y simbólicamente la legitimidad y viabilidad del proyecto cubano, con el doble objetivo de erosionar el apoyo interno y prevenir que la isla pueda servir de ejemplo a nivel regional o en otras latitudes. En lo táctico, empeorar lo más rápido posible las condiciones materiales del pueblo cubano a la vez que se fomentan las acciones subversivas, buscando provocar un estallido social en el corto plazo. Para estos fines, son útiles operadoras como Rosa María Payá y herramientas como la CIDH. Ellos aportan la narrativa y la justificación para la agenda de agresión imperialista que desde hace décadas Estados Unidos impulsa en contra de Cuba y el pueblo cubano.