La Asociación Americana de Juristas presentó una demanda ante la CPI contra Donald Trump por delitos de lesa humanidad cometidos durante la agresión a Venezuela
Fuente: Alma Plus
La Asociación Americana de Juristas, junto a otras organizaciones de diversos países, anunció este lunes 12 de enero que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y otros funcionarios de ese gobierno, por delitos de lesa humanidad cometidos contra Venezuela durante la invasión militar del 3 de enero pasado.
En un escrito publicado en su portal web, la agrupación señala que la querella obedece a “ataques contra embarcaciones civiles en aguas internacionales, el uso de la fuerza armada contra territorio venezolano sin autorización jurídica internacional, la privación ilegal de la libertad de personas protegidas, así como actos de pillaje y apropiación de bienes civiles y recursos naturales”.
Tales acciones, agregan, las perpetró el gobierno de Trump “en violación de normas imperativas del derecho internacional”.
La AAJ también señala al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y a otros funcionarios aún por identificar.
“De acuerdo con los informes oficiales más recientes de Venezuela, la operación provocó la muerte de más de 100 personas, entre víctimas civiles y militares, incluidos nacionales venezolanos y cubanos, y fue ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin el consentimiento del Estado venezolano y sin una declaración formal de guerra, en violación directa del artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas”.
La AAJ alerta que el uso de la fuerza armada el 3 de enero de 2026 contra Venezuela constituye un acto de agresión conforme al derecho internacional y marcó la escalada de acciones militares ilícitas hacia un conflicto armado internacional.
EEUU secuestró a un mandatario en funciones
La organización reseña que “la operación se llevó a cabo mediante la participación coordinada de veinte (20) bases militares ubicadas en la región circundante a Venezuela, actuando bajo órdenes directas del presidente de los Estados Unidos”, y fue lanzada “con el objetivo de someter al gobierno venezolano, infligir bajas masivas a las fuerzas armadas venezolanas y a la población civil, y remover por la fuerza del territorio venezolano al Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a su cónyuge, Cilia Flores de Maduro”.
La arremetida condujo al secuestro forzado de un Jefe de Estado en funciones y de su esposa, en flagrante violación del derecho internacional, agrega.
A la luz de las declaraciones de Donald Trump y de otros funcionarios, el secuestro tuvo como objetivo tomar control de Venezuela y forzar a las autoridades constitucionales a ceder el control de los recursos petroleros a los Estados Unidos
Por tal razón, el gobierno extremista de EEUU incurrió en la violación de varios artículos del Estatuto de Roma de la CPI, del que la nación norteamericana se retiró en 2002 cuando era gobernada por el derechista George W. Bush.
Tras conocerse el anuncio, organismos de integración y plataformas políticas, como el Grupo de Puebla, anunciaron su respaldo a la acción judicial.
“Desde el Grupo de Puebla acompañamos esta acción en defensa del derecho internacional y contra la impunidad”, expresó el bloque en su cuenta de X.
