Previo a los ejercicios cívico-militares que se llevaron a cabo entre el 26 y 27 de agosto, se televisó la reunión del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB) del día jueves 24, en la que el Comandante en Jefe, presidente Nicolás Maduro, puso sobre la mesa de análisis un conjunto de escenarios posibles en el marco del asedio transnacional contra Venezuela.


Fuente: Misión Verdad

En la sede del CEO-FANB, el Comandante en Jefe disertó en torno a cuatro amenazas que el complejo industrial-militar de los Estados Unidos tiene como focos para desarrollar un conflicto en Venezuela que pudieran derivar en una intervención extranjera pura y dura.

Los cuatro escenarios que describe el presidente Maduro contemplan recursos militares, incluso fuerzas por delegación (proxy), operaciones psicológicas y de propaganda, bloqueos económicos y comerciales. Estas amenazas han sido determinadas tanto por lo expresado por vocerías del gobierno estadounidense como por acciones experimentadas en Venezuela y en otras regiones del mundo.

«Hay que saber dónde estamos parados», afirmó el primer mandatario. Los recursos asimétricos usados y por usar contra Venezuela deben ser considerados en vista de que la ofensiva transnacional toma relieve con la gira de Mike Pence por Colombia, Argentina, Chile y Panamá, Donald Trump expresara que considera una «opción militar» contra el país y una Orden Ejecutiva que declara institucionalmente un bloqueo financiero fuera autorizada por la Casa Blanca.

Son amenazas concretas, que deben ser vistas no como hechos aislados sino interconectados entre sí, ya que pueden darse en simultáneo y se relacionan (según los manuales de Guerra No Convencional), por lo que pensarlas deben tener como propósito asentar una claridad estratégica para conducir a la defensa integral de Venezuela frente a las agresiones foráneas.

Frontera con Colombia, teatro de operaciones (para)militares

Allí donde limitan territorialmente las Repúblicas de Colombia y Venezuela, que de este lado comprenden los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, esa extensión de más de 2 mil kilómetros es, de facto, un teatro de operaciones militares.

El impacto del conflicto armado en Colombia se expresa en la frontera en delitos transnacionales con una economía ilegal generada por los diversos grupos en pugna. El narcotráfico y el paramilitarismo han tenido cauce en toda la zona limítrofe, con el territorio colombiano de zona común para el desarrollo y negocio de esos elementos.

El presidente Maduro ha llamado la atención sobre la puesta en escena de «falsos positivos» en la frontera, operaciones psicológicas y mediáticas que responsabilizarían a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano de hechos conmocionantes provocados por actores colombianos e incluso por el gobierno de Juan Manuel Santos propiamente.

Estas provocaciones han tenido lugar sobre todo durante este año 2017, en el que elementos paramilitares de la banda Los Rastrojos han sido capturados en estados fronterizos venezolanos. Indicios del aumento del control político y económico de las regiones fronterizas de Colombia por parte de Los Rastrojos desde hace el año 2000, más sus incesantes incursiones en territorio venezolano, señalan que el paramilitarismo colombiano acelera sistemáticamente su penetración en Venezuela.

Por otro lado, se encuentra en desarrollo el funcionamiento de la Doctrina Damasco del ejército colombiano, que plantea un escenario «post-conflicto» con una funcionalidad distinta de la fuerza militar. Esta nueva doctrina militar plantea «sus acciones con asociados de la acción unificada, conjunta, interagenciada y multinacional’ para enseñar a los militares colombianos a utilizar términos y símbolos que permitan la interoperatividad ‘cuyo fin es que el ejército conduzca operaciones militares unificadas (OTU) dentro del país y a nivel regional y mundial».

Colombia, oficial y militarmente, representa el mayor socio del gobierno de EEUU en Latinoamérica, y su nueva doctrina tiene mucho que ver con la interconectividad militar entre estos dos países, con nueve bases estadounidenses instaladas en territorio colombiano más todos los mecanismos y oficiales que presta el Pentágono. Básicamente, Colombia es un apéndice miliitar de EEUU.

La promoción de Colombia de un conflicto con Venezuela no tiene sino intereses estadounidenses. Tanto las últimas declaraciones del embajador Kevin Whitaker como las del funcionario antidrogas William Brownfield ponen en el foco a la frontera colombo-venezolana, en la que según ellos habrá cada vez mayor intensidad en las «provocaciones» de Caracas.

Tanto la supuesta incursión de militares venezolanos el fin de semana pasado como el sobrevuelo de un helicóptero identificado como de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en La Guajira fueron maniobras mediáticas presentadas como las «provocaciones» anunciadas por los funcionarios gringos.

La acumulación de «falsos positivos» viene en un contexto en el que Colombia juega un papel principal en la estrategia de «cambio de régimen» planificada desde EEUU. El jefe de la CIA, Mike Pompeo, así lo ha declarado.

El analista ruso-estadounidense Andrew Korybko, investigador y teórico de las guerras híbridas, asomó un posible escenario generado por el gobierno colombiano de provocar una operación de bandera falsa (culpar a otro de hechos conmocionantes provocados por el demandante) en la frontera. Esto a partir de 1) un decreto de la Casa Blanca que autoriza a la aviación estadounidense en Colombia de atacar cualquier transporte sospechoso de llevar cargamentos de droga, y 2) en un contexto en el que se acusa desde la institucionalidad gringa al Gobierno Bolivariano de estar inmerso en el negocio transnacional del narcotráfico.

La concreción de una operación de bandera falsa, por vía paramilitar u oficial-mediática, podría convertirse en una seria amenaza que provocaría un conflicto entre Colombia y Venezuela. Para EEUU, una guerra por delegación (proxy war).

División y destrucción de la FANB

Básicamente, desde que el Comandante Hugo Chávez asumiera la Presidencia de la República, convirtiendo en un todo unificado a los componentes militares de la nación bajo el nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), EEUU no ha dejado de conspirar contra la unidad cívico-militar de la Revolución Bolivariana.

De hecho, el golpe de Estado de 2002 fue la última vez que se expresó una fuerza armada dividida con el propósito de socavar la soberanía venezolana. Desde entonces, los intentos por quebrar la unidad de mando y tropas de la FANB ha quedado al descubierto significativas veces.

Los militares de la Plaza Altamira, la traición de Raúl Isaías Baduel, las fugas hacia -y protegidos por- EEUU de Rafael Isea y Hebert García Plaza, son los ejemplos más resaltantes de ese factor de división en el seno de la FANB que sería útil a la estrategia estadounidense de caos y golpe de Estado.

A su vez, la etiqueta de narcoestado viene de esa operación mediática llamada «Cartel de los Soles», supuestamente investigado por la justicia gringa y del cual no se han mostrado pruebas contundentes de su existencia a lo interno de la FANB.

De igual manera, la ONG Control Ciudadano dirigida por Rocío San Miguel –cuyas conexiones con el Departamento de Estado gringo son irrefutables– lleva a cabo una labor de sistematización y generación de expedientes con el fin de socavar la institucionalidad militar venezolana a los ojos de la población y la opinión pública nacional e internacional.

Debemos tomar en cuenta que los manuales de Guerra No Convencional desarrollados en las oficinas de las Fuerzas Especiales del Pentágono tienen como premisas el «incremento del malestar y distanciamiento en la administración gubernamental, ejército, pueblo y organizaciones políticas nacionales» más el «debilitamiento intenso de la moral gubernamental y militar».

Minar las conexiones entre la tropa y la dirigencia, entre el soldado raso y sus superiores, entre el pueblo y la máxima institución de defensa integral del país son los fines prioritarios de la estrategia foránea. La destrucción interna de la FANB traería como consecuencia la demolición de la doctrina chavista de la unión cívico-militar.

Importante a la hora de definir un posible conflicto contra Venezuela.

Revolución de color, una empresa fallida en Venezuela

Entre abril y julio de este año, sucesivas protestas violentas del antichavismo fueron camufladas como manifestaciones pacíficas en contra de la «dictadura» de Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a marchas, plantones, trancazos, paros y vigilias, que escalaron progresivamente hasta el punto de:

  • afectar sistemas de distribución de alimentos;
  • atacar hospitales (incluso maternos) y escuelas;
  • asediar bases militares (La Carlota en Caracas y el Fuerte Paramacay en Valencia);
  • linchar y quemar individuos que guarimberos identifican como chavistas;
  • saquear sistemáticamente comercios privados y galpones públicos;
  • asesinar efectivos de seguridad gubernamental, e incluso a manifestantes o transeúntes cerca de las concentraciones opositoras;
  • imponer en zonas residenciales (principalmente de clase media y en connivencia con vecinos) pequeños estados de excepción;
  • y usar niños como escudos humanos, etc.

Aparte de la situación de calentamiento de calle ocasionado por el choque entre las fuerzas estatales de seguridad y los antichavistas armados, otro escenario se amalgamó como un rompecabezas al conflicto local como lo fue la fractura institucional, apuntalados por:

  • la posición de confrontación de la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, con los demás poderes públicos, sobre todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ);
  • la situación de desacato en que aún incurre la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora y abiertamente pro-intervención;
  • y la conformación de un «gobierno paralelo», también denominado en los manuales de guerra no convencional del ejército de los EEUU como «gobierno en las sombras», por parte de la MUD.

Aunque la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) enfrió esta situación en beneficio del interés nacional, el frente interno de la guerra por otros medios se trasladó a la agenda regional de los EEUU y su ya declarada «opción militar» contra Venezuela.

Debido a que los golpes de color, explicados por el analista ucraniano Rotislav Ischenko, son considerados como amenazas externas y militares, pues son financiados por poderes transnacionales, corporativos y con mucha influencia en el circuito financiero, industrial y militar en el campo occidental, son asimismo situaciones asimétricas en gran escala que pueden activarse o desactivarse mediante decisiones foráneas.

Por ello, el CEO-FANB no descarta una posible reactivación de una revolución de color en combinación con otros escenarios, sobre todo el último que describiremos a continuación.

Bloqueo naval y una lección de la historia

El último escenario que describió el Comandante en Jefe Nicolás Maduro tiene que ver con un episodio ya vivido en Venezuela, durante el mandato presidencial de Cipriano Castro. Debido a una exorbitante deuda externa que heredó el gobierno de Castro, éste decide no pagarla en beneficio de los intereses nacionales.

Esto se tradujo en un embargo que involucró el estacionamiento de barcos ingleses, alemanes, italianos, españoles, holandeses y mexicanos frente a las costas venezolanas, bloqueándolas. Sigue Franco Vielma: «Pero el petróleo, era la principal razón. Se hablaba en aquellos años de la generación de una crisis inducida por los grandes factores del poder capitalista en ese tiempo, para provocar el impago de Venezuela, pues el empleo de groseros artificios de la banca y de los grandes comerciantes de la época se articularon con una baja enorme del precio mundial del café, principal rubro de exportación de Venezuela».

Este bloqueo naval vino con el frente interno calentado por las revueltas de la llamada Revolución Libertadora financiada principalmente por la New York & Bermúdez Company, la primera empresa estadounidense-venezolana (con sede en Filadelfia) que explotaba yacimientos de petróleo y asfalto en el estado Sucre. El conflicto tenía por objetivo el «cambio de régimen» de Cipriano Castro. Ambos frentes, el interno y el externo, se combinaron entre fines de 1902 y principios de 1903, hasta la victoria de Venezuela que logró distender el conflicto.

Semejante paradoja histórica contempla el CEO-FANB, con la principal diferencia de que en estos momentos el país cuenta con un cuerpo unido de oficiales y tropas, tecnología militar de primera generación (gracias a las alianzas con Rusia) y una identidad nacional fortalecida por el chavismo.

Dijo el presidente Maduro que «buscan, con la locura de los extremistas de los Estados Unidos, decretar un bloqueo naval sobre Venezuela. Que no permita que salga un buque de petróleo, gas, gasolina, no permitir la entrada de un buque con medicinas, alimento, esto combinado con guarimbas, violencia callejera y provocar eventos para la ocupación militar (estadounidense)».

Asimismo lo refirió Elías Jaua, vicepresidente para el Desarrollo Social el pasado 26 de agosto desde la Casa Amarilla, en Caracas: «Tenemos dónde colocar nuestro petróleo. Eso es lo que ellos (los EEUU) tratarían de impedir con un bloqueo naval y frente a esta agresión hemos convocado al pueblo a evitar la guerra».

Como medida complementaría al bloqueo financiero que se decretó con la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 25 de agosto, el bloqueo naval se articularía con el fin de provocar una verdadera «crisis humanitaria» que supondría, en el terreno, una «intervención humanitaria» basada en la concepción occidental de la «Responsabilidad Para Proteger» (R2P, por sus siglas en inglés).

En total, los cuatro escenarios descritos que representan las actuales amenazas a la soberanía venezolana -repetimos- no deben verse como acciones aisladas entre sí, sino como formas complementarias de una misma estrategia que busca, luego de varios intentos, el nacionalicidio, el socavamiento del Estado y el control trasnancional de los recursos naturales de Venezuela.

Por REDH-Cuba

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