La multipublicitada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México emerge en la coyuntura como una tragicomedia en la que un bravucón y volátil Trump está resuelto a imponer sus condiciones, mientras que su par mexicano responde con entrega y mansedumbre.

Fuente: Brecha
Aunque el contenido de las conversaciones entre Canadá, Estados Unidos y México para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan o Nafta por sus siglas en inglés) permanecerá secreto durante al menos cuatro años luego de una eventual entrada en vigor, ya se puede entrever que las recién iniciadas conversaciones entre las partes serán posicionales y asimétricas. Posicionales, porque el presidente estadounidense, Donald Trump, puso a México como adversario a derrotar y a quien demandará concesiones sin querer ceder en nada. Canadá se cuece aparte. Y asimétricas, porque las economías que participan en la renegociación tienen distintos tamaños que juegan al momento de determinar qué entra o no al debate.Lo que genera aún mayor complejidad es que la renegociación del tratado tiene un alto contenido político y también un aspecto mediático, lo cual presentará contradictorios picos de exacerbación y tirantez, dadas las características personales de Trump. En su inmensa mayoría, los expertos y comentaristas mexicanos ven las conversaciones sobre el Tlcan como un problema técnico-económico; Trump las ve como un asunto político.

Fiel a su estilo bravucón y pendenciero, desde su campaña electoral, con la bandera “Estados Unidos primero”, Trump impuso su agenda a los gobiernos de Canadá y México bajo el falaz argumento de que o bien se renegociaba el “peor tratado” suscrito por Estados Unidos en su historia o Washington se salía de este. Ya desde el despacho oval, y por decisión autoritaria, el jefe de la Casa Blanca elevó a sus contrapartes un pliego petitorio en función de los intereses de las corporaciones de su país. En virtud de la asimetría entre las partes, Trump quiere todo para Estados Unidos y sus empresas, y para sus “socios” prácticamente nada, una lógica suma cero.

En el caso mexicano, bajo presión y a la defensiva, sin estrategia ni alternativa propias, un pusilánime Enrique Peña Nieto respondió atándose a la mesa de negociaciones, aceptando acabar cuanto antes (en febrero o marzo de 2018) el proceso de “modernización” o “actualización” de un acuerdo que, de concluir, derivará sin duda en una mayor dependencia y pérdida de soberanía nacional del eslabón más débil de esa “sociedad de amigos” conformada hace 23 años en Norteamérica, concebida como un espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono y el control económico-financiero de las corporaciones trasnacionales e instituciones bancarias con casa matriz en Estados Unidos.

Colisión automotriz

Después de meses de bravatas de Trump y de un febril cabildeo por parte de corporaciones industriales de su país, el 16 de agosto inició en Washington la primera ronda de conversaciones trilaterales.

De entrada, el representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, alabó la agenda económica proteccionista de Trump y advirtió que el Tlcan “ha fallado a muchos estadounidenses y necesita mejoras importantes, no sólo un simple retoque o actualización”, como proponen Canadá y México. Dijo que el tratado ha generado a su país un enorme déficit comercial, el cierre de empresas y la pérdida de 700 mil empleos.

Trump mismo ha señalado que, desde la firma del Tlcan en 1994, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con México pasó de un excedente de 1.300 millones de dólares a un déficit anual de 64.000 millones. El mandatario ha criticado la pérdida de empleos de calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en México para aprovechar la mano de obra barata. La industria automotriz representa casi la totalidad de ese déficit (55 mil millones de dólares), y a México le preocupa que Washington pudiera tratar de requerir que una cierta cuota de la manufactura se realizara dentro del territorio estadounidense.

Otro punto clave de la renegociación tiene que ver con las “reglas de origen”, particularmente en automóviles y refacciones. Según la vigente en el Tlcan, cada automóvil producido en la región de América del Norte debe contener al menos 62,5 por ciento de partes fabricadas y producidas dentro del área, para que los tres países le otorguen preferencia comercial; es decir, que pueda comerciarse libre de aranceles.

Según Trump las “reglas de origen” del tratado son “obsoletas” y han contribuido a una migración de la manufactura a México. De acuerdo con versiones periodísticas, Estados Unidos exige actualmente en las negociaciones que aumente el contenido mínimo de piezas fabricadas en la región hasta un 70 u 80 por ciento, con una mayor cuota de producción en Estados Unidos.

Estados Unidos pretende así que se establezcan reglas de origen particulares y no comunes a todos los países miembros, algo ajeno a la ortodoxia, que ningún acuerdo comercial ha contemplado y que México habría rechazado, según el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de México, Guillermo Prieto Treviño. Y en promedio, todos los automóviles que México exporta a Estados Unidos llevan entre 40 y 45 por ciento de piezas y componentes estadounidenses. Pero “ellos quieren más, quieren sacar a México de la jugada”, aseguró Prieto.

El factor chino

Según el columnista estadounidense Roger Jordan, citado por el influyente diario mexicano El Financiero, el enfoque agresivo y la dura retórica del jefe negociador de Estados Unidos, Lighthizer, no están dirigidos principalmente a Canadá y México, sino a sus rivales geopolíticos y económicos: China y Alemania.

Washington ha denunciado que México exporta a su país productos supuestamente “hechos en México” que no cumplen con el mínimo de producción regional de “las reglas de origen”, sino que en cambio contienen un alto grado de componentes producidos por empresas chinas y asiáticas, algo que favorece a las economías de esa región.

Trump ha acusado a China de manipular su moneda y ha iniciado investigaciones por el supuesto dumping de acero en el mercado estadounidense. Para Estados Unidos las negociaciones del Tlcan son la oportunidad de asentar en su principal tratado de libre comercio las cláusulas y normas que luego implementará en futuros tratados con China, que representa una amenaza mucho más importante para su economía. Estados Unidos plantea además en las actuales negociaciones limitar la posibilidad de que empresas de propiedad del Estado compren productos y servicios de empresas chinas.

Trump y Lighthizer esperan que el nuevo Tlcan siente las bases para la proyección del poderío económico estadounidense en el mundo, en especial competencia con los otros dos megabloques regionales: la región Asia-Pacífico y Europa, que se han beneficiado del tratado vía las importaciones de bienes intermedios que realiza México.

Según Jordan, pese a los conflictos por el descarado intento de Trump de renegociar el Tlcan en función de los intereses de las corporaciones estadounidenses, “es un hecho que el imperialismo canadiense y la clase gobernante en México están de acuerdo con la agenda proteccionista de Trump”, en aras de evitar que China siga siendo el “cuarto socio” furtivo del tratado.

El salario del miedo

Estados Unidos habría jugado una segunda carta para colocar en situación desventajosa a México: la asimetría salarial disfrazada bajo el título de “justicia laboral”. Según los reportes de prensa, a regañadientes de México Lighthizer logró meter en las conversaciones un “salario mínimo equiparable” para los trabajadores de Norteamérica. Pero, las autoridades y los empresarios mexicanos se niegan a revisar el piso salarial; lo consideran una “política interna”.

Según Jerry Dias, presidente de Unifor, uno de los sindicatos más influyentes de Canadá, no se puede tener un acuerdo trilateral “donde el salario mínimo de México es de 0,90 dólares la hora; no podemos tener un acuerdo por debajo de cuatro dólares la hora”. Un documento del Colegio de México ilustra el diferencial salarial entre los países del Tlcan: en 2016, en la industria automotriz por cada dólar la hora que ganó un trabajador mexicano en las empresas armadoras, un estadounidense ganó 9,1 dólares y un canadiense 8,4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor: de 11,8 y 12,8 dólares, respectivamente. “Si cae la renegociación, será por culpa de México”, dijo Dias.

Es previsible que en la mesa de negociaciones Estados Unidos y Canadá presionarán a México con los convenios pactados con la Organización Mundial de Comercio, firmados por el ex presidente Felipe Calderón en 2012 para ingresar al frustrado Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. En particular el Convenio 98, conocido como convenio de sindicalización y negociación colectiva, que protege la libertad de afiliación sindical y prohíbe los llamados “contratos de protección” tan comunes en México, de sindicatos que aceptan limitar las garantías de los contratos laborales para favorecer la causa patronal a cambio de sobornos.

En México, el 98 por ciento de las empresas maquiladoras carecen de sindicatos, al igual que las armadoras de automóviles de reciente llegada. Asimismo, en ninguna de las firmas de tercerización existentes en el país existe la posibilidad de sindicalizarse, lo que viola la ley federal del trabajo vigente.

Apuros

Pese al secretismo de las negociaciones, trascendió que las tres partes establecieron un ambicioso calendario para que la renegociación del Tlcan culmine a principios del próximo año. La razón principal de ese apremio es política, y tiene que ver con los comicios mexicanos de julio de 2018 y las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, de noviembre de ese año.

Según The Financial Times, los negociadores de Estados Unidos y México están preocupados, en particular, por las encuestas que muestran al dirigente centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador liderando la carrera presidencial. Si las conversaciones del Tlcan se retrasan, los funcionarios mexicanos temen que puedan verse envueltas en la campaña electoral. A su vez, el equipo de Robert Lighthizer preferiría no tener que negociar con López Obrador, quien ha acusado a Trump de conducir una “campaña de odio” contra México y “abusar” de la debilidad de Enrique Peña Nieto.

A su vez, sobre las prisas de México, el ex canciller Jorge G Castañeda –quien afirmó haber conversado con personas bien informadas del curso de las negociaciones– dijo que si éstas no terminan en muy corto plazo (inicios del año próximo), el gobierno mexicano cree que Trump será capaz de recurrir al capítulo de salida del tratado o de planear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula.

La “contaminación” recíproca de la renegociación del Tlcan y la campaña electoral local sería otra razón para que el gobierno mexicano acelerara el proceso. Si gana López Obrador y su partido o alianza consigue un tercio en el Senado, podría bloquear la aprobación del tratado renegociado. Lo mismo podría ocurrir si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado estadounidenses. De este modo, cualquier firma protocolaria sin valor jurídico realizada durante 2018 podría ser revertida.

Cordero de los inocentes

El 19 de agosto, al término de la primera ronda de conversaciones en Washington, los tres países pactaron que América del Norte irá a “ritmo acelerado” por un Tlcan actualizado. En su comunicado conjunto no revelaron detalles de lo discutido, ni dieron a conocer los temas que se trataron durante los cinco días de negociaciones.

Tres días después, en Phoenix, en el estado de Arizona, el presidente Trump volvió a vociferar: “Personalmente, pienso que no podremos llegar a un acuerdo porque ambos países han tomado tanta ventaja, especialmente México, que creo que daremos por terminado el Tlcan en algún momento. Dije desde un principio que o renegociábamos el Tlcan o nos vamos”. El hecho es que Trump puede abandonar el tratado sin complicaciones, pues el artículo 2205 establece que una de las partes podrá renunciar a este, seis meses después de notificar por escrito a las otras su intención de hacerlo.

Peña Nieto sigue mostrando mansedumbre frente al catálogo de Trump y su odio contra México. El mandatario mexicano insiste en “modernizar” el actual modelo de integración subordinada con Estados Unidos. Apuesta a Norteamérica como la región más “competitiva” y “dinámica” del mundo.

Los “representantes” de México han disfrazado su parálisis negociadora con la explicación de que “no revelarán sus estrategias, porque no se deben mostrar las cartas a la contraparte”. Y la recomendación a los medios fue que no hay que hacer caso a los discursos ni a los twits de Trump, sino a lo que se dice en la mesa de negociaciones y en los documentos oficiales. Sólo que el 24 de agosto se conoció que los tres países firmaron un acuerdo de confidencialidad con el que pretenden evitar filtraciones y mantener en reserva por cuatro años, a partir de la entrada en vigor de los resultados, los documentos del Tlcan II.

Con ese pacto de silencio en curso, el jefe de los negociadores mexicanos, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, declaró que “el gobierno cuenta con un ‘plan B’ sobre el Tlcan. No podemos descartar que pueda haber alguna situación donde tengamos que hacer uso de esa alternativa (…) México tiene un plan de respaldo”.

Las expresiones de Guajardo sobre la presunta existencia de un plan B resultaron más que novedosas y atractivas, porque los mexicanos aún no conocen el plan A. Menos saben sobre las presiones de Estados Unidos para abrir un capítulo en el tratado de lo que llaman “la seguridad energética e independencia de Norteamérica”. Trascendió que en la primera ronda no se negociaron asuntos del sector energético. Y es que los tres gobiernos todavía están buscando una manera de “asegurar” que “no se modifique” la reforma energética de Peña Nieto que terminó con el monopolio de Pemex (véase Brecha 10-III-17) y abrió el mercado petrolero mexicano a extranjeros. Los países del Tlcan quieren que se “protejan” las inversiones de los socios (como el gigante Exxon Mobil) en México, ante un probable cambio de gobierno que podría renacionalizar el petróleo.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, sostuvo que las “advertencias” de Trump sobre el Tlcan “son una estrategia de negociación. No hay sorpresa, porque está negociando con su muy particular estilo. Tenemos que reaccionar con serenidad, con cabeza fría, entender que este es un proceso de negociación. Si el presidente Trump quisiera hacerlo (abandonar el Tlcan), no creo que desperdiciaría ocho meses en un proceso complejo”.

Videgaray parece no tomar en cuenta que el jefe de la oficina oval es también volátil, mercurial y de mecha corta, y que dado que tiene un caos en su gobierno y está herido, necesita obtener victorias a corto plazo.

Esa situación habría moldeado su beligerante discurso anti Tlcan en Phoenix y los mensajes en su cuenta de Twitter del domingo 27 de agosto, a cuatro días de que empezara la segunda ronda de negociaciones en México.

¿Adiós a la maquiladora?

La falta de detalles específicos en México sobre los contenidos de la primera ronda de Washington contrasta con los relatos de la prensa en Canadá y Estados Unidos sobre la posición radical de Lighthizer, quien representa de la manera más pura los deseos de Trump: reducir el déficit comercial a partir de la manufactura, a través de medidas radicales aplicadas a la industria automotriz. Negociadores canadienses dijeron al corresponsal de The Globe and Mail de Toronto que no se puede descartar la posibilidad de que todo el sector automotriz saliera del Tlcan. Lo que significaría el fin del sueño del “México maquilador” en el traspatio de Estados Unidos, papel que por cierto se le asignó en las negociaciones del tratado en 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a los mexicanos llevar el país al “primer mundo”.

El Tlcan no es un simple tratado de libre comercio, sino un documento que conlleva una entrega sin precedente de la economía nacional mexicana. El tratado comprometió la salida del Estado de la economía, la privatización de los bienes públicos y de los recursos de la nación, la desarticulación industrial del país y su reconfiguración maquiladora por el capital extranjero, la desnacionalización de la banca y de todo el sistema de pagos, incluyendo el gigantesco ahorro social de las afores (régimen de pensiones), y la privatización y extranjerización de todo (o casi todo) lo valioso, incluyendo el tequila y la cerveza, el petróleo y la energía.

Cabe concluir que la “seguridad energética” que impulsa Trump es la de Estados Unidos, ya que aunque producen 10 millones de barriles diarios de petróleo, consumen 20 y quieren los hidrocarburos mexicanos (petróleo y gas) para procesarlo y venderle a México, en el mejor de los casos, los petrolíferos que requiere, como ocurre actualmente, y que en buena parte no se producen aquí por una política desnacionalizada de los últimos cinco gobiernos neoliberales.

Para el caso de México cabría glosar ¡Estúpidos! ¡Es la energía!, y recordar que Trump es una fiera herida que no cumple compromisos, que sólo genera incertidumbres y que tiene una mano muy dura que le gusta usar.

Por REDH-Cuba

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