Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte al proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas.
Derrocado el 11 de septiembre de 1973 mediante un cruento golpe militar que ni su gobierno ni los partidos populares estaban en condiciones de enfrentar, Salvador Allende entró en la historia, sin embargo, con el talante de un líder victorioso. Su legado político y moral entrega enseñanzas valiosas para los revolucionarios de hoy. En primer lugar, su consecuencia política y su coraje personal, que le hicieron empuñar un fusil para resistir en La Moneda junto a un puñado de valientes. En sus propias palabras: pagaba con su vida la lealtad del pueblo. Su inmolación fue un acto consciente de rebeldía para no humillarse ante la traición y felonía de los generales y almirantes. En otras circunstancias seguramente habría encabezado la resistencia de un pueblo armado y de unidades militares constitucionalistas. Lo único que no pasó por la mente de Allende en el palacio en llamas fue rendirse y negociar las condiciones de un exilio honorable. Sus últimos mensajes por radio y su decisión final, lo cubrieron de gloria y a la vez sepultaron en el oprobio a los golpistas cuya ruindad moral confirmaron sus crímenes y el enriquecimiento ilícito de los terribles años que siguieron.
No solo fue su valor y consecuencia. Salvador Allende dejó también numerosas otras enseñanzas. Por ejemplo su incansable perseverancia para forjar la unidad de los sectores populares entendida como factor esencial de un proceso revolucionario. También durante muchos años Allende planteó la nacionalización del cobre como un tema vinculado al ejercicio efectivo de la soberanía nacional. Esa reivindicación estaba lejos del debate político cotidiano cuando Allende la levantó como bandera de lucha. Durante largo tiempo la suya fue una voz en el desierto.
Allende rehusó ocultar sus ideas o mimetizarse en el centro político que permite todo tipo de transacciones. Los revolucionarios de hoy deben estudiar su trayectoria política y las coaliciones político-sociales que encabezó hasta llegar a La Moneda con la Unidad Popular. Su victoria en 1970 fue estrecha y tuvo que someterse al veredicto del Congreso Pleno. La Democracia Cristiana lo apoyó a cambio de un Estatuto de Garantías Democráticas que el presidente Allende respetó escrupulosamente. Sin embargo, ese Estatuto se convirtió en un cepo que impidió el libre desarrollo de las capacidades revolucionarias del pueblo. Esas limitaciones motivaron las contradicciones que surgieron entre los partidos de la Unidad Popular. Obligó a utilizar los “resquicios legales” para impulsar diversas iniciativas. A la vez tomó fuerza una corriente independiente y crítica desde la Izquierda que impulsó el poder popular de los pobres del campo y la ciudad bajo la consigna “avanzar sin transar”.
Allende había declarado sin ambages que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socio-políticas y culturales del país. La “vía chilena hacia el socialismo” fue explicitada en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971. La nacionalización de la gran minería del cobre y la Reforma Agraria, la estatización de la banca y la intervención de diversas industrias, confirmaron que se había iniciado un proceso revolucionario inédito que atrajo la atención del mundo y despertó una ola de simpatía en América Latina. En efecto, era el primer intento en la historia de construir el socialismo por una vía pacífica y con absoluto respeto a una Constitución burguesa.
No obstante, la conspiración golpista se había iniciado incluso antes que Allende asumiera el mando. La oligarquía pidió la intervención norteamericana y el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA y al Pentágono “hacer chillar” la economía y crear las condiciones para el derrocamiento de Allende. La fuga de capitales, el bloqueo del crédito internacional, el mercado negro, la especulación, la escasez y la inflación se dispararon. Los camioneros paralizaron durante dos meses el transporte de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga y marcharon a Santiago. Embarques de cobre fueron embargados en Hamburgo y otros puertos.
Las mujeres de la burguesía salieron a las calles a tocar cacerolas. Los medios de desinformación internacionales y nacionales -que gozaban de absoluta libertad, incluso para insultar y calumniar al mandatario- desataron la guerra sicológica. Acusaban a Allende de pretender instaurar la “dictadura del proletariado” y convertir a Chile en una segunda Cuba. Comenzaron los sabotajes a la electricidad y las comunicaciones por bandas terroristas de extrema derecha asesoradas por oficiales de las FF.AA.
En octubre de 1972, por iniciativa democratacristiana, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas. Su propósito era eliminar toda capacidad del pueblo para enfrentar el golpe de Estado que estaba en marcha. Allende y sus ministros socialistas José Tohá (Defensa) y Jaime Suárez (Interior), se vieron obligados a promulgar una ley que facultaba a las FF.AA. para efectuar allanamientos y detener militantes de Izquierda acusados de poseer o fabricar armas caseras y explosivos. La oposición -derecha y Democracia Cristiana- controlaba el Congreso Nacional. En julio de 1972 formaron la Code (Confederación de la Democracia) con la intención confesa de derrocar al presidente mediante un golpe parlamentario. Para eso necesitaban alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1973. No lo lograron, porque la Unidad Popular sacó fuerzas de flaquezas y consiguió el 43,4% de los votos. El fracaso del golpe por vía parlamentaria despejó el camino al golpe militar.
(Hasta aquí a los lectores debe parecerles que estamos relatando lo que sucede en Venezuela. En efecto, ese plan desestabilizador es casi idéntico al que Washington implementó en Chile. La diferencia más notable consiste en que en Venezuela existe la alianza pueblo-fuerzas armadas, legado político del presidente Hugo Chávez que el imperio no ha conseguido romper).
Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte al proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. La nacionalización del cobre fue el eje movilizador del programa ante el cual hasta la derecha tuvo que ceder en el Congreso. La contrarrevolución deshizo ésa y otras conquistas que es necesario retomar para asegurar un proceso revolucionario. La nacionalización del cobre (y del litio) fortalecería la soberanía nacional y entregaría enormes recursos al Estado. Hay numerosas otras reivindicaciones capaces de convocar fuerzas sociales. Por ejemplo el fin de las AFP y el derecho a salud y educación de calidad; el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche; el freno al daño al medioambiente de las empresas forestales, eléctricas, mineras y frutícolas; limitar las ganancias desorbitadas de bancos e Isapres; estatizar el transporte público…
Ninguno de esos objetivos es posible sin acometer un proceso ideológico que permita liberar las conciencias sometidas a la dictadura cultural e ideológica del neoliberalismo. La batalla de las ideas está en primer lugar porque es allí donde la Izquierda sufrió su peor derrota. El camino para superar este sistema inhumano y depredador pasa por una Asamblea Constituyente que proponga al pueblo la Constitución Política que permita -por fin- contar con la institucionalidad de una república democrática y participativa. La convocatoria a la Constituyente abriría el espacio para conquistar a las fuerzas armadas y contar con su participación en un programa democratizador y patriótico.
Avanzando en esta dirección, con la Asamblea Constituyente como llave maestra del cambio, se recogería lo fundamental de la lección que nos dejó el presidente heroico.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 883, 1º de septiembre 2017