El paramilitarismo colombiano es lo más parecido a un ejército invasor que plantea la «opción militar» de Donald Trump en este momento.
Fuente: Misión Verdad
La reciente agresión de Los Rastrojos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, se suma a una serie de acciones contra Venezuela que plantean un conflicto a partir de grupos irregulares en este país vecino después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lo visitara unos días atrás y el jefe de la CIA, Mike Pompeo, hablara de un trabajo en conjunto en pos de una «transición pacífica» en Venezuela.
La agresión y los antecedentes
Al mediodía del 27 de agosto, el general Jésus Suárez Chourio, Comandante General del Ejército, informó de un enfrentamiento en Táchira con personal de Los Rastrojos dejando un saldo de seis paramilitares muertos, y una mujer detenida con municiones y uniformes del ejército colombiano con grado y jerarquía que se encuentra «dando declaraciones para precisar cómo actúa este grupo en la frontera», de acuerdo a Suárez Chourio.
Durante este año, además, se ha venido registrando la siguiente cadena de acontecimientos:
el desmantelamiento de un campamento paramilitar de 120 personas, con uniformes de los ejércitos colombiano y estadounidense, el 22 de marzo;
el 26 de abril, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció el ingreso al país de 30 paramilitares para ejecutar acciones de violencia en el marco de protestas opositoras;
y el ataque a la unidad militar Genaro Vázquez, y las sedes policiales en San Juan de Colón y Capacho, por parte de grupos de delincuentes «influenciados por organizaciones paramilitares», de acuerdo a un comunicado del alto mando militar bolivariano, el 17 de mayo.
Esta incursión, además, se circunscribe dentro de un arco temporal en el que Los Rastrojos han protagonizado un crecimiento en la región fronteriza, según un estudio de la fundación colombiana Ideas de la Paz.
Convirtiéndose entonces en el principal grupo irregular de este área en detrimento de Los Urabeños, la otra organización paramilitar que opera en la región, a tal punto de que su jefe de finanzas, Julio Díaz Urango (alías «El Bobina»), fue detenido el 5 de abril en el Táchira por las fuerzas de seguridad venezolana.
Dos meses después, el 1° de junio, dos miembros de Los Rastrojos fueron detenidos en Caracas con material explosivo, bazucas, uniformes militares y gorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también en el marco de las protestas violentas de oposición.
El involucramiento de este tipo de organizaciones que se vio justamente en la misma constelación de territorios y ciudades periféricas del occidente venezolano, donde estos grupos denominados Bacrim por el gobierno colombiano expandieron sus redes criminales como mecanismos de control político y económico (en la franja de Táchira, Mérida, Zulia, Apure, principalmente), desde inicios del año 2000 según una investigación del Wilson Center.
Un trabajo sistemático por penetrar en el territorio venezolano.
El contexto de las incursiones y acciones del paramilitarismo
La agresión de Los Rastrojos, por otro lado, coincide con una serie de maniobras de desinformación dirigidas a fabricar incursiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en territorio colombiano, bajo el contexto de los ejercicios cívico-militares del 26 y 27 de agosto.
Concretamente, el gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Weidler Guerra, denunció una supuesta incursión a territorio colombiano por Paraguachón (estado Zulia) de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmentido por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
En ese sentido, se atestigua la maniobra por silenciar la acción del paramilitarismo colombiano en paralelo a la proyección de una supuesta agresividad por parte de la FANB en la frontera, a tono con el escenario planteado por el presidente Nicolás Maduro de «crear las condiciones para fabricar un montaje» contra el Estado venezolano bajo un «conjunto de provocaciones dirigidas por Estados Unidos».
Así es que también pudieran entenderse las últimas declaraciones del embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, donde afirma que «por culpa de los bolivarianos se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por parte de los venezolanos en contra de sus vecinos».
Lo que le da mayor dimensión a esta serie de hechos cuando se los ve en el contexto de la construcción de un expediente contra Venezuela a nivel regional, a partir de una coalición de 12 países, aquellos que componen la «Declaración de Lima». ¿Su propia «opción militar» frente a la de Trump?
Otro dato de peso alrededor de este cuadro es la reciente visita del vicepresidente estadounidense Pence a Cúcuta, ciudad colombiana del departamento Norte de Santander, fronteriza con Táchira. Visita en la que se dio una «reunión con refugiados venezolanos» en Colombia, apuntada a fortalecer la matriz de crisis humanitaria para volatizar la zona fronteriza de los dos países.
Las provocaciones y las similitudes con Siria
Este tipo de provocaciones hay que observarlas en el marco de la nueva Doctrina Damasco del ejército colombiano, como lo analiza María Fernanda Barreto en un trabajo publicado por Misión Verdad, en el que se plantean «cuatro tipos de operaciones: ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil para integrar ‘sus acciones con asociados de la acción unificada, conjunta, interagenciada y multinacional’ para enseñar a los militares colombianos a utilizar términos y símbolos que permitan la interoperatividad ‘cuyo fin es que el ejército conduzca operaciones militares unificadas (OTU) dentro del país y a nivel regional y mundial'».
En 2015, la ex subsecretaria de Defensa de George W. Bush, Mary Beth Long, recomendó a las autoridades colombianas prepararse para lidiar con una «crisis humanitaria en Venezuela», después de firmado el proceso de paz con las FARC. Estas declaraciones fueron realizadas precisamente en un foro realizado en Colombia en el Ministerio de Defensa del país.
Estas organizaciones paramilitares, entonces, nacidas como brazo ejecutor ilegal del Estado colombiano, son en Venezuela las fuerzas proxy (por delegación) de la coalición dirigida por Estados Unidos para generar las condiciones de un conflicto irregular, que escenifiquen distintas provocaciones que permitan una escalada de agresiones contra Venezuela desde el vecino país.
Desde esta tribuna, por otro lado, muchas veces se ha comparado a Colombia con el papel desempeñado por Turquía y Jordania como canales logísticos de los grupos irregulares en la guerra en Siria, incluyendo la participación de una Sala Operacional de la OTAN en el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan.
Turquía asesora en este momento al gobierno colombiano sobre cómo «administrar una crisis de refugiados», producto de su experiencia siria. Crisis que Turquía colaboró abierta y proactivamente a generar.
Sin embargo, el uso y abuso de organizaciones como Los Rastrojos, en sincronía con las operaciones informativas relacionadas a los «refugiados venezolanos», plantea el interrogante de si desde el vecino país son capaces de plantear el establecimiento de «zonas seguras» con cobertura militar extranjera para supuestamente resguardar a la población asediada por «la dictadura de Maduro», en una maniobra similar a lo que se intentara perpetrar en Siria para utilizar a los rebeldes moderados con el objetivo de ocupar el país.
Sin dudas, desde esta óptica se puede comprender cómo las organizaciones paramilitares colombianas son precisamente pivotes (y mamparas) de toda operación multinacional que se pretenda realizar contra Venezuela.
El paramilitarismo colombiano es lo más parecido a un ejército invasor que plantea la «opción militar» de Donald Trump en este momento.