Ahora le tocó el turno a Nicaragua; un país con envidiable estabilidad en una región inestable y después de sucesivas guerras; con índices de crecimiento de alrededor del 5% en los últimos diez años; con altos índices de seguridad ciudadana; y según datos del PNUD, uno de los países latinoamericanos con mayor disminución de la pobreza y de la desigualdad social durante ese mismo período de tiempo, o sea desde que volvió el sandinismo al poder.
Durante poco menos de una semana, el país literalmente, ardió. El detonante fue una reforma al seguro social –ya derogada–, que consistía en aumentar levemente las cotizaciones a los trabajadores y en mayor medida a los empresarios, y establecerla para los jubilados. Otra medida fue hacer que quienes devengan salarios superiores a determinada cantidad, paguen sus cotizaciones conforme al total de lo que ganan y no solamente hasta un determinado monto, como ha sido hasta ahora. Esta última medida tuvo como objetivo disminuir las posibilidades de los empresarios de desangrar la seguridad social al reportar altos cargos fantasmas con enormes sueldos, para luego cobrar al sistema de seguridad social los beneficios correspondientes. Pero el objetivo general del conjunto de medidas tomadas era resolver la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ocasionada por la mayor cobertura de la seguridad social y la mayor cantidad de beneficios que ésta otorga a los trabajadores. Esta fue la alternativa encontrada por el gobierno para no aplicar la propuesta del FMI, de aumentar la edad de jubilación y la cantidad de semanas requeridas para ésta, y eliminar las pensiones a víctimas de guerra y la pensión reducida a quienes teniendo edad de jubilación no hayan completado la cantidad de semanas, beneficio que implementado por el sandinismo al poco tiempo de haber regresado al gobierno en 2007.
Como puede verse, las medidas tomadas eran menos perjudiciales para los trabajadores que las planteadas por el FMI, las cuales habían sido respaldadas por los empresarios privados, quienes se manifestaron en contra de la reforma aprobada y que fue luego derogada; lo cual es normal, ya que los principales afectados eran los empresarios y quienes devengan altos salarios.
Por tanto, no es de extrañar que ningún sindicato y ningún trabajador hayan salido a protestar, a excepción de los empleados de las grandes empresas privadas – a quienes por cierto, éstas no dejan sindicalizarse –, obligados a marchar por sus patrones, los empresarios afiliados al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pero el protagonismo lo tuvieron varios grupos de estudiantes universitarios, sobre todo en algunas universidades privadas que reciben subvención pública para facilitar el acceso a ellas de jóvenes con escasos recursos.
Las protestas comenzaron con pequeños piquetes organizados por jóvenes de clase media alta y clase alta, que de manera recurrente organizan ese tipo de actividades en contra del gobierno sandinista. La variante esta vez fue que los enfrentamientos entre ellos y los jóvenes sandinistas de los barrios populares – llamados “turbas” por la derecha – generó un sentimiento de solidaridad en una buena parte del estudiantado universitario, que escaló la protesta colocando barricadas en la vía pública y enfrentándose a la policía con armas de fuego caseras, cuando ésta intentó despejar la vía.
Este fenómeno fue producto de la percepción generalizada de que la reforma afectaba a los trabajadores y a los jubilados, mientras que como contrapartida no hubo un proceso de discusión y apropiación de las medidas, lo cual hizo que los posibles defensores de la misma no supieran qué defender y por tanto, en su mayor parte no estuvieran motivados para hacerlo, lo cual fue un factor decisivo para la tardía respuesta del sandinismo políticamente organizado en los barrios e instituciones del Estado, y del movimiento social afín al sandinismo. Esto fue también en parte lo que motivó la participación en contra de la reforma, de grupos de estudiantes y jóvenes en general que asumían estar defendiendo reivindicaciones que consideraban justas, pero que ahora corren más peligro que nunca ante la correlación de fuerzas que habrá en el necesario diálogo nacional instaurado para ver este y otros temas; correlación que es producto, precisamente e irónicamente, de las protestas.
La confrontación fue en aumento, hasta que la situación se salió de control para las autoridades y proliferaron los enfrentamientos entre detractores y defensores, ya no tanto de las reformas, sino del gobierno sandinista, que ha contado durante los últimos ocho años con un respaldo popular invariablemente superior al 60%. Al fragor de la confrontación aparecieron armas de guerra y con ello, inevitablemente, los muertos de uno y otro lado, incluyendo policías, ya que hubo también armas mortales en manos de los grupos enfrentados a las autoridades. De igual manera, durante dos días seguidos proliferaron los incendios de edificios públicos, ataques a instituciones y saqueos a negocios privados, sobre todo supermercados, casi todo perpetrado obviamente, por el bando antigobierno.
El Presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación durante los dos días más violentos del enfrentamiento, primero para llamar al diálogo y luego, para anunciar la derogación de la reforma que motivó el inicio de las protestas. A solicitud de ambos sectores enfrentados, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica aceptó ser mediadora en el diálogo, aunque algunos obispos se han declarado abiertamente en contra del gobierno.
La situación volvió a la calma cuando el Presidente declaró que se derogaba la reforma a la seguridad social, para buscar otras opciones en el diálogo nacional. A continuación, pequeños grupos politizados permanecieron protestando, repudiando el diálogo y exigiendo la renuncia del Presidente, en aras de lo cual han permanecido incitando a la violencia desde los medios de comunicación controlados por ellos, y a través de éstos divulgando cifras falsas que aumentan cada vez más la cantidad de fallecidos en las protestas, para lo cual incluyen en sus listas a personas cuya muerte no tuvo nada que ver con los hechos violentos ocurridos, entre los que además se debe mencionar el hecho de que la delincuencia aprovechó la situación para atacar a las autoridades del orden público e incluso, fueron muchos los casos de enfrentamientos entre diversos grupos delincuenciales por el control de territorios; lo cual también ocasionó muertes, pero no hizo que la situación de violencia se prolongara, debido a que tales grupos en Nicaragua no tienen ni de cerca la capacidad organizativa y operativa de las maras, que son características de los tres países vecinos del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Actualmente, la Fiscalía General de la República investiga los hechos para proceder a acusar formalmente a las personas que sean encontradas como responsables de las muertes ocurridas, y por iniciativa de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, ésta formó una Comisión de la Verdad integrada por personalidades de prestigio en el país, ajenas al conflicto. Sin embargo, en la percepción general tanto dentro como fuera de Nicaragua, se ha instalado el mito de que hubo una masacre estudiantil perpetrada por la Policía Nacional, lo cual es absolutamente falso.
Es posible que tanto las reformas en sí como el método para implementarlas no hayan sido lo mejor, pero no puede negarse que con ellas se intentaba frenar las políticas que pretende imponer al país el FMI con respaldo de la empresa privada, que precisamente por eso no respaldó las reformas del gobierno, apoyó las protestas e incluso, inicialmente pretendió condicionar su participación en el diálogo. Esto constituyó una ruptura temporal del mecanismo de consenso que se ha venido implementando con participación del gobierno, los sindicatos y el sector privado para definir cosas tales como los aumentos al salario mínimo, la política fiscal y demás aspectos de la vida económica y laboral del país.
Llama la atención que la escalada violenta se haya presentado simultáneamente en varias de las principales ciudades del país, y que se haya desarrollado con métodos similares en todas partes donde esto sucedió. También es llamativa la similitud entre estos hechos y el formato de desestabilización aplicado por el imperialismo en los países árabes. Es curioso ver a alguien como Ileana Ross-Lethinen y a toda la fauna ultraderechista norteamericana y latinoamericana respaldando lo que pretende presentarse como una protesta social en contra de políticas neoliberales. Lo alucinante, sin embargo, es ver cómo algunos opinadores autoconsiderados de izquierda cierran filas en contra del sandinismo a raíz de lo sucedido, acusando al gobierno nicaragüense y al Presidente Daniel Ortega, de haber abandonado los principios revolucionarios, y presentando como los verdaderos sandinistas a los “renovadores” que renunciaron al socialismo y al antimperialismo a raíz del derrumbe soviético, y que no han dudado en acudir desde hace ya algún tiempo ante los sectores más reaccionarios del Congreso norteamericano a solicitar sanciones económicas contra Nicaragua.
Se acusa al gobierno sandinista y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de estar dirigido por corruptos, y se habla del surgimiento de una burguesía sandinista. Sin embargo, curiosamente la actual burguesía sandinista fue precisamente la que abandonó el FSLN y fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), al cual se sumaron a mediados de los noventa la mayoría de quienes fueron los más altos dirigentes políticos y gubernamentales de la Revolución Sandinista en la década de los ochenta, y cuando el sandinismo perdió el poder fue este sector el que se apropió indebidamente de bienes públicos y se alió con la derecha gobernante, como continúan hoy respaldando a los candidatos más reaccionarios de la derecha en las elecciones, mientras atacan al FSLN por las negociaciones que hizo con un sector de la derecha cuando era oposición, y que era la única posibilidad de elegir magistrados y contralores debido a disposiciones jurídicas promovidas por los mismos “renovadores” a espaldas del pueblo y en alianza con otro sector de la derecha; pero ocultando el hecho de que el FSLN jamás ha ido a elecciones en alianza con ninguno de los dos sectores de la derecha en Nicaragua: la oligarquía de la que es aliada el MRS, ni el sector de la burguesía plebeya con el que años atrás el FSLN llegó a acuerdos sin los que el sandinismo no habría vuelto al poder; acuerdos que incluso, fueron criticados desde dentro del FSLN, pero sin que por ello quienes equivocadamente los criticamos dejáramos de apoyar al FSLN y sus candidatos en las elecciones siguientes.
Ningún burgués fue visto en las manifestaciones del sandinismo en defensa de la Revolución durante los reciente acontecimientos; en cambio, en las manifestaciones de la derecha era notoria la presencia entusiasta de la burguesía nicaragüense, inconfundible como en todas partes por su buena ropa “de marca”, sus pañuelos y gorras, sus caros lentes oscuros, sus refinados modales y en el caso de América Latina, su piel blanca heredada de los colonizadores que con el despojo a nuestros pueblos originarios, dieron origen a sus fortunas teñidas de la sangre indígena y del sudor de los esclavos, así como de los obreros y campesinos que en Nicaragua, con Sandino, levantaron la frente para siempre y para admiración de los pueblos del mundo, enfrentando a sus opresores de adentro y de afuera con valentía sin igual, como se disponen ahora a defender las conquistas revolucionarias, alcanzadas por el sacrificio de más de ochenta mil nicaragüenses caídos en la guerra de liberación contra el somocismo y en la guerra de los ochenta en defensa de la Revolución Sandinista, que hoy como ayer advierte al imperialismo y sus lacayos, que NO PASARÁN.