Las elecciones de 2019 son el pretexto. Estados Unidos, a través de distintos medios y actores, está activando su tercer gran plan para desestabilizar al gobierno de Evo Morales, bloquear el proyecto de continuidad político-electoral del líder indígena e interrumpir el proceso de cambio.
Empero, lejos de representar fortaleza, estas acciones externas contra el proceso de cambio en Bolivia más bien ponen en evidencia la profunda debilidad de la oposición interna, que pretende ganar desde fuera del país lo que no ha podido todavía ganar desde dentro.
El plan intervencionista de Estados Unidos estaba cantado. No hay ninguna razón para que el imperialismo estadounidense no active planes y medidas para entrometerse en asuntos internos de Bolivia, de la misma manera como ya lo hizo contra todos los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina.
Con unos, con los más débiles al inicio, como son los casos de Honduras y Paraguay, llevó adelante golpes de nuevo tipo, para luego aplicar la fórmula contra el más fuerte: el Brasil, donde se produjo un golpe en dos tiempos. El primero, golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, y el segundo, judicial, contra Ignacio Lula. Contra otros, cuyo rasgo común es haber llevado adelante cambios más profundos por la vía de la Asamblea Constituyente, como son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, fracasó en su intento de derrocarlos por la vía de la violencia, aunque en el caso del último país, ya sin Rafael Correa, ha logrado activar hasta ahora de manera exitosa una revolución pasiva con Lenin Moreno como presidente.
De hecho, como bien se encarga de apuntar el Consenso de Nuestra América, aprobado por el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo que se llevó a cabo en Managua en 2017 y ratificado en el XXIV Encuentro del mismo foro en La Habana, en julio de este año, la izquierda solo ha sido derrotada por la vía electoral en Argentina. En el resto, como se señala líneas arriba, lo hizo por métodos no democráticos, tal como se continúa intentando contra Venezuela.
La contraofensiva contrarrevolucionaria y restauradora empezó en la administración Obama y continúa, de forma más perversa, con el gobierno de Donald Trump, quien pretende evitar que Estados Unidos deje de ser el hegemón mundial y obviamente pierda el control de América Latina. En realidad, para ser más preciso, busca restablecer su dominación y hegemonía en ese lugar del planeta que desde la doctrina Monroe lo considera su “patio trasero”. El hecho de que países como Bolivia, Cuba, Venezuela y otros hayan sido los principales forjadores de novedosos criterios de integración y unidad latinoamericana a través del ALBA, UNASUR y la CELAC es algo que Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar.
Este su proyecto de restauración conservadora encuentra activa resistencia, en mayor o menor grado, de los procesos revolucionarios de Cuba –a la que Evo Morales calificó en La Habana como la madre de todas las revoluciones-, Venezuela y Bolivia, pero también de El Salvador. A esta lista hay que sumar a México, que desde diciembre próximo será gobernado por Manuel López Obrador, quien obtuvo una histórica victoria a principios de julio.
Bolivia no es la excepción
Pues bien, Bolivia no es la excepción. Desde razones ideológicas hasta factores geopolíticos, Estados Unidos requiere acabar con los gobiernos de países donde se llevan adelante revoluciones en las condiciones del siglo XXI. De los gobiernos progresistas ya se hizo cargo casi de todos, solo le quedan Uruguay y El Salvador. Y Bolivia, reiteramos no es la excepción.
Contra el proceso de cambio boliviano, encabezado por el líder indígena Evo Morales, se han desarrollado desde el principio todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial. Sin temor a equivocarnos, podemos observar tres grandes intentos de interrumpir el proceso político más profundo de toda la historia de este país ubicado en el corazón de Sudamérica.
El primer intento por derrocar a Morales se llevó delante de manera temprana en el período 2006-2009. Preocupado por un gobierno que de entrada nacionalizó el petróleo, recuperó los recursos naturales y las empresas para el Estado, convocó a una Asamblea Constituyente, empezó a ejercer soberanía estatal en todos los campos, apostó al carácter multilateral de las relaciones internacionales e impulsó, junto a otros países de la región, novedosos mecanismos de integración y concertación política (Alba y Unasur), Estados Unidos mantuvo su línea conspirativa. Para ello utilizó a la DEA –que se dedicó al espionaje político junto a la CIA- y a la capacidad instalada de su embajada en La Paz, para organizar y fomentar los planes de división territorial, que fue la forma concreta con la que se pretendía derrocar al gobierno de izquierda.
La intentona golpista fue derrotada por la capacidad de movilización del gobierno y de los movimientos sociales más que por el accionar institucional de la Policía y las Fuerzas Armadas. El efecto de esa derrota sería duro para los Estados Unidos: el embajador Philip Golberg fue expulsado y también la DEA. Meses después, ya debilitada, la ultraderecha boliviana experimentaría otra nueva derrota al desmontarse una célula terrorista, con integrantes extranjeros, que pretendía retomar la debilitada bandera del separatismo e incluso asesinar al presidente Evo Morales.
El segundo intento se llevó adelante entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Frente al proyecto gubernamental de modificar vía referéndum el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para habilitar el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, una conspiración político-mediática activada por los Estados Unidos a través de Carlos Valverde –ex director nacional de inteligencia del gobierno de Paz Zamora (1989-1993) y una fuente de consulta permanente para los EEUU según lo confirman los WikiLeaks-, logró romper el vínculo emocional de un porcentaje de la población que hasta ese momento siempre había votado por Morales (2005, 2009 y 2014). El presidente boliviano denunció el día y la hora en que el encargado de Negocios, Peter Brennan, y Valverde se habían reunido en Santa Cruz para afinar el plan que ponía en duda la autoridad moral del máximo conductor de la revolución boliviana. Varios errores cometidos en el afán de aclarar la denuncia –que finalmente resultó siendo falsa-, contribuyeron a la confusión y facilitaron el revés electoral para el oficialismo.
Pero Estados Unidos y la derecha no lograron completamente lo que querían. El estrecho margen por el que perdió el SI impidió que los llamados a que Morales renunciara pudieran materializarse. Empero, esta fue la primera vez que los partidos opositores se subsumieron en las llamadas “plataformas ciudadanas” y el accionar desestabilizador de un grupo de medios de comunicación, así como en el movimiento activo de las redes sociales.
Imposibilitados por refutar el éxito del modelo económico boliviano, que por cuarta vez consecutiva alcanzó en 2017 el mayor crecimiento de la región y que este 2018 volvería a ratificar ese sitial, y con una buena gestión a pesar de enfrentar algunos problemas, como la disminución del precio de las materias primas, Estados Unidos y la derecha boliviana se encuentran desplegando ahora su tercer gran intento de revertir la revolución boliviana.
El motivo empleado esta vez es la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y, por tanto, el rechazo a la anunciada candidatura de Evo Morales para las elecciones de 2019. La razón de fondo es interrumpir la continuidad del proceso de cambio. Las herramientas empleadas son las “plataformas ciudadanas”, cuyo desplazamiento dentro y fuera del país cuentan con el apoyo financiero de partidos opositores y de agencias estadounidenses como el NDI, IRI y la NED, y según hay indicios también de algunas europeas.
Este tercer gran intento desestabilizador también está camino a estructurar un frente internacional injerencista, a través de la OEA y la CIDH, el gobierno y el congreso de los Estados Unidos. Por eso no es casual que a fines de noviembre del pasado año la administración Trump y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen se hayan pronunciado en contra de la sentencia constitucional que, sobre la base de la Constitución y la Convención Americana, habilita a todas las autoridades electas, nacionales y subnacionales, a postularse para la reelección indefinida. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un activo militante contra la revolución venezolana y los gobiernos de izquierda, también se ha pronunciado contra la sentencia del TCP.
“En realidad, el artículo 23 de la Convención Americana de DDHH citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referendo por voluntad popular en #21F de 2016”, escribió en su cuenta de Twitter el secretario del organismo.
La elaboración de un informe por parte de la Comisión de Viena a pedido de la OEA, donde se afirma que la reelección no es un derecho humano, forma parte de las condiciones en las que busca apoyarse lam derecha boliviana.
Lo que si llama la atención es que desde 2006, esta es la primera vez que el Departamento de Estado hace conocer un comunicado en la que insta a Morales a desistir de ser candidato en 2019. “El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual Gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos”, dice textualmente la administración Trump, al afirmar que hay un “paso atrás en la democracia” boliviana.
En la misma dirección se pronunció la congresista republicana Ros-Lehtinen, quien señaló que Estados Unidos no debe quedarse callado y que debe ” enviar un mensaje claro de apoyo al pueblo” boliviano. La legisladora estadounidense se pronunció casi con las mismas palabras injerencistas el 7 de diciembre de 2017 y el 21 de julio de este año.
Por tanto, el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las posiciones del Secretario General de la OEA y el movimiento en el Congreso estadounidense representan, sin dudas, acciones de un mismo plan contra el proceso de cambio. Esto recién empieza.
Fuente: Cubadebate