El presidente Nicolás Maduro reveló el plan que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dirige junto al apoyo logístico de los gobiernos de Brasil y Colombia, buscando crear falsos positivos en zonas fronterizas con el motivo de generar confusión y propiciar un conflicto violento donde puedan involucrarse directamente las fuerzas militares de estos países. También estaría planificado su asesinato.
Fuente: Misión Verdad
Los detalles de la operación estaban preparándose en el municipio de Tona (Colombia), donde 734 miembros de un grupo paramilitar denominado G8, entrenaban para realizar ataques a unidades militares en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El sitio de ensayo está ubicado muy cerca de la ciudad de Chinácota, lugar en el que se dispusieron los preparativos del magnicidio en grado de frustración que ocurrió en el mes de agosto.
Hacia el centro-oeste de Colombia se denunciaron a otros mercenarios que están siendo adiestrados en la base aérea de Tolemaida, que serían utilizados para integrarse a los ataques irregulares.
En la rueda de prensa, Maduro especificó la existencia de un grupo comando que tiene el objetivo de atacar a la base aérea Libertador (Aragua), la base aérea de Barcelona (Anzoátegui) y la base naval Agustín Armario (Carabobo).
Maduro subrayó el aporte de Brasil en el acondicionamiento de los ataques, al informar que la delegación de Bolton recibida por Hamilton Mourao, vicepresidente electo brasileño, dejó encargarda a éste de propiciar enfrentamientos en los límites fronterizos con Venezuela.
Para estas tareas, fueron destinados 120 millones de dólares en una partida secreta del Estado norteamericano, que abarca la captación de figuras militares miembros de la FANB (posibles candidatos a traicionar las instituciones venezolanas) buscando mayor apoyo técnico en el plan de derrocamiento del gobierno venezolano.
En la rueda de prensa, también se mencionó al ex coronel Oswaldo García Palomo, quien se encuentra en Colombia y reincide en las reuniones conspirativas para conformar células armadas mercenarias. El Presidente de la República lo acusó de estar «ofreciendo gigantescas cantidades en dólares a oficiales, hemos recibido decenas de llamadas de nuestros efectivos alertando sobre esto».
Recientemente, García Palomo había reconocido estar encausando insubordinaciones para retomar la fallida Operación Constitución y confirmó su relación con los grupos encargados de ejecutar el intento de asesinato a Nicolás Maduro en su aparición pública del 4 de agosto.
Estas denuncias pronunciadas por el Ejecutivo nacional verifican los datos que la prensa norteamericana filtró sobre la implicación de altos funcionarios norteamericanos en intentos de golpe de Estado durante el año 2018. Se trata del reportaje elaborado por el medio financiero Bloomberg y un texto publicado por The New York Times (NYT).
El primero señala las alianzas de Estados Unidos y Colombia para coordinar un golpe de Estado que interrumpiera las elecciones presidenciales del 20 de mayo, basándose en un informe judicial. El plan conocido como Operación Costitución involucraba a militares venezolanos conspiradores y fue desmantelado por actividades de inteligencia del Estado, mediante el arresto de una docena de militares y civiles.
Más adelante, este mismo conglomerado aportaría pruebas a la investigación del atentado con drones, al difundir una reunión entre un grupo que pretendía asesinar al Presidente de la República y solicitaba la cooperación del sector militar disidente. Allí le mostraron videos de drones siendo manipulados en una granja en Colombia, información que anteriormente había sido difundida por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez.
Por su parte, el NYT expuso al presidente Donald Trump, revelando que funcionarios de su administración se acercaron a militares rebeldes venezolanos con el supuesto fin de obtener información sobre los planes golpistas y calcular las oportunidades de resultados positivos.
Brasil y Colombia sustituyen a los responsables de la anti-política local
La realidad es que el trayecto violento de ataques mercenarios y golpes militares es manejando en las sombras de las medidas restrictivas al hábitat económico de Venezuela. La partida oculta de 120 millones de dólares que Washington destina a conseguir aliados dentro y fuera de las fuerzas militares nacionales, se viene ensayando desde 2015 con la Operación Jericó y la conformación de células terroristas que tuvieron su mayor expresión mediática en las acciones terroristas del ex agente policial Óscar Pérez.
A pesar del intenso lobby que hicieron políticos de la oposición por la intervención militar (desde Julio Borges hasta María Corina Machado, pasando por dirigentes sin dirigencia como Antonio Ledezma) con relación a años anteriores, se observa una mudanza de responsabilidades políticas desde representantes internos a interlocutores internacionales que sí cristalicen resultados positivos en los planes golpistas.
Emulando el golpe militar obrado en Honduras al ex presidente Manuel Zelaya, el Departamento de Estado construye las condiciones que traspasen y minen el principal anillo de protección civil venezolana, que anuló los intentos de revolución de color. La desarticulación de la FANB confiaría a las fuerzas militares de socios brasileños y colombianos a una incursión intervencionista.
Si bien Juan Manuel Santos asumió la coordinación regional del asedio en los últimos meses de su gestión, el ascenso del candidato uribista Iván Duque y la victoria de su par de ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, revitalizan la colaboración coordinada de Brasil y Colombia en los planes de Estados Unidos para lograr control geopolítico en Latinoamérica.
Esta razón central convive con los intereses particulares de las naciones participantes: expandir las vías de narcotráfico hacia la zona del Mar Caribe, ruta que no controlan las mafias colombianas, y retomar el expolio sin restricciones de los recursos mineros, entre ellos el oro, diamantes y bauxita, luego de que el Estado venezolano reordenara el territorio que contiene esas riquezas y regulara los procesos de extracción a través del Arco Minero, conectándolo a los planes de estabilización económica.
Factor Bolton en los planes golpistas
Que John Bolton sea acusado de estar encargado de las operaciones desestabilizadoras en el país no toma por sorpresa. Sus discursos públicos lo ubican rápidamente en la línea dura de los neoconservadores. Este belicista defensor del lobby israelí, que mucho antes de asumir el cargo como Asesor de Seguridad Nacional sugirió como salida política en Libia asesinar a Muammar Gadaffi.
Tampoco se retracta de la participación norteamericana en la invasión de Irak, donde fue un factor clave en 2002 al alegar el uso de «armas de destrucción masiva» como excusa para la intervención. Entre sus actividades diplomáticas recientes está la peligrosa promoción del deterioro en las relaciones con las potencias nucleares de Irán y Corea del Norte.
Con respecto a Venezuela, Bolton hizo una referencia el mes pasado, en medio de un evento que reunía a figuras del lobby anticubano y antivenezolano, mencionando que el país, junto a Cuba y Nicaragua, eran la «Troika de la Tiranía».
Más allá de afirmar que la Administración Trump ampliaría las sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, el compromiso del Asesor de Seguridad Nacional en Florida confiere un mensaje que no debe ser subestimado, teniendo en cuenta además que fue parte de la campaña electoral para no perder distritos clave en las recién celebradas elecciones de medio término: se le garantiza a gestores intelectuales y financistas de anteriores incursiones a la violencia que se endurecerá la posición contra los «regímenes dictatoriales».
Viaje a Rusia, China y visita de Erdogan: ¿recomposición del frente interno?
La contraofensiva diplomática de Venezuela se compone de alianzas con los bloques emergentes liderados por China y Rusia. En este sentido, las dos visitas oficiales realizadas en el transcurso de la segunda mitad del año 2018 por Nicolás Maduro a esos países reportan a primera vista acuerdos comerciales que podrían contrarrestar los efectos de las agresiones financieras a Venezuela.
Pero, al introducir esos movimientos diplomáticos en el lenguaje de la guerra, los convierte en fuertes elementos disuasorios, más aun si se evocan los recientes ejercicios militares con la aviación rusa, debido a las repercusiones geopolíticas que tendría una aventura militar con participación estadounidense, colombiana y/o brasileña en el país.
Y aunque parezca contradictorio, esto mismo es una razón apremiante que acelera el ritmo de creación de un clima político que permitiera esa intervención antes de que Venezuela gane mayor influencia debido a su apoyo por la dupla euroasiática.
Preocupa también que el Plan de Recuperación Económica estropee la atmósfera de desmoralización con la que consiguieron atraer ciertos adeptos a actividades conspirativas. La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y los tratados bilaterales con Turquía para sortear el bloqueo económico en un tono de complementariedad, mirando a fortalecer los lazos entre naciones que irrumpen en las acostumbradas imposiciones unilaterales de Estados Unidos, juegan en contra de las operaciones de violencia militarizada.
Simultáneamente, aliados de la Unión Europea continúan flexibilizando su política agresiva, perfilando un grupo de contacto para entablar conversaciones con autoridades venezolanas, declinando la agenda intervencionista por la opción del diálogo en la región.
A los funcionarios como Bolton, que se entienden en los términos de amenazas belicistas (y cumplimiento de las mismas), les toca ahora compensar la pérdida de maniobra en la opinión pública que deja la denuncia a tiempo que hizo el gobierno venezolano, de la capacitación y entrenamiento a paramilitares para escalar el conflicto vía terceros. El tiempo apremia.