Los gobiernos de Estados Unidos, aferrados todos a asfixiar a Cuba, ya que no han podido vencerla, no se conformaron con el bloqueo económico y comercial implantado desde 1962 y, en marzo de 1996, aprobaron la Ley Helms-Burton, conocida así por la autoría de dos congresistas de los tantos que han pasado por esa estructura y no se han convencido aún de que Cuba sabe defenderse, en primer lugar, con su dignidad y resistencia.
En ese país, donde los que llegan al poder pueden llamarse demócratas o republicanos –la cuestión es que tengan bastante dinero–, no debe extrañarnos que haya sido un demócrata, Bill Clinton, quien firmara, el 12 de marzo de 1996, el nuevo engendro logrado por presiones –siempre han existido– de los sectores más recalcitrantes de la contrarrevolución instalados en la parte sur de la Florida.
El documento, ilegal en toda su dimensión, tiene un Título III, que puede catalogarse como uno de los ejercicios más insolentes de un gobierno, de irrespeto a otros países y ajeno totalmente al concepto de soberanía que ha defendido y defiende Cuba. Su propósito es, desde el punto de vista económico, frenar por todos los medios que los empresarios extranjeros inviertan aquí.
Han pasado 23 años de la puesta en marcha de la Helms-Burton, ya de aquellos trasnochados congresistas no se habla; vinieron otros acompañando a presidentes de uno u otro partido, y Cuba está aquí, libre, soberana, y cada vez más comprometida con su proyecto social, político y económico, tal y como se refleja en su nueva Constitución que su pueblo acaba de refrendar en referendo popular con el Sí del 86,85 % de quienes ejercieron el voto.
Y resulta conveniente volver a la génesis de todas estas leyes y patrañas aplicadas por las administraciones estadounidenses contra Cuba, porque los años pasan y las nuevas generaciones deben estar bien informadas sobre el objetivo real de cada medida, ley, amenaza o agresión, durante estos más de 60 años. La pretensión única es destruir a la Revolución Cubana.
En las últimas décadas un papel muy importante en este plan es el que juegan los grandes medios de comunicación al servicio de Estados Unidos y algunas potencias europeas.
El Título III de la citada ley, que ahora la administración Trump ha desempolvado, establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de Estados Unidos demandas contra todo extranjero que «trafique» con propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, llevado a cabo por el Gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.
Invito a la juventud a buscar en bibliotecas y centros de documentación el contenido de la Ley cubana que decretaba la confiscación de propiedades de extranjeros en nuestro país al principio de la Revolución y cómo fue todo lo relacionado con el proceso de indemnización establecido, al que se acogieron todos los demás países cuyos ciudadanos tenían propiedades en la Isla, y que Estados Unidos no aceptó, y por tanto, ni sus empresas nacionalizadas, ni los ciudadanos estadounidenses se acogieron a la misma, en franca arrogancia, apostando a que la Revolución se vendría abajo en no más de tres meses.
Es muy recomendable que abuelos, padres, tíos y otras personas que vivieron o recibieron información de aquellos años de explotación a que era sometida la población cubana, expliquen esto a las nuevas generaciones, sin adulterar una pisca de tanta infamia a la que fue sometida Cuba, primero por el imperio español y luego por el norteamericano.
Fuente: Granma