IMPACTOS BLOQUEO ECONOMICO A VENEZUELA
Sanciones: Medidas coercitivas unilaterales
El 24 agosto de 2017, la administración Trump dictó la Orden Ejecutiva Nro 13808 mediante la cual impuso un conjunto de medidas coercitivas y unilaterales contra la economía y las finanzas de la República Bolivariana de Venezuela.
La medida persigue las operaciones financieras desde o hacia Venezuela, y prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda soberana de Venezuela, así como cualquier operación relacionada con la deuda de la compañía petrolera nacional, PDVSA. El decreto también negó a filiales de PDVSA -como la empresa CITGO con sede en EEUU- repatriar dividendos o utilidades hacia el Estado venezolano.
Desde entonces, Donald Trump ha firmado cuatro decretos adicionales que castigan la economía de Venezuela, a saber:
a.- La Orden Ejecutiva Nro 13827, de marzo de 2018 contra la criptomoneda Petro.
b.- La Orden Ejecutiva Nro 13835, de mayo de 2018 contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela.
c.- La Orden Ejecutiva Nro 13850, de noviembre de 2018 contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela.
d.- La Orden Ejecutiva Nro 13857, del 28 de enero de 2019, que establece el bloqueo – congelamiento de los activos de PDVSA (CITGO) en EEUU.
Las Órdenes Ejecutivas de Donald Trump cierran el ciclo iniciado en diciembre de 2014 con la aprobación en el Congreso de EEUU de la “Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, y la Orden Ejecutiva Nro 13692 de marzo de 2015, conocida como Decreto Obama, que definió a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.
En total, desde marzo de 2015, EEUU ha dictado seis decretos ejecutivos que penalizan y castigan las actividades económicas de Venezuela, centrándose en los aspectos financieros y petroleros, y estableciendo de facto un bloqueo sobre la economía venezolana.
Con este conjunto de instrumentos legales, el Gobierno estadounidense legalizó su política de intervención directa en la soberanía y los asuntos internos de Venezuela, y profundizó la persecución contra el Gobierno y la economía venezolana.
Hasta comienzos de 2019, el camino de la agresión económica ha sido pavimentado adicionalmente por un sinnúmero de medidas administrativas – particularmente por parte del Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC), y el sistema financiero internacional- que castigan y persiguen las actividades económicas, las finanzas y el comercio internacional de Venezuela.
“La aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra un Estado soberano constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”
Se trata de una vieja práctica diseñada por EEUU durante la Primera Guerra Mundial, a través de la “Ley de Comercio con el Enemigo” de 1917, que restringió y penalizó cualquier actividad comercial con países que se encontraran “en conflicto militar” con EEUU.
En la práctica, las acciones punitivas contra Venezuela suponen la aplicación del mismo esquema injerencista aplicado con especial intensidad contra Cuba desde 1962; Chile entre 1970-73; Nicaragua a partir de 1979; Irán e Irak desde los años 80, contra varios países de África a lo largo de varias décadas, y más recientemente, contra Siria, Libia y la República Popular Democrática de Corea, entre otras naciones.
Las medidas de castigo a las finanzas y el comercio de naciones soberanas buscan establecer un cerco económico con miras producir un colapso social en el país objetivo, allanar el camino para la remoción del poder de Gobiernos no dóciles a Washington y su sustitución por parte de sectores alineados a los intereses estadounidenses.
En el caso de Venezuela, tal como han reafirmado en diversas declaraciones las más altas autoridades de EEUU, se trata de negarle los recursos económicos, perturbar sus actividades financieras e impedir el libre desenvolvimiento de la actividad comercial, incluyendo el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos, hasta provocar un caos de naturaleza humanitaria en Venezuela.
El guión de la intervención directa en Venezuela se ejecuta entonces bajo la excusa de la existencia de una supuesta “crisis humanitaria”, que estaría desequilibrando el hemisferio, y exigiría por tanto, una respuesta internacional amparada en doctrinas intervencionistas como el llamado ”derecho de proteger” y otras elaboraciones discursivas no amparadas en el Derecho Internacional.
“La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto (…) han obligado al Gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos”.
“El bloqueo del acceso a alimentos y medicinas para el pueblo venezolano constituye en la práctica un delito de lesa humanidad”
El reconocimiento público por parte de autoridades estadounidenses ratifica la denuncia sistemática de Venezuela ante la comunidad internacional:
1.- Las medidas coercitivas y unilaterales, denominadas “sanciones”, constituyen en la práctica un bloqueo a la economía, las finanzas y el comercio internacional de Venezuela, y tienen como finalidad desestabilizar la democracia y producir en Venezuela un “cambio de régimen”. 2.- El bloqueo económico y financiero obstruye el acceso de Venezuela a alimentos, medicinas, bienes básicos y financiamiento internacional, lo cual ha impactado el desempeño económico de Venezuela, desde el año 2015, afectando severamente al pueblo venezolano.
3.- El bloqueo económico y financiero es un acto violatorio del Derecho Internacional Público, de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Humanitario y de los principios que rigen la conducta de los Estados en el marco del sistema internacional.
4.- Por sus terribles efectos sobre la población, por las penurias económicas que produce y el impacto sobre la vida social y la salud del pueblo venezolano, el bloqueo económico y financiero -de acuerdo a lo expresado por el Relator de las Naciones Unidades para un Orden Democrático Sostenible, Alfred de Zayas, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es un acto consciente de violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano y debe ser considerado un delito de lesa humanidad.
Acciones aplicadas a las finanzas de Venezuela
- Prohibición de transar instrumentos de deuda soberana y de instrumentos de deuda de PDVSA.
- Congelación de activos en EEUU de la empresa CITGO, propiedad del estado venezolano.
- Cierre de cuentas pertenecientes a organismos y empresas de Venezuela por parte de bancos y otras instituciones financieras internacionales.
- Acciones judiciales en tribunales extranjeros que buscan confiscar activos venezolanos, particularmente de la empresa petrolera venezolana.
- Negativa del sistema financiero internacional a procesar transacciones financieras desde o hacia Venezuela, o retardo en el procesamiento de transacciones financieras.
- Congelación y retención de fondos de Venezuela, oro y otros activos.
- Imposición de multas, penalizaciones y diversas medidas administrativas para elevar los costos de transacción de Venezuela.
- Negativa de empresas farmacéuticas transnacionales de despachar medicamentos adquiridos por Venezuela.
- Bloqueo de envío y confiscación de cargamentos de alimentos por parte de Gobiernos hostiles a Venezuela.
- Cierre de cuentas de misiones diplomáticas de Venezuela que impiden el normal desempeño del servicio exterior.
- La persecusión a las actividades de PDVSA ha producido pérdidas millonarias a la industria petrolera nacional y ha generado graves efectos en las actividades operativas de la industria.
- El bloqueo ha inducido una caída de la actividad económica interna y del comercio internacional de Venezuela.
- Ha estimulado el encarecimiento del costo de divisas impulsando los ataques especulativos contra la moneda nacional.
- El bloqueo ha producido desabastecimiento y escasez en sectores esenciales de la economía como alimentos, medicinas y bienes esenciales para la industria.
- La agresión económica ha promovido la fuga de capitales.
- La negación del crédito, el bloqueo financiero y el encarecimiento del crédito internacional a Venezuela ha generado gigantescas pérdidas financieras para la República.
Impactos sobre el sector alimentos
El bloqueo económico contra Venezuela ha afectado decisivamente la disponibilidad de alimentos para el pueblo venezolano.
En términos cantidad de alimentos- Venezuela dejó de recibir 3 millones 930 toneladas métricas de alimentos en 2016 y 6 millones 150 mil toneladas métricas adicionales en 2017.
La disponibilidad de alimentos en 2018 fue 20% menor respecto a 2015. Esta reducción generó a su vez una caída en el patrón de consumo alimentario afectando el valor de kilocalorías disponibles durante los últimos cuatro años. La cantidad de kilocalorías disponibles en los últimos cuatro años se redujo 39%, y la disponibilidad de proteínas bajó a casi la mitad en el mismo período.
Impactos sobre los indicadores nutricionales El índice de subalimentación, indicador de la FAO-ONU, experimentó un aumento de casi el doble en el período 2015-2017 en comparación con el período inmediatamente anterior, colocando a Venezuela en categoría de “riesgo alimentario moderadamente bajo”, revirtiendo los relevantes logros en reducción del hambre alcanzados en la década anterior.
Debido a la caída de la disponibilidad de alimentos, la prevalencia de desnutrición de la población infantil superó el 5% de la población infantil en 2017. El bloqueo de EEUU elevó a 145.215, la cifra de niños y niñas afectados por desnutrición aguda y a 381.189 niños y niñas, la población afectada por desnutrición crónica en 2017. La estrategia de producir dolor en el pueblo venezolano detuvo temporalmente la importante reducción en los indicadores nutricionales alcanzados por Venezuela que llevó a la FAO declarar a nuestro país territorio libre de hambre.
Impactos sobre el sector salud
El objetivo principal del bloqueo en materia de salud ha sido el negar a Venezuela el acceso a materia prima, medicamentos, equipamiento médico, con el fin de provocar una crisis de en los servicios de salud. Dentro de esa perspectiva, las medidas coercitivas unilaterales se pueden relacionar algunos de los hechos más destacados desde 2017:
Bloqueo por parte del banco estadounidense Citibank de los fondos destinados a la importación de 300.000 dosis de insulina, perjudicando a más de 450.000 pacientes.
Bloqueo a la compra de 2 millones de unidades de tratamiento antimalárico. El laboratorio BSN Medical, con sede en Colombia se negó a despachar el medicamento habiendo recibido el pago. La empresa que hizo la transacción fue sancionada poco después por parte de EE.UU.
Bloqueo por parte del banco suizo UBS de transacciones de Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destinadas a la compra de vacunas para el programa de inmunización de 2017. Este hecho obligó a Venezuela y a la OPS a buscar alternativas con bancos de otros países generando un retraso de cuatro meses en el programa de inmunizaciones.
Negativa por parte de transnacionales farmacéuticas Pfizer y Novartis de vender de medicamentos, reactivos e insumos para el tratamiento de enfermedades crónicas. Entre los medicamentos cuya compra fue impedida a Venezuela se encuentran medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, inmunodepresores para personas transplantadas y reactivos e insumos para laboratorios.
La retención de fondos venezolanos por valor de 1.200 millones de dólares realizados por la empresa financiera Euroclear perjudicó un conjunto de compras programas de medicamentos y equipamiento para los servicios de salud de Venezuela.
Bloqueo de transacciones financieras destinadas a la compra inmunoderivados, específicamente inmunoglobulina.
Bloqueo por parte del banco Santander de España de transacciones financieras destinadas a la compra de repuestos de equipos dedicados a intervenciones de cirugía cardiovascular para niños y niñas. Más de 800 intervenciones programas en el Hospital Cardiológico Infantil de Venezuela no se pudieron realizar por no haber podido adquirir dichos repuestos.