Cuba, como ha ocurrido desde el triunfo de su revolución, enfrenta una guerra permanente y sistemática de parte de los Estados Unidos
La administración de Donald Trump se encarga de confirmar, semana que pasa, que la revolución socialista de Cuba es uno de los objetivos geopolíticos a desestabilizar y derrocar en América Latina y el caribe, junto a las de Venezuela y Nicaragua, en el marco de su estrategia mundial y continental que busca evitar su inevitable declinación hegemónica.
Varias son las medidas que ese gobierno ultraconservador ha tomado contra Cuba desde inicios de su gobierno, en una dirección contraria a la línea del restablecimiento de relaciones que había empezado en el gobierno de Obama, quien apostaba por alcanzar similar “cambio de régimen” en la Isla, pero por medios y métodos distintos a los empleados contra la primera revolución socialista en América Latina desde 1959 y que todos fracasaron.
Dentro de esa estrategia de guerra permanente y sistemática, una primera agresión contra Cuba en la era Trump fue la de acusar al gobierno socialista de dirigir “ataques sónicos” contra más de una veintena de diplomáticos estadounidenses, quienes denunciaron vértigos, náuseas, problemas de audición y dolor de oídos, independientemente si estaban dentro de la imponente sede diplomática ubicada en el Malecón de la Habana, en sus domicilios o en las habitaciones de los hoteles donde estaban alojados.
El resultado de esa acción imperial contra Cuba, que nunca pudo probarse científicamente, es el abandono de un gran número de funcionarios estadounidenses, que incluye a todo el personal dedicado a la recepción de solicitudes de visa para viajar legalmente a EE.UU. Eso castiga a los cubanos que quieren emigrar legalmente y les encarece sus gastos al tener que ir a un tercer país para tener una entrevista de solicitud de visa sin la seguridad que se les otorgue.
Una segunda agresión imperial es la decisión de Trump de poner en práctica la sección III de la Ley Helms-Burton, cuyo alcance extraterritorial viola la soberanía de terceros países y de las personas jurídicas que tienen interés en hacer negocios con Cuba. Pero, este anuncio no solo busca alentar a que ciudadanos estadounidenses abran procesos por propiedades “confiscadas” por el gobierno cubano, sino persigue estimular a que ciudadanos de origen cubano, nacionalizados norteamericanos, y que forman parte de la contrarrevolución recurran al uso arbitrario e ilegal de ese recurso.
En realidad, la ley Helms-Burton se aplica toda desde 1996, aunque hasta ahora los anteriores presidentes estadounidenses lo que han hecho es limitar la posibilidad de que los tribunales de ese país, pero que ahora pretende ser empleado por Trump para arremeter contra una revolución que es conducida desde abril del año pasado por Miguel Diaz-Canel.
La última agresión imperial fue adoptada el 20 de junio pasado, cuando un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que “no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no hace esfuerzos significativos con ese fin”.
Ese informe de los EE.UU., que como bien señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, no tiene ninguna autoridad política y moral pues desconoce el “trabajo ejemplar e integral” de Cuba en la prevención, enfrentamiento y respuesta a un flagelo, que como muestran los datos, es típico del desarrollo del capitalismo.
Cuba, como ha ocurrido desde el triunfo de su revolución, enfrenta una guerra permanente y sistemática de parte de los Estados Unidos, y solo la solidaridad efectiva y militante de los países del mundo, particularmente de América Latina, podrá acompañar con hechos y no retórica la inquebrantable decisión de resistencia ejemplar e histórica del gobierno y pueblo cubanos.
Bolivia tiene la palabra.
Fuente: La Época