Para no perder el rumbo anticubano actual dictado por la Casa Blanca, los alcaldes de Miami y Hialeah se pusieron de acuerdo en adoptar una política cultural única: ningún trato con los artistas residentes en la isla mayor de las Antillas. Ni sones ni rap, ni reguetón ni salsa, ni boleros ni rumbas. Guerra fría no, sino caliente contra ellos.
La Comisión de la ciudad de Miami aprobó el pasado fin de semana la iniciativa del alcalde Francis Suárez de instar al Congreso a que prohíba «a los gobiernos estatales y locales contratar a artistas que hagan negocios con Cuba». Lo hicieron, dicen, a nombre de «la libertad de expresión». De más está decir que el ejemplo comienza por casa: ay del que ose colocar en cartel a una orquesta o cantante o humorista que viaje de La Habana al sur de la Florida. Por algo Suárez declaró que si la resolución «no lograba del todo su objetivo» –el hombre sabe que difícilmente le sigan la rima al pie de la letra todos los gobernadores y alcaldes de los municipios y estados de la Unión– «quiero lanzar un mensaje claro sobre mi postura como servidor público de mi comunidad».
Esta última afirmación debe ser acotada. La comunidad de Suárez no es, ni por asomo, la de todos los residentes en el extremo meridional del estado. Ni la de todos los ciudadanos de su municipalidad. Ni tan siquiera la de los cubanos y sus descendientes.
Él es servidor público de los que alimentan el odio y ejercen la intolerancia, los que aplauden la puesta en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, la cancelación del arribo de cruceros a la Isla y la interrupción de intercambios académicos. Él sirve, por ejemplo, a Orlando Gutiérrez Boronat, a quien recordamos a la cabeza de los provocadores que durante los días de la Cumbre de las Américas en Panamá fue a retirar la ofrenda floral que los rectores de universidades cubanas depositaron ante el busto de Martí frente a la sede diplomática de Cuba. Y si vamos más atrás encontramos al mismo sujeto detrás de la horda que trató de impedir en marzo de 2002 el homenaje a Máximo Gómez en la casa museo que honra al Generalísimo en Montecristi.
A tono con su colega de Miami, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, confesó haber consultado a «personas de fuerza política inigualable» para cancelar la participación de tres artistas cubanos en el concierto por el 4 de julio (Día de la Independencia), y citó con nombres y apellidos a dos de sus consultores: Nelys Rojas, muy bien conectada a la mafia anticubana, y, no faltaba más, Orlando Gutiérrez Boronat. Hernández es el culpable de que Señorita Dayana, El Micha y Jacob Forever no estén en el concierto. Por cierto, el congresista Mario Díaz-Balart salió por Univisión «sorprendido» por la anunciada presencia de Jacob Forever y lo tildó de «vocero del régimen» de La Habana.
Las autoridades de Miami y Hialeah, tan a espaldas de los tiempos y las realidades como los artífices de la política anticubana en Washington, no van a conseguir, como dice la canción de uno de los artistas vetados, que se seque el Malecón.
Fuente: Granma