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Opinión

Chile, de la represión al desecho de la constitución de Pinochet. Por Salvador González Briceño

Riot police detain a demonstrator during a protest against Chile's state economic model in Santiago, Chile October 23, 2019. REUTERS/Ivan Alvarado

-Violencia, sello de la reacción de Piñera a las protestas por alza del metro

-El modelo neoliberal en jaque, el trasfondo del rechazo a los manifestantes

-En tanto se promete diálogo, los carabineros continúan las arbitrariedades

La lucha social se enfrenta con métodos de guerra, y no se sabe quién aconsejó a Piñera tomar esta drástica medida

Fernando Mires, periodista chileno.

El alza al precio del transporte fue el pretexto de la sociedad chilena, porque el trasfondo es otro de largo aliento. Eso sí, no hay rumbo claro pero así son los cambios. Por tanto, cabe la siguiente pregunta: ¿La crisis actual en Chile es el principio del fin de una nueva etapa en la historia del país? Si la respuesta es positiva, bien. Si fuera negativa, entonces: ¡hasta cuándo!

Lo primero es que las protestas masivas iniciadas el 18 de agosto, encabezadas por los estudiantes contra el aumento de tarifas del transporte —con incendios y ataques a estaciones del metro—, derivaron pronto en rechazo a la violencia del Estado, a la represión, los gases lacrimógenos, chorros de agua y uso indiscriminado de balines y perdigones, con “lesiones en la cabeza, el rostro y la nuca”.

Es cuando, en segundo lugar, se generalizó la protesta de una sociedad harta de la desigualdad, de la pobreza, el alto costo de la vida y los servicios (el aumento al transporte se suma a otros como la luz, el agua, la salud), salarios de hambre y un deficiente sistema de pensiones, entre otros. Piñera le apostó al “estado de emergencia” en la ciudad, y confió al general Javier Iturriaga la seguridad pública; le apostó a la represión. Habría dicho el presidente estar “en guerra contra un enemigo poderoso”. Luego pediría perdón.

De entrada, lo que ocurre está siendo conceptualizado —digamos— de varias maneras, para tratar de entenderlo: “Primavera en Chile”, “Crisis en Chile de 2019”, “Revuelta de octubre”, “Revolución de los 30 pesos”, o “Chile despertó”. Cabe inquirir, ¿hasta dónde?

¿Habrá comenzado, luego entonces, la debacle del experimento neoliberal con 44 años de aplicación rigurosa —desde 1975 a la fecha—, tan solo dos años después del golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, asistido siempre por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Departamento de Estado y Henry Kissinger?

País desigual entre desiguales

¿Será que la clase política y económica dominante chilena cederá, luego de más de cuatro décadas de privilegios? Chile está entre los tres primeros países de América Latina más desiguales, el 7° a nivel mundial abajo solo de Sudáfrica, Haití, Honduras, Colombia, Brasil y Panamá. Le siguen Ruanda, Costa Rica y México (datos del BM). Donde el 1 por ciento de los chilenos concentra el 26.5 por ciento de la riqueza nacional (datos a 2017), en tanto el 50 por ciento de los hogares de menos ingresos accede al 2.1 por ciento de la riqueza nacional.

Pero cabe también, ¿se cumplirá la promesa del “histórico” plebiscito del viernes 15 de noviembre, para convocar en octubre 2020, llamando a convención constitucional—por cierto, una demanda añeja de la izquierda— hacia la elaboración de una nueva carta fundamental? Esperemos se respete como decisión del Congreso —acuerdo entre oficialismo y oposición; Frente Amplio, Partido Comunista, Central Unitaria de Trabajadores—, y no sea una postura para dar largas al asunto y desactivar las protestas sociales.

Primero, porque el presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique es el impulsor de las medidas anunciadas el 6 de octubre, que detonaron la inconformidad, las protestas, las movilizaciones; es decir, apadrinó la represión. Segundo, porque Piñera es parte del problema. ¿Será la solución?

Valga: ¿se aprovecharán las condiciones actuales para tirar por la borda la constitución pinochetista de 1981, esa herencia de la dictadura que ningún gobierno anterior, desde Patricio Aylwin al propio Piñera —Ricardo Lagos Escobar la reformó en 2006, solo Michelle Bachelet se propuso nuevo proyecto en 2015, pero incumplió— ha podido desechar?

Pero se requieren ciertas garantías. ¿Las otorgará Piñera? Tendría qué, puesto que él sería interlocutor con un mandato previsto hasta marzo de 2022. Tendría que darlas. O exigírselas. Sobre todo porque despierta suspicacia en sus promesas, pues con facilidad cambia de parecer.

No de ahora. Antes, durante su anterior periodo presidencial, tanto Piñera (2010-2014) como Michelet (2006-2010) han prometido mejoras en la calidad de vida de la gente, tras el anuncio de reformas constitucionales, a la educación, tributarias, en salud, pero nada. Como en México las promesas de las llamadas “reformas estructurales” del periodo neoliberal también quedaron en ofrecimientos.

En esta crisis, hoy se disculpa y mañana la represión lo desdice. Anuncia cambios, por ejemplo, para mitigar el impacto del alza de precios “a las clases más necesitadas”, pero mantiene el cuerpo de carabineros en las calles reprimiendo.

Alude, que “en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”. Pero, ¿cuándo un ejército con la tradición histórica de represión y abuso contra la población respetar los derechos humanos?

Para los gobiernos autoritarios vale más el uso de la fuerza para infundir terror en la población, que para cumplir las demandas de la gente, sean gobiernos “democráticos” o regímenes dictatoriales.

La legitimidad ilegítima

En realidad, es la fragilidad del poder político. Con todo y aparente lo contrario —precisamente con los cuerpos de seguridad del Estado—. Porque en el fondo, dicho sea de una vez, no hay fuerza que resista el auténtico poder: el de las masas populares en acción, sea pacífica o rebelde. Más allá de los temas electorales, donde el pueblo pone y él mismo debería de quietar en cualquier momento.

Pero cuando la población o las sociedades se cansan de los abusos y excesos responde siempre movilizándose, sea en forma pacífica o violenta en la defensa de sus derechos (por cierto que la gente lucha sin importar las consecuencias).

Hablando del derecho, por cierto, que bien sirve para la defensa de la propiedad y el statu quo del orden liberal, poco menos para la defensa del bienestar general.

Porque el auténtico poder lo tienen los pueblos; que sólo protestan cuando de plano los gobiernos se alejan de los asuntos generales, para enfocarse en resolver solo temas de interés particular, de unos cuantos individuos.

Es cuando se levantan y declaran en pie de lucha. Según las necesidades, pero cuanto mayor es el agravio mayor también la reacción. Es cuando, de salir a las calles, inevitablemente también la violencia se vuelve en contra del promotor y los actores.

Aquí cabe aclarar que por muy fuertes y preparados que estén los gobiernos, sean violentos represores o “democráticos”, en el uso de la fuerza bruta siempre terminan empatados todos. Es cuando los gobiernos recogen lo que siembran.

Max Weber dijo —en La política como vocación— que el Estado posee el monopolio de la violencia física, que “el Estado es la única fuente del derecho a la violencia”, es el que posee la “legitimidad” para usarla. Y con eso claro que legitimó el uso de la fuerza militar contra la gente, con todo y los ejércitos sean para la defensa del Estado frente a otros.

El caso es que Weber disocia al hombre del “estado”, como si éste fuera una entidad aparte. Es decir, aparta al hombre del “estado”; deja de lado que los “cuerpos de la fuerza” —militares o policías—, son elementos de la misma sociedad a cambio de un salario. El caso es que nadie se atreve a quitar la fuente de poder real a la gente, que se expresa o en las urnas o en la movilización social.

No obstante, ¿vale el beneficio de la duda al presidente Piñera? Al tiempo. A un mes de iniciadas las protestas de los chilenos —el pasado 18 de noviembre—, pese al anunciado plebiscito —un instrumento con dos preguntas: sí o no se quiere cambio constitucional; y bajo qué mecanismo, convención ciudadana o mixta parlamentaria—, la violencia en las calles no para.

Datos de víctimas

Desde la “plaza de la dignidad” en Santiago de Chile donde se concentra la protesta. La respuesta militar también. Hay más de 20 fallecidos, más de 200 cegados por disparos de carabineros, más de 2,381 heridos, más de 6,362 detenidos (la cifra incluye a 756 niños y adolescentes), más de 346 acciones judiciales contra las fuerzas policiales por diversos delitos, cinco por homicidio, 246 por tortura, 58 por violencia sexual, represión sin límites a la orden de Piñera. (Datos: https://tinyurl.com/sbvpew9).

Es cuando reconoce el “uso excesivo de la fuerza” por agentes del Estado en las protestas. Apenas el sábado 16 de noviembre dio marcha atrás al alza del transporte. La violencia fue el saldo de su determinación de “resguardar el orden público, asegurar la tranquilidad ciudadana y defender el estado de derecho”. Al mismo tiempo que anuncia la serie de reformas para tratar de contener el estallido social, sobre las “legítimas demandas” de la ciudadanía.

Dijo que la sociedad cambió, y que el gobierno también. Porque el pacto social bajo el cual “habíamos vivido” se resquebrajó, mostró heridas y grietas. Sus palabras suenan bien, falta que se respetan los acuerdos. Lo primero será, desde luego, resarcir los agravios. Desde ya meter a los militares a los cuarteles, porque los carabineros siguen haciendo el trabajo sucio.

Luego vendrá el ajuste de cuentas, las demandas ante las instancias de derechos humanos, y ante la justicia. Los culpables deben pagar sus excesos. Como en todo el mundo, la ley deberá alcanzar hasta el principal responsable. Por la toma de decisiones de meter al orden a los manifestantes.

Los carabineros, los cuerpos militares y policiacos también tendían, como encargados de la seguridad chilena, que ser acotados en sus funciones dentro de la nueva constitución que derive de la asamblea constituyente.

Diálogo o represión

Mientras tanto, los manifestantes quieren la paz: “Terminemos la violencia”, “paz en Chile”, “no estamos en guerra”, expresiones que ya se escuchan en las plazas públicas, mientras siguen las protestas. Ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción siguen paralizadas, con transporte insuficiente y desabasto en los supermercados.

Ya suena en las calles también el “diálogo nacional” y la necesidad de “llegar a acuerdos”. Así como los problemas que preocupan a la gente: pensiones, salud, educación, empleo, salarios, etcétera. ¿Quedará atrás el neoliberalismo, donde adquirió el ya famoso “modelo chileno” que se impuso a sangre y fuego desde la dictadura de Pinochet, un experimento hoy quebrado?

Quedan las interrogantes. Las respuestas serán para la historia. La que tejan los propios chilenos que incluya la justicia de las víctimas actuales. De Pinochet a Piñera. Del autoritarismo a la “democracia”. Por el bien de los chilenos, por Latinoamérica.

18-19 de noviembre de 2019.

Fuente: ALAI

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