El combativo y diverso movimiento social chileno iniciado con el estallido del 18 de octubre de 2019 se agrupa en la Unidad Social, un gran frente de organizaciones populares que antes de la pandemia inundó avenidas y espacios públicos, pero ha sabido encontrar en esta etapa otras formas de exigir la satisfacción de sus demandas, entre ellas las redes digitales, presencia simbólica en las calles y también huelgas de sectores esenciales. Por ejemplo, una huelga nacional de trabajadores portuarios fue decretada, como forma de presión, a la vez que las cámaras de diputados y senadores debatían el derecho al retiro de 10 por ciento de las pensiones.
La rebelión chilena hizo ver a algunos sectores pensantes de las élites que el patrón de acumulación capitalista del país austral era ya intolerable para las mayorías y, en todo caso, infundió miedo y una sensación entre ellas de que algo tendrían que ceder para continuar disfrutando de sus irritantes privilegios. Creó así las bases subjetivas para ser capaz de seguir ejerciendo una fuerte presión social sobre el poder económico y político, aunque ya no pudiera hacerlo desde las calles. De modo que recientemente ha hecho reaccionar favorablemente a muchos legisladores, incluso oficialistas, y logrado que estos dieran los pasos que han permitido llegar en las cámaras a la aprobación de la medida con las AFP. Esto se ha conseguido plasmar a pesar de una cerril oposición del presidente Sebastián Piñera y su círculo más cercano, unidos, por supuesto, a los grandes grupos económicos, con el apoyo de los medios de comunicación corporativos y de los más renombrados economistas neoliberales adscritos a los distintos partidos que administran el modelo.
Una gran mayoría de los eventuales beneficiarios del proyecto de ley estaban ya endeudados cuando estalló la rebelión, pues el famoso milagro
chileno había erosionado considerablemente el poder adquisitivo de la población, con una combinación de bajos salarios y privatización de derechos humanos básicos, como el acceso a la educación, a la salud y a otros servicios públicos, más la ilusión de las tarjetas de crédito. La pandemia agravó la situación, pues quienes reciben pensiones han tenido en muchos casos que apoyar durante el encierro a otros miembros del núcleo familiar, integrantes del ejército de 2.6 millones de trabajadores informales.
Pero, aunque es famosa la tacañería de Piñera para destinar recursos públicos a los que menos tienen, su férrea oposición a esta medida junto a los grupos oligárquicos no tiene tanto que ver con los 2 mil millones de dólares que costaría. No. Sino con el precedente de que la presión popular sobre diputados y senadores rompa con la práctica aplicada en las AFP desde su creación durante la dictadura pinochetista consistente en que una minoría insignificante de potentados utiliza los fondos previsionales de los trabajadores como propios para distribuirlos entre los principales grupos económicos que operan en el país. Más injusto e indignante por la miserable cuantía de las pensiones que recibe la mayoría de los trabajadores chilenos. Las AFP, en resumen, constituyen el corazón del neoliberalismo chileno y no es por gusto que Unidad Social exige su disolución y el regreso a un fondo de pensiones público y solidario como existía anteriormente.
Piñera está más débil políticamente que nunca, muchos de los suyos lo han dejado solo y han votado a favor del retiro de 10 por ciento de los fondos de las AFP. Si llegara a vetar esta ley o a ponerle cualquier obstáculo, las consecuencias políticas podrían incluir un gran levantamiento en medio de la pandemia hasta que renuncie el ultraderechista presidente y cuando menos el fin de las AFP.
Fuente: La Jornada