El gobierno de Sebastián Piñera continúa con erráticas y tardías acciones para enfrentar la crisis económico-social, institucional, que se ha visibilizado y profundizado, especialmente, desde marzo de este año, producto de la pandemia del Covid-19.
Una vez más, la prioridad por mantener y cuidar los intereses de los grupos económicos en desmedro de los derechos sociales y económicos del pueblo de Chile se ratifica, no sólo porque el Gobierno de Sebastián Piñera ha evitado aplicar medidas de protección para todo el pueblo, tanto en el área de salud y en el aspecto económico, (últimamente ejerciendo ilegítima presión sobre el parlamento, a propósito de la votación de los diputados sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones pertenecientes a las y los trabajadores), sino también en los mensajes acerca de la posible suspensión de la realización del plebiscito constituyente del 25 de octubre, producto de la situación de pandemia.
Creemos que el Proceso Constituyente en curso no puede paralizarse, toda vez que responde al anhelo mayoritario del pueblo chileno expresado en la revuelta de Octubre y que hoy sigue exigiendo a través de la movilización, aún en condiciones de confinamiento, porque entiende que más que nunca se debe poner fin a más de 40 años de políticas neoliberales que han mantenido y profundizado la desigualdad, explotación, discriminación, opresiones de la ciudadanía y la destrucción ambiental.
No existen razones para suspender o aplazar el Proceso Constituyente, invocando razones sanitarias, especialmente después de conocer las experiencias internacionales –en Europa, Asia y América Latina- que han realizado elecciones en período de pandemia, adoptando las medidas necesarias para resguardar debidamente la salud de los votantes. En consecuencia, convocamos a la comunidad internacional a expresar su preocupación por este intento desembozado del Gobierno chileno de impedir que el pueblo pueda ejercer su legítimo derecho de libre determinación en el plebiscito acordado para este 25 de Octubre, como el primer paso en el proceso de elaboración de una Nueva Constitución, a través de una Convención Constitucional.
Secretaría Ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad