Entrevistas

Javiera Olivares ex presidenta del Colegio de Periodistas: “No hay doble lectura, a todas luces lo de TVN es una privatización encubierta”

La también Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI de la Universidad de Chile, y vocera del Comité de Defensa de la Televisión Pública, concedió una entrevista a El Desconcierto en la que analizó las causas de fondo de las deficiencias del sistema de medios chileno, identificándolas en: la concentración de la propiedad de los medios masivos, los graves conflictos de interés de quienes son dueños de estos medios y a la vez son dueños de bancos, por ejemplo, y la ausencia total de apoyo estatal para el único medio público que queda (TVN), así como para otros medios que igualmente lo necesitan, como los comunitarios e independientes.

Tanto la pandemia como la crisis político social que explotó en octubre de 2019 dieron cuenta de un mismo fenómeno: lo precario del sistema tradicional de medios comunicación en Chile.

En octubre fue la propia ciudadanía la que salió a las calles y antes las cámaras gritó “apaga la TV” o “la TV miente”. Hoy, es la inmensa cantidad de situaciones que pasan inadvertidas para la prensa, y que significan muchas veces vidas humanas, lo que demuestra una vez más la disociación entre medios y ciudadanos.

Peor aún, hechos como el reciente cambio en los permisos sanitarios para periodistas, que terminó por excluir a todos los informadores que no sean parte de una empresa, y el reciente anuncio de la venta del emblemático edificio de TVN, que viene a debilitar aún más al último medio público que estaría quedando en el ecosistema nacional, dan cuenta de un Estado que no busca fortalecer este debilitado sistema de medios, sino que todo lo contrario.

Sobre estas problemáticas El Desconcierto conversó con Javiera Olivares, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, vocera del Comité de Defensa de la Televisión Pública (CDT), y ex presidenta del Colegio de Periodistas, a quien la pandemia encontró en España por razones laborales y académicas.

“En cada una de estas situaciones críticas se evidencian las deficiencias que tenemos”, dice Olivares en relación a las crisis del estallido social y de la pandemia, agregando que hay “un denominador común en el modo de reacción de los medios de comunicación masivos frente a los periodos de crisis político-sociales del país”.

—¿Cuáles son estos factores en común?

Observamos, primero, una situación inicial de resistencia, de resistirse a mostrar las causas y el fondo de las protestas sociales en curso, y hacer como si no existieran. Luego, se tiende a ilustrar los hechos de “violencia”, masificándola, y terminando por criminalizar toda protesta, exigencia o crítica, como si fuera un acto delincuencial. Por último, se apela a una especie de farandulización del conflicto, se sensacionaliza y satura de información sensible, volviendo a ocultar los contextos y el trasfondo político y económico tras la crisis. En la situación de pandemia hemos visto algo símil: banalidad, criminalización de la gente que protesta, sensacionalismo (e incluso clasismo), sin ahondar en las causas y consecuencias de la crisis y cuánto ilustra la desigualdad y los efectos de un modelo neoliberal que no garantiza la salud ni la vida.

—¿Y cómo has visto el actuar de los medios no masivos en estos períodos?

Ha habido un resurgimiento de medios independientes, alternativos y populares que, en realidad, siempre han estado presente pero que últimamente han crecido e incidido más, muchas veces, gracias a lo instantáneo de la virtualidad. Tanto ha sido así, que diversas situaciones de violaciones a los DD.HH. de 2019-2020, se conocieron gracias a este tipo de prensa y no de la otra. Han registrado hechos con celulares o cámaras sencillas. De hecho, estas coberturas “independientes” obligaron a los grandes medios a dejar esa “resistencia inicial” y terminamos viendo paneles, como nunca antes, en horario prime, con dirigentes sociales y populares. En pandemia, esto se ha replicado: falta de contexto crítico en los grandes medios (poco se cuestionan los efectos del neoliberalismo, el adelgazamiento del Estado y el clasismo con que se ha diseñado la estrategia de cuarentena, por ejemplo), falta de periodismo de investigación independiente que releve las noticias más impactantes, y medios populares que cuentan lo que pasa en la calle con las ollas comunes y el hambre. En términos de medios masivos: una pobreza brutal de contenidos y estigmatizaciones de género, clase y raza que se entrecruzan.

—¿Cómo reciente este contexto a las audiencias?

Esta falta de calidad, de diversidad, el no verse nunca (o muy poco) reflejados en las parrillas programáticas de los medios masivos, provoca una alta sensación de impotencia de las audiencias, un enorme malestar popular, que muy probablemente explica los actos violentos contra los grandes medios en la calle. Pero, sobre todo, nos confirma que aquí hay una deficiencia estructural, de fondo. Existe una altísima concentración de la propiedad de medios en manos privadas, que además poseen intereses en distintos sectores (banca, retail, etc.); prácticamente no tenemos medios públicos y los populares o alternativos son perseguidos, muchas veces sin poder contrarrestar los efectos de la comunicación masiva.

—En eso, ¿qué te pareció la modificación a la regulación sanitaria que implicó que periodistas independientes o medios que no hayan iniciado actividad en el SII no puedan solicitar permisos para ejercer sus labores?

Me pareció gravísimo. No es primera vez que vemos intentonas del gobierno de Piñera -ya sea a través de proyectos de ley o de medidas reglamentarias- de cercenar el derecho humano a la comunicación, el acceso a la información de interés público. El que exista un sistema de medios deficiente, redunda en que un derecho humano a la comunicación e información no esté garantizado, lo que es una afectación a la pluralidad del debate público y a la democracia. Por encima de eso, en este caso se estaba prohibiendo de manera administrativa que ciertos actores que emiten información y ejercen la comunicación, pudieran hacerlo. Además, tácitamente se intentaba asociar el ejercicio comunicacional al desarrollo o devenir de una empresa, cuestión que va en contra de toda la directriz internacional de derechos humanos en esta materia. Más deberían preocuparse de las empresas que obligan a sus trabajadores a saltarse la cuarentena con salvoconductos irregulares. En el ámbito de la comunicación, el Estado debe garantizar que toda persona o colectivo ejerza su derecho a comunicar e informar, especialmente cuando la información es un derecho de primera necesidad, como en momentos de pandemia o crisis.

—En ese sentido, ¿cómo sientes que ha sido el tratamiento general que ha dado el Ejecutivo a la prensa desde octubre de 2019?

A ver, la relación del Estado con el derecho a la comunicación, expresión e información en Chile siempre ha sido paupérrima: sistema de medios viciado, concentrado, con conflictos de intereses graves, sin resguardo ni promoción de medios populares y comunitarios, ausencia de medios públicos, pero, además, persecución, censura y violación a los derechos humanos proveniente desde el Estado. Esto no es ninguna novedad, pero en 2019, en medio de la revuelta, recrudece. Entre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos hay numerosos casos de periodistas, fotorreporteras/os y trabajadoras/os de la comunicación popular. Lo más paradójico, es que gracias a estos comunicadores pudimos registrar y demostrar ante organismos internacionales las pruebas de explosiones oculares, golpes, violaciones y tantas situaciones de violencia más. Entonces, queda claro que este gobierno no solo mantendrá el status quo, sino que lo empeorará. No olvidemos que en el primer gobierno de Piñera se privatizó el diario La Nación; y se persiguió, encarceló y mutiló a reporteros gráficos y periodistas en las diversas movilizaciones estudiantiles, en fin.

—¿Cómo te tomas el anuncio de la venta del edificio de TVN? Varios hablan de “olor a privatización”.

No hay doble lectura: a todas luces es una privatización encubierta. Este gobierno y, en general, amplios sectores del establishment político neoliberal, han querido desde hace tiempo privatizar TVN. Cuando todos los países “desarrollados” del mundo, en medio de la pandemia, apuntan a fortalecer sus estados y sus sistemas de medios públicos, en Chile se busca terminar de matarlos. Aquí, se intenta jibarizar al único medio público que nos queda, que es exactamente el mismo modus operandi que se utilizó con el diario La Nación. La infraestructura de ese canal es un bien que pertenece a todos las chilenas/os, y en medio de una situación de pandemia o crisis social, más que nunca importa tener información de calidad, educativa, ecuánime e inclusiva. Pertenezco, así como muchas otras activistas, periodistas, audiovisualistas y dirigentes sociales, al Comité de Defensa de la Televisión Pública, CDT. Y lo que hemos planteado es claro: no estamos de acuerdo con que se tome una decisión de esta naturaleza sin consultar a la ciudadanía y no lo vamos a permitir.

Hoy más que nunca urge dar una amplia discusión política y social por refundar el sistema de medios público chileno y construir plataformas mediales con vocación de carácter público, con un directorio amplio, social y diverso (no binominal como el que existe hoy) y donde no se obligue al canal a autofinanciarse con publicidad, sino que el Estado de Chile pueda financiarlo para que cumpla su papel e integre la voz de todo Chile.

—¿Quién o quiénes son los responsables de esta situación, de esta precariedad que se observa en el sistema de medios?

Uf, aquí hay una responsabilidad política severa: de la dictadura cívico militar, por cierto, que no contenta con asesinar, hacer desaparecer y apresar, exterminó toda diversidad medial. Sin embargo -y pese a los valientes medios de denuncia que sobrevivieron a la dictadura- fueron los gobiernos “transicionales”, esos que administraron el modelo heredado, los que evitaron toda regulación suficiente que promoviera pluralismo, por ejemplo, a través de distribución equitativa de publicidad estatal o de leyes que regularan los porcentajes de concentración de la propiedad. ¿Por qué Chile es uno de los pocos países donde el dueño de un canal de TV puede poseer también el banco más importante del país? ¿Qué conflictos de interés trae eso? Son preguntas que debemos hacernos más que nunca. Lo esperanzador, es que en la revuelta popular se criticó al sistema de medios, gritando en las calles “apaga la TV”. Hoy la gente exige ser escuchada y eso tiene que canalizarse en la nueva Constitución que yo espero sea debatida en lo más parecido a una Asamblea Constituyente, o sea la Convención Constitucional.

El debate constituyente debe incorporar garantías para el derecho humano a la comunicación: existencia de medios comunitarios, públicos y privados con regulaciones. A diferencia del discurso neoliberal, regular es garantizar libertad de expresión comunicación e información, no lo contrario. Y eso podremos hacerlo en la oportunidad preciosa que vamos a tener.

Fuente: El desconcierto

 

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