Durante los últimos veintidós años, la República Bolivariana de Venezuela ha vivido una democracia hiperactiva. Por eso, es un extraño país donde, en promedio, ha habido más de una elección al año. Sin embargo, ninguna de sus elecciones se ha salvado de ser presentada como el momento de la verdad definitiva, aquella situación que generará un quiebre histórico que dará paso a la contrarrevolución.
Hoy, es 7 de enero de 2020 y toda la atención está puesta sobre las elecciones parlamentarias del día de ayer. Sobre las cuales no hay obviedad que pueda omitirse dada la intensidad de los ataques recibidos. Por ello, nosotros tenemos que observar que la celebración de los comicios en sí misma es un triunfo de las fuerzas que apostaron por la República y sus instituciones, soportando las presiones internacionales que hicieron a muchos de los convocados rehuir el evento.
Así, vivimos una elección cuyas condiciones fueron objeto de acuerdos y debates; cuya fecha está determinada por la Constitución que establece la duración del mandato legislativo y el inicio del período parlamentario. Un tema que recordaremos fue objetado hasta por la Unión Europea que sostenía que, pese a que en el mundo en el 2020 se celebraron más de veinte elecciones, la de Venezuela no podía hacerse, pidiendo de este modo Caracas se apartara de sus propias normas constitucionales para que las elecciones fuesen cuando a ellos les complaciese.
Seguidamente, tenemos el tema de la participación. Es evidente para cualquiera que tome en cuenta cómo funciona la participación electoral que los comicios parlamentarios son menos concurridos que los presidenciales en un sistema donde la jefatura de Estado y de Gobierno corresponde al Ejecutivo. Luego, tenemos otro elemento que es una democracia donde participar es un derecho y no un deber, donde, siguiendo los planteamientos de Rousseau cada persona es titular de la posibilidad de participar –o no-, una vez o alguna, todas o ninguna.
Por eso, en Venezuela no existe un quorum de participación para que se determine que una elección es legítima y mucho menos puede determinarse que la abstención es un triunfo de un sector que llama a no votar porque, este sector tan sólo se suma a quienes nunca ejercen el derecho y a quienes se ven materialmente impedidos en un proceso en particular.
Más disparatado aún, en este mismo sentido, es el argumento según el cual el silencio electoral puede tener más valor que las voces que al amparo de una Constitución que señala que “el sufragio es un derecho [que] se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas” acuden a un llamado del Consejo Nacional Electoral. Esto es tan evidente, que en todos los procesos de elecciones el problema está en determinar a favor de quien se emitieron los votos y no en imaginar cuáles son las razones, orientaciones o causas por las cuales un sector no acudió a votar y a quien ese sector hubiese favorecido.
Ahora hay un tema que creo que es importante tomar en cuenta porque muchos analistas han apostado a la comparación de la participación en las elecciones parlamentarias de 2020 con las que se celebraron en 2005 donde la estrategia –y, en consecuencia, los resultados- de la oposición fueron los mismos. La verdad es que hay una diferencia muy importante entre los dos procesos porque en aquella ocasión al electorado de oposición se le pidió no votar y en este, adicionalmente a ello, al electorado se le presionó para que no concurriese.
Este elemento es un factor importante a tomar en cuenta puesto que estas elecciones se realizaron tras meses de señalamientos sobre el proceso electoral, cuando en los días y horas previas al proceso ya anunció el Grupo de Lima que no reconocería los resultados diciendo con ello que con votar no superaríamos el capítulo que arrancó en 2015. Por lo cual, el miedo a ser sancionado en un futuro por participar, así como una advertencia que nada de lo que, por la vía democrática podría hacerse cambiaría la situación, son elementos que se trabajaron mucho en la víspera y en el día de estos comicios.
De este modo, nosotros tenemos unos resultados electorales en los que debemos valorar:
- El cumplimiento de un calendario electoral dispuesto por la Constitución
- Un proceso cuya preparación estuvo mediada por negociaciones que lograron la participación de un sector de la oposición nacional que obtiene una importante representación.
- Una participación que, siendo legalmente libre, se enfrenta a una proscripción internacional de los comicios.
- Una participación que ocurre en un país asediado, una población sometida a una profunda crisis socioeconómica, empeorada por la muy aguda falta de combustible.
- Un país en el que los electores y electoras no tienen la obligación de inscribirse en el centro electoral más cercano a su residencia y que, por ende, requieren medios de transporte que sólo estaban parcialmente disponibles.
- Un hecho electoral con características de participación similar a las que se dieron en el año 2005 cuando la oposición escogió la misma ruta.
Una vez que esta es la realidad que podrá ser constatada a través de los únicos mecanismos científicos y legales de medición de la voluntad política en el país, el escenario mediático se centra en apuntar una consulta que emula el plebiscito del 2017 –donde la oposición se convoca sola y sin instituciones a una actividad paralela al hecho electoral cierto- y, a un enero donde se trabaja en crear un nuevo esquema que le sirva –como pretendieron con el Estatuto de la Transición- desaplicar normas para permitir que un período vencido siga estando vigente.
De este modo, cerrado el capítulo electoral nosotros volveremos a la normalidad de un país bajo asedio donde seguirán intentando generar fórmulas para la violencia y la intervención que deben día a día ser desactivadas en aras de garantizar la continuidad del proceso bolivariano.
Dicho lo anterior nosotros tenemos ahora un escenario en el que la Asamblea Nacional tiene el desafío de ser el principal foro político del país donde deberá asegurarse que, los debates contribuyan a la resolución de los conflictos por vías nacionales e institucionales; la recuperación del salario; la mejoría de la prestación de los servicios públicos; el uso de sus competencias en función del buen gobierno y el desmontaje las operaciones de intervención y saqueo que ha sufrido la República en los últimos tiempos.
Este reto se le presenta a esta Asamblea Nacional que tendrá ahora el difícil trabajo de tener que demostrar que las instituciones nacionales son capaces de dar el salto histórico requerido para cerrar este capítulo, lo que exigirá un replanteamiento de todo el escenario parlamentario para retomar el espíritu del Pueblo Legislador así como darle cabida a todos los sectores minoritarios y recordar todos los renglones de trabajo que se adeudan para terminar de desarrollar el nuevo derecho que al país le hace falta.
Fuente: ALAI