Estimados amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
En 2019, 613 millones de ciudadanxs de India votaron para elegir a sus representantes para el parlamento (Lok Sabha). Durante la campaña electoral, los partidos políticos gastaron alrededor de 60.000 crores de rupias (8.000 millones de dólares), de los cuales el 45% fue gastado por el partido gobernante, el Partido Bharatiya Janata (BJP por su sigla en inglés). El BJP ganó el 37% de los votos, lo que se tradujo en 303 de los 545 escaños en el Lok Sabha. Un año después, se gastó la impactante cifra de 14.000 millones de dólares en la campaña presidencial y parlamentaria de Estados Unidos, en la que el Partido Demócrata ganó y también lideró los gastos. Estas son cantidades gigantescas de dinero, cuyo peso en el proceso democrático ya es bastante claro. ¿Es posible hablar de “democracia” sin ser demasiado ingenux sobre el debilitamiento del espíritu democrático producto de esta avalancha de dinero?
El dinero inunda el sistema, carcome las lealtades de lxs políticxs, corrompe las instituciones de la sociedad civil y moldea las narrativas de los medios de comunicación. Importa que las clases dominantes del mundo sean dueñas de los principales medios de comunicación y que esos medios den forma al modo en que la gente comprende el mundo a su alrededor. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU afirma que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” (Artículo 19), el hecho es que la concentración de los medios en manos de unas pocas empresas circunscribe la libertad “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Por esta razón, Reporteros Sin Fronteras tiene un Monitor de Propiedad de los Medios que rastrea la consolidación de los medios en manos del poder empresarial, lo que a su vez impulsa la agenda política dentro de los sistemas de gobierno existentes.
Paul Guiragossian (Líbano), La Lutte de l’Existence [La lucha por la existencia], 1988.
Aijaz Ahmad, investigador principal en el Instituto Tricontinental de Investigación Social, sostiene que los proyectos políticos de extrema derecha encuentran la posibilidad de impulsar su agenda a través de las instituciones democráticas, porque las estructuras políticas en esos países —desde Estados Unidos hasta India— han visto un profundo debilitamiento de su contenido democrático. Como explica Ahmad, la extrema derecha de países como EE. UU. o India no desafía la forma de la democracia constitucional liberal, pero estrangula las instituciones formales transformando a la sociedad “tanto en el ámbito cultural, como religioso y civilizatorio”.
En América Latina, la extrema derecha ha utilizado todas las armas a su alcance para deslegitimar a sus adversarios, incluyendo el uso de buenas leyes anticorrupción de un modo malicioso para atacar a líderes de izquierda. Esta estrategia se denomina “guerra jurídica” o lawfare, en la que el derecho es utilizado —a menudo sin evidencias— para expulsar a líderes de izquierda electos democráticamente o bien para evitar que se postulen a cargos. La guerra jurídica fue usada para expulsar al presidente de Honduras José Manuel Zelaya en 2009, al presidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012, y a las presidenta de Brasil Dilma Rousseff en 2016. Todxs estxs líderes fueron víctimas de golpes de Estado judiciales. Al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se le negó la posibilidad de participar como candidato presidencial en 2018 debido a una demanda sin fundamento, en un momento en que las encuestas decían que resultaría ganador. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrentó una serie de casos a principios de 2016, los que le impidieron postularse de nuevo en 2019 (actualmente es vicepresidenta, lo que demuestra su popularidad en el país).
Emiliano di Cavalcanti (Brasil), Sonhos do carnaval [Sueños de carnaval], 1955.
En Ecuador, la oligarquía usó las técnicas de la guerra jurídica para deslegitimar a toda la izquierda, especialmente al expresidente Rafael Correa (2007-2017). Correa fue acusado de soborno, en un caso sostenido en la extraña noción de “influjo psíquico”. Se le impuso una condena de ocho años que le impidió presentarse a la presidencia de su país.
¿Por qué Correa fue un anatema tanto para la clase dominante de Ecuador como para la de Estados Unidos? La Revolución Ciudadana que el expresidente lideró aprobó una Constitución progresista en 2008, que puso el principio de “buen vivir” (sumak kawsay en quechua) en su centro. La inversión del gobierno para fortalecer los derechos sociales y económicos estuvo acompañada de una lucha contra la corrupción empresarial (incluyendo la multinacional). Las ganancias del petróleo ya no iban a parar a bancos extranjeros, sino que se usaban para invertir en educación, salud, obras viales y otra infraestructura básica. De los 17 millones de personas de Ecuador, casi 2 millones lograron salir de la pobreza en los años de Correa.
El gobierno de Correa fue una aberración para las empresas multinacionales —como Chevron, petrolera con sede en EE. UU.— y para la oligarquía ecuatoriana. La peligrosa demanda de Chevron contra Ecuador, presentada antes de que Correa asumiera, fue sin embargo resistida con gran fuerza por el gobierno entrante. La campaña de la “mano negra” puso una enorme presión internacional contra Chevron, que trabajaba en colaboración con la embajada estadounidense en Quito y con el gobierno de EE. UU. para debilitar a Correa y su campaña contra el gigante del petróleo.
El legendario músico Roger Waters me habla de las fechorías de Chevron en Ecuador
Pero no querían sacar solo a Correa, querían sacar a toda la izquierda (lxs llamadxs “correístas”). Lenín Moreno, que alguna vez fue cercano a Correa, asumió la presidencia en 2017, se cambió de bando, se volvió el principal instrumento para fragmentar a la izquierda ecuatoriana, y entregó al país de vuelta a las elites y a Estados Unidos. El gobierno de Moreno ha destruido al sector público desfinanciando la educación y el sistema sanitario, retirando derechos laborales y de vivienda, intentando vender la refinería de Ecuador, y desregulando partes del sistema financiero. El colapso de los precios del petróleo —que llevó a recortar los subsidios petroleros—, un enorme préstamo del Fondo Monetario Internacional a cambio de medidas de austeridad, y la negligencia en el manejo de la pandemia han mermado la legitimidad de Moreno. Una consecuencia de esas políticas ha sido la catastrófica respuesta del gobierno frente a la pandemia, a quienes se acusa de esconder deliberadamente de los registros a alrededor de 20.000 personas fallecidas por COVID-19.
Firoz Mahmud (Bangladesh), Ouponibeshik/Porouponibeshik [Colonial, postcolonial], 2012.
Para integrarse a la zona de influencia de Estados Unidos, Moreno expulsó al fundador de WikiLeaks Julian Assange de la embajada de Londres en Ecuador, arrestó al programador y activista por la privacidad Ola Bini por un caso inventado, y lanzó un ataque frontal contra lxs correístas. La organización política de lxs correístas se quebró, sus líderes fueron arrestados y se les impidió cualquier intento de reagruparse para las elecciones. Un ejemplo de esto es la plataforma Fuerza Compromiso Social, que el correísmo utilizó para postularse a las elecciones locales en 2019, y que posteriormente fue excluída de los registros de organizaciones políticas en 2020. En febrero de 2018 se llevó a cabo un referéndum en el país que permitió al gobierno destruir las estructuras democráticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Judicial, la Fiscalía general, la Contraloría general, y otras. La democracia fue vaciada.
Un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021 se veía claramente que, en una elección justa, ganaría el candidato de izquierda, Andrés Arauz Galarza. Una serie de encuestan señalaron que Arauz ganaría en la primera vuelta con más del 40% de los votos. Arauz (35 años) es un candidato atractivo sin ningún atisbo de corrupción o incompetencia en toda una década de servicio en el Banco Central y como ministro en turbulentos últimos dos años del gobierno de Correa. Cuando Correa dejó la presidencia, Arauz se fue a México para hacer un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La oligarquía ha utilizado todos los medios a su alcance para impedir su victoria.
Gulnara Kasmalieva y Murat Djumaliev (Kirguistán), Shadows [Sombras], 1999.
El 14 de enero, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC por su sigla en inglés) entregó a Ecuador un préstamo de 2.800 millones de dólares para que el país pague su deuda con China y para que Ecuador se comprometa a romper relaciones comerciales con China. Sabiendo que Arauz podría ganar, las oligarquías estadounidense y ecuatoriana decidieron atar al país andino a un acuerdo que asfixiaría a cualquier gobierno progresista. Formada en 2018, la DFC desarrolló un proyecto llamado América Crece cuyo marco político completo tiene por objetivo excluir a China de los negocios en el hemisferio americano. Desde entonces, Quito se ha unido a la “Clean Network” [Red limpia] de Washington, un proyecto del Departamento de Estado estadounidense para forzar a países a construir redes de telecomunicaciones sin involucrar a proveedores chinos. Esto aplica especialmente para las redes de alta velocidad de quinta generación (5G). Ecuador se unió a Clean Network en noviembre de 2020, lo que abrió la puerta para el préstamo de la DFC.
Correa obtuvo 5 millones de dólares de bancos chinos para mejorar la infraestructura de Ecuador (particularmente para la construcción de hidroeléctricas), mientras el total de la deuda externa de Ecuador es de 52 millones. Moreno y Estados Unidos han pintado los fondos chinos como una “trampa de la deuda”, aunque no hay evidencia de que los bancos chinos sean otra cosa que flexibles. Durante los últimos seis meses de 2020, los bancos chinos han estado dispuestos a pausar los pagos de los préstamos hasta 2022 (esto incluye un retraso en el reembolso del préstamo de 474 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de China y del préstamo de 417 millones del Banco de Desarrollo de China). El ministro de Hacienda de Ecuador dice que, por ahora, el plan es comenzar a reembolsar en marzo de 2022 y terminar en 2029. Moreno acudió a Twitter para anunciar estos dos retrasos. Los bancos ni ninguna otra entidad financiera de China no tomaron ninguna medida agresiva.
Esencialmente, los préstamos de la DFC buscan sabotear la presidencia de Arauz. Este conflicto con China impuesto por Estados Unidos en Latinoamérica es parte de un ataque más amplio. El 30 de enero, el Instituto Tricontinental de Investigación Social realizó un seminario junto al Instituto Simón Bolívar, ALBA Movimientos Sociales, y la plataforma No a la Guerra Fría para reflexionar sobre el campo de batalla latinoamericano de esta guerra híbrida.
Fuente: Instituto Tricontinental