Opinión

Rebelión popular y masacre en el régimen de los uribeños. Por Renán Vega Cantor

A la memoria de los hombres y mujeres asesinados durante el paro por las fuerzas represivas y paramilitares del Estado.

 

“Quien no se mueve no siente las cadenas”.

Rosa Luxemburgo

“Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.

Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre. […]

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Eduardo Galeano

 

 

En estos momentos se desenvuelve la más extraordinaria movilización popular que se ha presentado en Colombia en los últimos 45 años, que involucra tanto a los pobladores urbanos como a los del mundo rural. Al mismo tiempo, el régimen criminal de los uribeños ha recurrido a la fuerza bruta para contener la protesta, dejando en el camino a cincuenta muertos, miles de heridos, llanto y sufrimiento a lo largo y ancho de nuestro martirizado país.

Este es un hecho histórico de transcendencia en nuestra vida contemporánea, por la magnitud de la protesta popular y porque se ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la “democracia colombiana”, con su cara de muerte y horror. Se ha mostrado ante el resto del continente lo que es este régimen brutal, siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas, empezando por los Estados Unidos. Se ha roto en mil pedazos, dentro y fuera de nuestro territorio, esa imagen que venden las clases dominantes, el Estado y falsimedia de la estabilidad “democrática de Colombia”. Se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la lógica de la guerra fría nunca ha terminado.

En este escrito esbozamos algunas ideas sobre lo qué está sucediendo, con las limitaciones que tiene escribir sobre la marcha, puesto que los acontecimientos, que constituyen la trama de la historia real, son imprevisibles y no están escritos de antemano. Esa historia real la hacemos a diario los seres humanos con nuestras actuaciones, las que encadenadas pueden conducir hacia mundos desconocidos, no imaginados en “condiciones normales”.

 

FACTOR PRECIPITANTE

 

“Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”.

Residente, Mensaje de apoyo al paro en Colombia, abril 28 de 2021.

 

El martes 27 de abril, en vísperas del comienzo del anunciado paro nacional, todo era en apariencia tranquilo desde el punto de vista del establecimiento. Nada hacía prever la furia que se iba a desencadenar desde el día siguiente. Analistas, expertos, politólogos, youtubers uribistas, periodistas, opinologos y otras yerbas del pantano anunciaban, en muchos casos con una dosis de triunfalismo que no ocultaban, que el paro estaba condenado al fracaso, que nadie iba a salir a protestar, que era mejor deshacer la convocatoria a tiempo con el fin de no hacer el ridículo. Que la tercera ola de la pandemia, con una cifra de 450 muertos diarios, situación en la cual se decretaron toques de queda, cuarentenas de fin de semana, cierres de ciertas actividades… que todo indicaba que la gente no iba a salir a la calle a protestar. Dichos anuncios quedaron hechos añicos al día siguiente, cuando miles de personas salieron a las calles en las capitales, en pueblos pequeños y en las zonas rurales. Tan masiva movilización no solamente tomó desprevenidos a los “expertos” sino al régimen, que estaba convencido que la gente no iba a salir, más si se le agrega que las condiciones climáticas no eran las mejores, en medio de torrenciales lluvias en el territorio nacional.

Esto lleva a preguntarse, ¿por qué la población se agolpó masivamente en las calles, desafiando la pandemia? Hay un hecho inmediato que se convirtió en el factor precipitante de la protesta: la reforma tributaria que el régimen del subpresidente Iván Duque había presentado al Congreso de la República. Esta “reforma”, un texto ilegible de más de un centenar de páginas, con 163 artículos, escrita en la manera en que suelen hacerlo los tecnócratas neoliberales, en una jerga insoportable para ocultar el atraco de fondo. Como quien dice, el veneno envuelto en papel regalo. El título mismo era ya indicativo de ese lenguaje sibilino, que queda como testimonio del cinismo: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”. Este esperpento fue llamado en forma resumida con este oxímoron: “Ley de solidaridad sostenible”. En esta ocasión los funcionarios económicos del régimen de Duque, así como los voceros de los poderosos gremios económicos (ANDI, Fenalco, SAC, Fedegan…) pensaron que iba a suceder lo de siempre, que en medio de una retórica tecnocrática se iba a convencer a la gente de los beneficios que dicha reforma representaba, aunque significara enterrarle el cuchillo.

En forma resumida, la tal reforma tenía dos componentes centrales: uno, el superficial, para cazar incautos, el destinado al “gasto social”, a mantener los demagógicos programas asistenciales del régimen (mínimo vital para los hogares pobres y vulnerables), fomentar el empleo formal, incentivar el ingreso a la educación y construir un mejor país, a lo que se destinaban solamente 4 billones de pesos; dos, el central, encaminado a recaudar ingresos por un monto de 23 billones de pesos (6.300 millones de dólares) destinado a mantener los gastos de un Estado corrupto y nepotista. Los ingresos previstos iban a llegar mediante un aumento del IVA (impuesto al valor agregado) y su imposición a nuevos productos, se llegaba a cobrar IVA por los funerales (en plena pandemia y con miseria generalizada), por los servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario) para usuarios de estratos 4, 5 y 6 (clase media) se aumentaba la base gravable del impuesto de la renta, que incluía a todas las personas con un ingreso superior a 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares) en 2022 y en 2023 a quienes tengan un ingreso de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).

Lo cierto del caso es que la tal reforma no tocaba a los poderosos, sino que golpeaba, sobre todo, a la alicaída clase media, en acelerada vías de desaparición, como lo confirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que informó recientemente que esta pasó de constituir el 30.1% de la población en 2019 al 25.4% en 2020 (2.5 millones de personas menos). Esa clase media que, según el DANE, corresponde a las personas que tienen un ingreso per cápita, dentro de un hogar, entre 653 mil pesos y 3.5 millones de pesos, se esta hundiendo en la pobreza.

La reforma tributaria cayó como un mazazo sobre la mayor parte de la población por varias razones: por el empobrecimiento que se acentuó durante la pandemia, por el aumento del desempleo, por la corrupción rampante del régimen (cuyo monto se calcula en 50 billones de pesos anual, algo así como el equivalente a dos reformas tributarias como la anunciada), por las exenciones y transferencias que el régimen de Iván Duque les ha hecho a los dueños del país (Grupo Aval y compañía). Es decir, hay que tener en cuenta el momento en que se plantea la reforma, cuando esa clase media va camino al despeñadero, hacia la pobreza sin remedio. En ese sentido, ha sido inoportuna, injusta y cínica, como lo manifestaron el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en público demostró que no sabía cuánto valía una docena de huevos (redujo su precio de 10 mil-8 mil pesos a 1.800) y del subpresidente Duque quien dijo, con la poca vergüenza que lo distingue, que no había leído la reforma. Además, el subpresidente incumplió uno de los lemas centrales de su campaña electoral, en la que había prometido que no iba a aumentar los impuestos y ya vamos por su Tercera Reforma Tributaria.

Un elemento adicional que no puede separarse del detonante en que se convirtió la Reforma Tributaria tiene que ver con las condiciones que generó la pandemia: el encierro forzado, la miseria, el desempleo, la pobreza, las carencias en salud y educación. Todo eso hizo que en el último año se hubiera formado una especie de olla a presión, que podía estallar en cualquier momento, por un motivo suficientemente sensible, que apareciera como un agravio de múltiples aristas (económico, social, sanitario y, sobre todo, moral). Sí, la reforma se convirtió en un agravio moral, porque ante los ojos de la gente común y corriente apareció como insoportable que tuvieran que pagar más impuestos para un Estado inepto, ineficaz, corrupto, que aparte de todo gasta y despilfarra para comprar armas con las que se bombardea y se mata a la población, en medio de su situación de pobreza, abandono, desempleo y represión.

 

LOS MOTIVOS, LAS RAZONES, LOS AGRAVIOS

 

“La multitud puede levantarse porque está hambrienta o teme estarlo, porque tiene una profunda aflicción social, porque busca una reforma inmediata o el milenario o porque quiere destruir a un enemigo o aclamar a un ‘héroe’. Pero rara vez lo hace por una sola de estas razones”.

George Rude

 

Que la pretendida Ley de Solidaridad fiscal haya sido el detonante inmediato del paro nacional, no explica el trasfondo de los acontecimientos, que deben ser analizados, por lo menos en el corto plazo, puesto que no tenemos espacio de inscribir esta protesta en una perspectiva histórica más amplia.

El régimen del subpresidente Iván Duque, un advenedizo que llegó a la Presidencia porque así lo quiso el patrón Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado por su carácter antipopular y antidemocrático. Los resultados de su nefasta administración constituyen un rosario de ineptitud criminal, que pueden enumerarse: escándalos de corrupción; fraude electoral y compra de votos (ñeñepolítica); intento de prorrogar el período presidencial y de los altos funcionarios; politización abusiva de la justicia, colocando fichas incondicionales en la Fiscalía, la Procuraduría,  la Contraloría, la Defensoría del Pueblo; nepotismo rampante en los diversos cargos de la administración, tanto dentro el país como en el servicio consular; injerencia criminal en Venezuela, con participación directa en acciones de guerra, como el pretendido concierto humanitario de febrero de 2019, en la frontera, y la Operación Gedeón, con la preparación de mercenarios en La Guajira, que luego desembarcaron en territorio venezolano en mayo de 2020; el naufragio de esa falacia que se llamó Economía Naranja; el incremento de la desigualdad; el desempleo; el desastroso manejo de la pandemia de coronavirus, que coloca a Colombia entre los tres peores del mundo, con un saldo de 75 mil muertos; la negativa del Estado en reconocer su responsabilidad en los crímenes que se denominan Falsos Positivos; sus acciones para hacer trizas el proceso de paz (lo que ha logrado plenamente); el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc; la aprobación de la fumigación con glifosato, para servirle directamente a los Estados Unidos; su postración abyecta ante el imperialismo, sin importar quien esté al mando (llámese el matón Trump o el sanguinario “Bonachón” Biden, gestor del Plan Colombia); los bombardeos miserables a excombatientes, entre ellos decenas de niños, estripados brutalmente por las “bombas inteligentes”, justificados con la retórica uribista de que los niños son máquinas de guerra y hay que matarlos antes de que crezcan, porque no estaban estudiando en los campamentos para los exámenes del Icfex; aumento del gasto militar, incluyendo la compra de 40 aviones de guerra por 14 billones de pesos, lo que hace de este país el cuarto en gasto militar de todo el continente; la defensa incondicional del ex presidente y ex presidiario, al que le brinda todo tipo de apoyo y respaldo, en lo que debe incluirse las amenazas a jueces y magistrados;  y un sangriento e interminable etcétera.

Como puede colegirse de este listado no son pocas las razones de tipo inmediato, limitadas al período del subpresidente Iván Duque, que explican el malestar social generalizado, porque se conjugan, en resumidas cuentas, tres aspectos: una crisis económica, con una caída del PIB en 6.8% el año anterior, con aumento del desempleo, la generalización de la economía informal, la pobreza y la miseria para las mayorías y enriquecimiento para una exigua minoría que son los dueños del país; una deslegitimación política de principio a fin, porque incluso las elecciones presidenciales en las que fue elegido Iván Duque fueron fraudulentas, siendo el principal componente de esa pérdida de legitimidad el desprestigio del verdadero poder tras el trono, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, con miles de acusaciones y pruebas sobre sus múltiples y atroces crímenes; y, la violencia estatal y paraestatal a lo largo y ancho del país, con el resultado de centenares de personas asesinadas, y la generalización de las masacres (en lo corrido de este año van 35 masacres y muchas más vienen en camino).

Este es el caldo de cultivo donde se incubó el descontento popular (como ha podido observarse más que justo) que tampoco se originó durante la pandemia, porque se había iniciado a finales de 2018, apenas posesionado Duque, con el paro universitario que logró arrancarle un aumento en la base presupuestal de las siempre deficitarias universidades públicas. El nervio de esa protesta fueron los jóvenes, en este caso universitarios, hecho que debe recalcarse porque ellos van a continuar siendo hasta el momento el principal protagonista de la rebelión en marcha. A finales de 2019 se realizó un paro nacional, que produjo la movilización de millones de personas, y fue atemperado con promesas incumplidas. Dicha movilización entró en cuarentena, junto con la pandemia, pero ya había mostrado las semillas del descontento.

Lo que ahora está sucediendo es la continuación y radicalización de la movilización popular del 2019, ahora con nuevas razones nuevos bríos y muchos más agravios, en gran medida por las desigualdades que ha evidenciado la pandemia y su pésimo manejo por parte de un régimen corrupto e ineficaz. Un anticipo de esa protesta se vivió en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, cuando fueron destruidos más de 50 CAI (Centro de Atención Inmediata, en verdad debería llamarse lo que son: Centros de Asesinato Inmediato), luego del asesinato de Javier Ordoñez por un grupo de policías.

 

REPERTORIO DE LUCHA

 

“Cantan. Bailan. Zapatean. Brincan de alegría. Por calles y avenidas elevan al viento sus cartelones, pancartas y banderas, la tricolor al revés, la arcoíris en alto. Aplauden. Gritan. Improvisan sus cánticos con inagotable frenesí. “¡Duque, pirobo, el pueblo no es tan bobo!”, en donde “pirobo”, según el parlache de Medallo, equivale a “presumido, creído, cruel”. O remachan el ya legendario insulto: “¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”. Corean consignas de insólito humor, no las incomprensibles de mi azarosa juventud. Nada. “Ni césar, ni burgués, ni dios”. No se cansan. No hacen caso a las amenazas de ministritos patéticos ni a las balas del Esmad, sean de goma o sean de plomo”.

Carlos Esteban Mejía, “La revuelta contra un canalla”, El Espectador, Mayo 7 de 2021.

 

La protesta social que se está llevando a cabo en estos mismos momentos tiene un carácter masivo y popular, tanto por las fuerzas que en ella participan con sus diversos intereses, como por su sentido y sus objetivos. Un Comité Nacional de Paro, conformado por numerosas instancias organizativas, sintetizaba los objetivos en la consigna: “Por la vida, paz y democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, y fijó la fecha del paro nacional para el 28 de abril. El resultado ha sido sorprendente por la cantidad de gente que acudió al llamado, como por la prolongación en el tiempo de la movilización, que completa diez días.

En el paro participan pobladores urbanos de distinto origen y procedencia social, destacándose el papel de los jóvenes pobres y de clase media, que han copado calles y avenidas en diversos lugares de las grandes ciudades y de ciudades intermedias. También están participando, y se han ido incorporando, sectores indígenas y campesinos en diversas regiones del territorio nacional, como en el Cauca, Nariño, El Catatumbo. La fuerza vital son los jóvenes porque en su vida cotidiana se reflejan todas las miserias del capitalismo realmente existente en Colombia: ausencia de futuro, desempleo, falta de oportunidades para estudiar, estigmatización y persecución por las fuerzas represivas del Estado.

Este paro ha hecho gala de un variado repertorio de instrumentos de movilización, en los que se combinan clásicos repertorios con muchos nuevos, mirando en una perspectiva histórica a la protesta social en Colombia. En cuanto a los repertorios clásicos se encuentran las movilizaciones y tomas de las plazas centrales en las ciudades (en Bogotá la emblemática Plaza de Bolívar), el desfile del Primero de Mayo y la marcha simbólica de los sindicatos.  A eso se agregan otros repertorios que ya se vienen usando hace algún tiempo, principalmente por los jóvenes, como son los desfiles carnavalescos, burlas, sátiras, acompañados de rituales festivos, con música y cantos. Pero lo significativo de este paro es que incluye aspectos nuevos, entre los que se destacan la participación y movilización masiva en los barrios populares de las ciudades, donde incluso en forma inédita en el caso de Bogotá, se presentaron durante el primero de mayo, en medio de un torrencial aguacero, unas diez manifestaciones bastante nutridas en barrios “periféricos”, lejos de la Plaza de Bolívar. Esos lugares han adquirido una importancia central en la organización y movilización de los pobladores, y por eso no extraña que en esos sitios y contra sus habitantes se haya dirigido la brutal represión.

Otro repertorio que debe destacarse es el bloqueo en las entradas y salidas de las ciudades, que ha sido efectivo y se ha mantenido en el tiempo, lo que indica que es organizado y participan amplios sectores para hacerlo posible y enfrentar la andanada policial y militar. Incluso, en algunos de estos bloqueos se han construido barricadas. Esos bloqueos se han complementado con la participación en el paro, de manera intermitente, de taxistas y camioneros, con cuyos vehículos se complementa el bloqueo de las vías.

En ese repertorio sobresalen las ollas comunitarias en los barrios, como mecanismo popular de subsistencia y símbolo de cohesión y fraternidad entre quienes participan activamente en el paro.

Otro repertorio simbólico de lucha que ha adquirido gran importancia en este paro ha sido el derribamiento de estatuas en varias ciudades del país, sobresaliendo las de los conquistadores españoles Sebastián de Belalcázar en Popayán y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá. Estas acciones tienen un hondo significado porque liga el tiempo corto de la movilización de hoy con la memoria de las luchas en el tiempo largo, para recalcar que la opresión y la dominación tienen unas raíces históricas de vieja data, que están ligadas a una casta oligárquica que se gestó en los mismos tiempos de la conquista, en la medida en que las troncos familiares que han dominado a este país en los últimos doscientos años se proclaman como descendientes de los conquistadores españoles, se creen de sangre azul, y se caracterizan por su racismo y su clasismo a flor de piel. Por eso, tampoco sorprende, que los promotores del derribo de estatuas sean los indígenas porque ellos vienen experimentando en carne propia el racismo, la opresión, la discriminación y el genocidio físico y cultural desde hace más de cinco siglos, y eso no es solo un asunto del pasado sino del presente.

Y otro elemento central de los nuevos repertorios de lucha es el comunicativo, con la utilización de las redes sociales como medio de información y denuncia sobre la represión policial y paramilitar, lo cual tiene consecuencias duraderas: al mostrar las miserias de falsimedia, con todas sus mentiras, inventos y tergiversación; y dos, al implementar otro tipo de periodismo militante, sobre el terreno mismo de los acontecimientos, que transmite en vivo y en directo lo que está sucediendo, superando y sustituyendo a los medios convencionales.

En fin, el repertorio de lucha de este paro tiene caracteres novedosos que explican en gran medida su dinámica y la potencia plebeya, como se pone de presente especialmente en la ciudad de Cali, con la participación masiva de pobladores urbanos, gente afrodescendiente desplazada de otros lugares del país, especialmente de la costa Pacífica, jóvenes, desempleados, gente que vive del rebusque diario en la economía informal, estudiantes de secundaria y de universidad. De ahí la saña de clase y de raza de la represión y del apoyo de los “blanquitos” de los barrios ricos a esa represión, con la organización de grupos paramilitares que abalean a la población pobre y humilde, con el apoyo y participación directa de las fuerzas policivas y militares del Estado.

Lo de Cali se expresa de manera clara con un hecho, aparentemente anecdótico, pero muy revelador del clasismo, que siempre ha caracterizado a las clases dominantes de este país, y que en la ciudad mencionada tiene sus propias manifestaciones de odio y de miedo al pueblo:

El martes, habitantes del exclusivo sector de Ciudad Jardín hicieron un plantón frente a sus vecinos de Univalle, en Cali. Iban todos de riguroso blanco en autos caros y una jauría de escoltas. Estaban furiosos y querían meterle candela a la Universidad, pero una señora muy elegante se limitó a meterle una patada a una estudiante. Los univallunos estaban atónitos. Son expertos frente al Esmad pero esto era inédito. ¡Los atacaba la aristocracia caleña!

De pronto alguien vociferó: «¡Tenemos 25.000 armas, malparidos!». Era un señor de blanco que esgrimía una pistola desde su blanquísima camioneta Toyota Prado. Entonces un estudiante contestó: «Nosotros tenemos la mejor biblioteca del país».

La escena resume dos posiciones frente al paro: una clase alta que rechaza un paro contra una reforma que la golpea también a ella (¡¿?!) y una juventud que está dejando su sangre en las calles para luchar contra un Gobierno asesino que no merece semejante ofrenda[1].

Que los humildes, negros, indígenas, mujeres pobres, sectores de la clase media empobrecida se movilicen en forma beligerante, demostrando que son sujetos activos y quieren escribir su propia historia en la lucha callejera y barrial, es un reto inaceptable para el Estado y los poderosos de este país, como lo ejemplifica el caso de Cali, el lugar donde el paro nacional ha adquirido más radicalidad y continuidad y donde también se ha presentado la más brutal represión, dejando decenas de muertos, la mayor parte de ellos jóvenes pobres.

FORMAS DE REPRESION Y MASACRE

“Torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza pública. Lo que el gobierno colombiano le hace a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”.

La Jornada (México), mayo 8 de 2021.

 

La dimensión que ha adquirido el paro nacional, su carácter masivo de repudio al régimen y al expresidiario, ha sido contestada como es habitual en Colombia, con la represión indiscriminada. Eso, en sentido estricto e histórico, no es ninguna novedad porque de esa manera se ha mantenido a raya a la población colombiana después del 9 de abril de 1948. Aún más, lo que estamos soportando hoy en las ciudades (siendo Cali el peor ejemplo), es lo mismo que se ha vivido y han sufrido los habitantes pobres del campo colombiano en los últimos 70 años. Lo novedoso de la represión no es que esa misma se ejerza, sino que se ha trasladado a las ciudades de una manera directa. Desde luego que esto también se ha hecho siempre que ha sido necesario, en la lógica criminal y contrainsurgente del Estado, enfrentar las protestas laborales o ciudadanas, como sucedió en el paro cívico de septiembre de 1977, cuando fueron masacrados medio centenar de colombianos, la mayor parte de ellos en Bogotá. Esta represión también viene acompañada de la violencia simbólica y justificativa que disparan los medios de desinformación de masas, como igualmente acontece en estos instantes. Sí, hasta acá las similitudes, pero hay que recalcar las diferencias, e incluso los tremendos saltos que se presentan en materia de represión por parte del Estado, que se basa en la lógica del traslado puro y simple de su doctrina contrainsurgente y anticomunista (aunque encubierta con una nueva jerga, en donde se habla de los terroristas, bandidos, narcotraficantes, voceros de los carteles de la droga…) al enfrentamiento directo en las ciudades, en las que se ha erigido como enemigo militar a la población civil, inerme y desarmada. Es decir, que el salto estratégico del que hablamos radica en que el Estado y las clases dominantes (el bloque de poder contrainsurgente) han convertido las ciudades en escenario de guerra y han erigido a la población pobre como el enemigo a vencer y a destruir.

Por ello, lo que estamos soportando ahora solo tendría dos antecedentes urbanos similares, que es bueno recordar: lo sucedido en noviembre de 1985 en el centro de Bogotá, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y allí a plena luz del día se pudo contemplar en acción la máquina de guerra estatal, momento en que muchos colombianos pudieron enterarse de que la guerra no era ni ancha ni ajena. Esta experiencia, sin embargo, involucró a un grupo guerrillero y fue presentada como una “reacción normal” del Estado y sus fuerzas armadas. La segunda experiencia se parece más a lo que hoy está sucediendo y fue lo que aconteció en el segundo semestre del 2002 en Medellín, con la llamada Operación Orión, en la Comuna 13, donde se implementó una guerra contra los habitantes de esa zona de la ciudad, en la que operaban milicias urbanas de la insurgencia. Esa guerra urbana dejo centenares de muertos, torturados, desaparecidos cuyos cadáveres fueron enterrados en un basurero, La Escombrera, sobre lo cual hay un relato desgarrador en la novela La sombra de Orión del escritor colombiano Pablo Montoya.

Pero incluso esta segunda experiencia, si fuéramos a ser meticulosamente estrictos, también sería diferente, porque siempre se esgrime el argumento de que la represión estaba justificada, que fue una acción legitima del Estado, que tenía por finalidad recuperar un territorio que había caído en manos de terroristas ‒aunque luego se dejara en las manos de los paramilitares‒. Esa operación, recordemos, fue la inauguración en público de la Inseguridad Antidemocrática de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y quien se desempeñaba como Ministra de Defensa, responsable directa por mando y responsabilidad de esa masacre, era la misma que hoy se desempeña como Vicepresidenta de la Republica, Marta Lucia Ramírez.

Lo que ahora tenemos, comparativamente hablando con los dos casos mencionados, es el despliegue de una operación contrainsurgente con todos los ingredientes contra la población pobre, por el hecho de protestar y exigir un mejoramiento en sus condiciones de vida, pedir respeto y mostrar dignidad.

Desde hace mucho tiempo los habitantes de los barrios pobres, los jóvenes estudiantes de origen humilde y de clase media, soportan la militarización de la vida cotidiana y sufren el acoso de la policía ‒que en Colombia es un cuerpo militar y no civil‒ a través de los llamados CAI, donde se tortura, viola y asesina a jóvenes y pobladores pobres. Justamente, en septiembre del 2020, se presentaron dos hechos de criminalidad estatal en esos CAI: el 5 de septiembre en Soacha, una localidad cercana a Bogotá, fueron incinerados dentro de un CAI ocho jóvenes pobres, que fueron muriendo uno a uno; y el 9 de septiembre fue asesinado por policías de otro CAI, en la localidad de Engativá, en Bogotá, el estudiante de derecho Javier Ordoñez, lo cual dio lugar a una rebelión espontánea de la población contra los CAI, 70 de los cuales fueron atacados y más de 50 fueron destruidos.

Eso para evidenciar que si en este paro nacional los jóvenes atacan a los CAI no es porque eso responda a un plan premeditado del terrorismo internacional, como dicen los voceros de Falsimedia (RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, NT24…), sino que expresa el odio que despierta la policía entre los habitantes pobres de la ciudad, siempre sometidos a la persecución y a vejámenes por esa institución, cuyo símbolo más odiado son los CAI.

Este ha sido el pretexto que el régimen y sus fuerzas armadas han esgrimido para justificar la represión abierta e indiscriminada contra la población de los barrios, en especial contra los jóvenes que han estado al frente de la lucha. El paro ha sido tratado por el Estado como si de una guerra se tratara, hasta el punto de que el Ejercito ha dispuesto su participación en la “recuperación de Cali”, con las estrategias y tácticas que siempre ha usado en el campo, para realizar sus operaciones envolventes, sus bombardeos criminales, la persecución de indígenas y campesinos por ser simpatizantes o base social de la insurgencia. Eso se ha traslado ahora a las ciudades ‒como muestra anticipada de lo que viene en el futuro inmediato‒ con la plena militarización de las ciudades dizque para proteger los CAI, con el uso de helicópteros de guerra, por primera vez a nivel urbano, para lanzar gases lacrimógenos y abalear a la población, como se ha visto en este paro el 4 de mayo en la noche en la ciudad de Bogotá y el 5 de mayo en la población de Buga, departamento del Valle del Cauca. Sí, al más conocido estilo del Estado de Israel contra los palestinos, masacrándoles desde el aire. Ahora, como un elemento nuevo de la represión, se han usado los helicópteros en plenas ciudades. Las gentes del mundo urbano están sorprendidas, y muchos jóvenes manifiestan que eso es propio de una guerra y que por primera vez el Estado lo hace, que no creían que en Colombia fuera a suceder algo por el estilo. Lo que no saben, como muestra de que la guerra en Colombia se ha vivido por televisión, es que eso es lo mismo que realiza cotidianamente desde hace décadas en el mundo rural, donde los campesinos, colonos e indígenas han sido el objeto de esos bombardeos, incluso como lo atestiguan los recientes bombardeos contra niños en varios lugares selváticos de Colombia.

Otra forma de represión, que tampoco es nueva, pero ahora se ha usado en un paro cívico generalizado en el país, es la utilización de grupos armados de civiles para atacar a la población. Aquí se combinan dos cosas: de una parte, que la propia policía se quita sus uniformes se vista de paisano y en camiones oficiales monta a sus agentes para atacar a la población, como se ha comprobado en Cali, donde fueron capturados in fraganti varios policías en un camión oficial, hasta el punto que el Comandante de la Policía lo tuvo que reconocer, pero aduciendo que estaban persiguiendo a delincuentes; de otra parte, grupos de sicarios y criminales, aupados por las clases dominantes, falsimedia y el propio Estado para masacrar a la gente.

Por otro lado, hay que examinar el papel que cumple como justificador de la represión falsimedia, que presenta la situación como se la policía fueran las víctimas y los manifestantes los agresores, con un lenguaje que desfigura la realidad de lo que acontece, hablando de vándalos y delincuentes como los protagonistas de las marchas y protestas. Ese poder de falsimedia, y eso les duele, sin embargo, es contrarrestado por la difusión de noticias a través de internet y las redes sociales, lo que ha llevado a que en ese terreno se ejerza censura para tratar de acallar las denuncias de la represión brutal de la policía en las ciudades, de lo que han quedado registros estremecedores, en los que se ve a policías asesinando a mansalva a jóvenes e incluso a un niño de 16 años, Marcelo Agredo, en la ciudad de Cali.

Hasta el momento en que escribimos estas líneas el saldo de la represión es abrumador: 45 personas asesinadas (casi todos ellos jóvenes), diez mujeres violadas por las fuerzas represivas, varios millares de heridos (solo en Bogotá se reconocen un millar de personas heridas), más de cien desaparecidos, muchos jóvenes han perdido sus ojos por acción de los disparos de policías (replicando el modelo chileno, copiado a su vez del estado sionista de Israel).

En este paro, el criminal Esmad (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios), la policía, el Ejército, los policías de civil (tiras les decimos en Colombia) están tirando a matar a la gente. Ya ni siquiera se le captura se le asesina, continuando con la centenaria lógica que, pese a que la pena de muerte legal fue suprimida en 1910, se sigue matando a los colombianos pobres y humildes, y eso lo hacen las instituciones represivas, cuyos miembros han sido adoctrinados en el anticomunismo, el odio al pueblo y a los pobres, aunque ellos también provengan de esos sectores sociales, pero se pongan efectivamente al servicio del poder.

 

PERPECTIVAS

“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

Pablo Neruda

 

 

Este es uno de esos momentos de quiebre histórico que no suceden todos los días. Es uno de aquellos instantes en que la historia se acelera y en poco tiempo, días y horas, se desencadenan acontecimientos de tal densidad, que los mismos no serían imaginables en décadas. Es un quiebre histórico en que no sepamos a donde nos puede llevar, pero lo que si queda claro es que las cosas no volverán a ser iguales a antes del 28 de noviembre. Se está presentando la protesta social más importante de la historia contemporánea de Colombia, con un carácter masivo y popular, contra un régimen odiado y criminal y contra el siniestro personaje que lo encarna como ninguno, el innombrable, el señor en las sombras, el Matarife, el expresidiario. Por eso, tal vez la consigna más universal de este paro ha sido: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”. De ser un grito de sectores minoritarios de la población en la primera década de este siglo, en pleno embrujo autoritario de los uribeños, se ha ido expandiendo y se agitó con fuerza en las protestas de finales de 2019 y se ha generalizado en estos instantes. Pero la consigna tiene un sentido que va más allá de un personaje determinado, es la denuncia de todo el aparato estatal, armado y paramilitarizado de las últimas décadas, en las que están involucrados todos los expresidentes que están vivos, y estuvieron involucrados muchos de los que ya murieron, los altos mandos militares, los poderosos gremios económicos y sus voceros de falsimedia. Todos ellos son los que quieren perpetuarse en el poder para que no se sepa la verdad de sus crímenes y para ello han iniciado un nuevo ciclo de guerra ‒el tercero en los últimos 70 años‒ con la finalidad de perpetuarse en el poder, en el que se encuentran desde hace doscientos años.

A nivel internacional se rompió la aureola de democracia que siempre enarbolaban los políticos colombianos y sus intelectuales de pacotilla, como país defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de los tres poderes separados y falacias por el estilo. Ante los ojos del mundo está quedando claro lo que es el terrorismo de Estado a la colombiana y como acá no se vive ningún reino de paz después del 2016, cuando se firmó el fracasado acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano. Y ante los ojos del mundo también queda el doble rasero, seudo moralista e hipócrita de Estados Unidos, la Unión Europea, la Pandilla de Lima, la OEA…, quienes no condenan al régimen colombiano por sus crímenes, sino que le hacen respetuosas sugerencias. De todo el maltrato e injerencia en Venezuela y Cuba, asediada por esa banda de delincuentes que a sí mismos se denominan “comunidad internacional”, que bloquean y hambrean a los países, no hay nada parecido con el régimen criminal en Colombia, que es financiado y apoyado por Washington, quien ha dejado claro que hay que conservar al país como su peón incondicional. Por eso, esos crímenes no resuenan para nada en los círculos del poder mundial.

En esta ocasión, y eso lo señala el mismo movimiento, los asesinos no deben ni pueden quedar en la impunidad. Ellos, empezando por el subpresidente Iván Duque, su Ministro de Defensa (sic), los altos mandos de la policía, los alcaldes involucrados en la represión deben ser juzgados y condenados. Después de la caída de la Reforma Tributaria, que tanto dolor y sangre ha costado, esa es la reivindicación principal del movimiento. Que los asesinos no queden en la impunidad, y se saben quiénes son y donde viven, con nombres propios y direcciones exactas.

En síntesis, estamos viviendo uno de esos momentos de crisis orgánica, en que como siempre lo han dicho los grandes pensadores de la política subalterna, lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no acaba de nacer. En ese sentido, la sangre joven derramada en esta dolorosa coyuntura histórica es la semilla que abona el sueño de otro país, digno, decente y soberano. Ese sentimiento lo expreso el joven estudiante de la Universidad Tecnológico de Pereira Lucas Villa en su último audio, antes de ser mortalmente abaleado, cuando dijo: “Muchos podemos morir, pero uno cómo no va a salir a marchar”.

Bogotá, mayo 10 de 2021.

[1]. Julio César Londoño, “La orgia de sangre de los Trizas”, El Espectador, mayo 7 de 2021.

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