La agresión que Washington lleva a cabo en contra de Cuba es una flagrante violación de los derechos humanos ya que tiene como propósito destruir los fundamentos materiales y espirituales de una sociedad, es decir, el bienestar, la felicidad y la libertad de sus habitantes.
En otras palabras, es un crimen de lesa humanidad que, sin embargo, no conmueve a los organismos internacionales que deberían exigirle a Washington que ponga fin a esas políticas; tampoco lo hacen los gobiernos europeos que pretenden dictar cátedra de democracia a los países latinoamericanos y son cómplices del crimen, ni tampoco a las tantas ONGs, supuestamente interesadas en garantizar el respeto de los derechos humanos, que miran para otro lado cuando se trata de condenar los crímenes del imperio en los más diversos países. Endechas recientes un académico de Estados Unidos, Richard Nephew, escribió un libro titulado The Art of Sanctions en donde fundamente la necesidad y eficacia de las sanciones económicas en la medida en que si causan intensos sufrimientos a la población a la larga ésta se rebelará en contra de las autoridades y se producirá el tan anhelado “cambio de régimen”.
Aparte de ello, la comunidad internacional se resiente seriamente cuando Estados Unidos consagra, otra vez con la complicidad de los gobiernos europeos, la “extraterritorialidad” de las leyes estadounidenses, un atropello imperdonable a la legalidad internacional. Concluyo subrayando que a lo largo de estas seis décadas el costo económico sufrido por Cuba a causa del bloqueo norteamericano equivale, según cálculos bien informados, a dos Planes Marshall. Con una se recuperó Europa de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, pero dos no bastaron para poner de rodillas a la Revolución Cubana.
Por eso denunciar y oponerse al bloqueo es una responsabilidad no sólo de todas las fuerzas revolucionarais sino de quienes aún sin serlo mantienen su fidelidad a los valores fundamentarles de la tradición humanista de Occidente.