La autora, quien frecuentemente visita Cuba y es ampliamente respetada por sus muy reconocidos libros sobre la revolución cubana, ofrece cobertura presencial y análisis desde Cuba que ayuda a desmentir las mentiras y la desinformación que los medios de difusión del gran capital han desatado en las últimas dos semanas en lo que respecta a los últimos acontecimientos en esta nación caribeña. Esta campaña de calumnias, exageraciones y manipulación de los hechos es parte de la guerra económica que Washington ha emprendido contra la nación socialista por sesenta años ya, así como los interminables esfuerzos del gobierno de Estados Unidos y sus aliados imperialistas por minar y derrocar a la revolución cubana.
El artículo es publicado con autorización de la autora. La traducción es de World-Outlook. El original en inglés puede ser visto aquí.
El domingo 11 de julio, decenas de protestas antigubernamentales, aparentemente coordinadas a través de las redes sociales, tuvieron lugar simultáneamente en toda Cuba. En varios lugares, incluyendo a San Antonio, en las afueras de La Habana, y en Matanzas, donde el número de casos de Covid-19 ha venido en aumento, las protestas se tornaron violentas; con ventanas quebradas, tiendas saqueadas, autos volcados, arrojando piedras y con personas agredidas.
Los medios de difusión internacionales han exagerado y manipulado estos hechos para presentar una oposición masiva contra gobierno cubano, la represión policial de protestas pacíficas y a un régimen en crisis. Mientras tanto, el papel jugado por fuerzas externas, la existencia de una guerra concertada contra Cuba en las redes sociales, el pernicioso impacto de las sanciones estadounidenses y la movilización de miles de cubanos en apoyo del gobierno revolucionario han sido deliberadamente minimizados o ignorados.
En la mayor parte de las Américas, incluso en los Estados Unidos, estos disturbios sociales son comunes y, a menudo, involucran graves cantidades de lesionados y arrestos múltiples. En Cuba, sin embargo, la última protesta violenta fue el levantamiento del Maleconazo en 1994, el peor año del llamado ‘período especial’, de la crisis económica en el que el PIB de Cuba cayó un 35% después del colapso del bloque socialista que representaba casi el 90% del comercio de Cuba. Con la esperanza de llevar al país a sus límites, el gobierno de Estados Unidos promulgó la Ley Torricelli en 1992 y la Ley Helms Burton en 1996, endureciendo las sanciones estadounidenses y obstruyendo el comercio de Cuba con el resto del mundo. Si bien se aprovecharon los escasos recursos para priorizar el bienestar, los cubanos enfrentaron escaseces en todos los sectores: alimentos, combustibles, medicinas, vivienda, industria, transporte, etc. La vida se puso dura.
Estas condiciones están regresando a Cuba hoy como resultado directo de las sanciones de Estados Unidos. Revirtiendo el tentativo acercamiento de Barack Obama, la administración Trump endureció el bloqueo de Estados Unidos a niveles sin precedentes, agregando 243 nuevos actos, medidas y sanciones para cortar el comercio de Cuba con el mundo, multar a los barcos que transportan combustible a Cuba, ahuyentar a los inversionistas extranjeros, bloquear las remesas y las visitas familiares, e impedir el acceso de Cuba al sistema financiero internacional dominado por dólares estadounidenses.
Más de 50 de esas medidas coercitivas se han tomado desde el inicio de la pandemia, lo que ha afectado gravemente la capacidad de Cuba para importar ventiladores médicos, repuestos, jeringas, medicinas y sus materias primas, alimentos y combustible. Incluso las donaciones internacionales de suministros médicos a Cuba están bloqueadas. Esto crea una dicotomía angustiosa: miles de especialistas médicos cubanos han tratado a pacientes con Covid-19 en 40 países y la isla de Cuba tiene las únicas vacunas Covid-19 desarrolladas a nivel nacional en América Latina y, sin embargo, los cubanos enfrentan agotadoras colas diarias para obtener productos básicos. Su frustración no debería sorprender a nadie.
Con el impacto combinado de las sanciones y la pandemia, el PIB de Cuba cayó un 11% en 2020; el turismo cayó un 75% y las importaciones un 30% en comparación con 2019, de ahí las estanterías vacías y las largas colas. Al mismo tiempo, la campaña en las redes sociales, facilitada con millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense y orquestada desde Miami, culpa al gobierno cubano por estas dificultades y descarta las sanciones estadounidenses como una excusa o una mentira. Busca canalizar las frustraciones del pueblo cubano hacia la oposición política.
Desde finales de 2020, los ‘influenciadores’ de las redes sociales y los ‘YouTubers’ de Miami han instado a los cubanos a salir a las calles, y algunos incluso ofrecen dinero o crédito telefónico a cualquiera que lleve a cabo, filme y publique actos de desorden violentos y de incendios provocados.
En una conferencia de prensa internacional el 13 de julio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, presentó pruebas de una nueva campaña mediática. El 15 de junio, una empresa estadounidense lanzó el hashtag #SOSCuba, el mismo día que se le autorizó a recibir financiación estatal. El 5 de julio, aparecieron hashtags pidiendo un “corredor humanitario” en Cuba, con bots y granjas de trolls o provocadores que se utilizan para difundir mensajes en Twitter a través de cuentas falsas, una de las cuales realizó cinco ‘retweets’ por segundo durante los días 10 y 11 de julio. Los usuarios de Twitter cambiaron sus geolocalizaciones para que parecieran estar en Cuba, y usaron las imágenes de una gran protesta en Egipto y de la celebración argentina por su victoria en la Copa América para acreditadas como movilizaciones masivas en La Habana. El viernes siguiente, un video que afirmaba mostrar a la policía cubana matando a tiros a un hombre en su casa fue expuesto por los medios cubanos cuando el mismo hombre fue entrevistado estando en buen estado de salud.
Las sanciones de Trump y la guerra de las redes sociales son las versiones contemporáneas de la política de ‘dos vías’ seguida por Estados Unidos desde la Revolución Cubana: sanciones económicas y la promoción de una oposición interna. El objetivo es el “cambio de régimen”, como se articula en el memorando secreto del 6 de abril de 1960 escrito por Lester Mallory, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Interamericanos. Reconociendo el apoyo popular al gobierno revolucionario, recomendó medidas para “debilitar la vida económica de Cuba […] para provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno”.
El presidente cubano Miguel Díaz Canel respondió a los hechos del 11 de julio de manera similar a Fidel Castro durante el Maleconazo de 1994. Fue a San Antonio para hablar con la gente a nivel local, reconoció sus legítimas frustraciones y luego encabezó una marcha por la comunidad en defensa de la Revolución Cubana.
Horas después, apareció en televisión para informar al público sobre los hechos, reconocer las dificultades cotidianas de los cubanos y dar una ferviente denuncia del imperialismo estadounidense y la campaña en las redes sociales. Declaró: “¡las calles son de los revolucionarios!”. A esa señal, miles de cubanos se movilizaron en pueblos y ciudades de todo el país para defender el socialismo cubano.
Los días siguientes se ha visto una calma tensa, con una protesta violenta en Arroyo Naranjo en las afueras de La Habana en la que una persona murió y más sufrieron heridas, incluida la policía. Desde entonces se han producido pequeñas escaramuzas. El acceso a Internet se suspendió temporalmente, presumiblemente para evitar que se utilicen las redes sociales para coordinar más protestas. Las radios de los automóviles y los televisores de los lugares de trabajo se sintonizaron en una transmisión de cuatro horas por parte del presidente y los ministros del gobierno que discutieron los hechos, analizaron la situación del país y denunciaron la intervención de Estados Unidos. Desde Florida, hubo amenazas de una flotilla naval y pedidos de intervención militar.
Con alucinante hipocresía, Joe Biden expresó su preocupación por la situación y pidió al gobierno cubano que escuche a la gente. Pero si Biden estuviera realmente preocupado y escuchara al pueblo cubano, levantaría las sanciones. Esta fue una demanda que escuché de todos los cubanos con los que hablé en un mitin de 200.000 personas en La Habana el 17 de julio, cuando cientos de miles tomaron las calles por toda la isla.
Las autoridades cubanas han dejado claro que los disturbios violentos serán castigado por medio del sistema judicial. Puede que haya más conflictos por delante, pero a medida que se trazan las líneas, nadie debe subestimar la resistencia de la Revolución Cubana.
Helen Yaffe es profesora titular de historia económica y social en la Universidad de Glasgow. Es autora de Somos Cuba: cómo ha sobrevivido un pueblo revolucionario en un mundo postsoviético y Che Guevara: La economía de revolución.