Si el G7 quiere de verdad un diálogo constructivo sobre Cuba, tiene un punto de partida evidente: nombrar el bloqueo, reconocer su impacto y exigirle a su miembro más poderoso que respete lo que la Asamblea General le pide desde 1992. Mientras no lo haga, sus llamados a la democracia en la isla seguirán sonando a lo que son, una exigencia dirigida a un país pequeño por quienes comparten mesa, sin incomodidad alguna, con príncipes que nunca tuvieron que pasar por una urna.
Por María Teresa Felipe Sosa
Fuente: Diario Red
Los días 9 y 10 de noviembre, Francia, que preside este año el Grupo de los Siete, reunió en París a los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, junto con la representación de la Unión Europea. Era la segunda reunión ministerial formal bajo presidencia francesa, después de la celebrada en marzo en la abadía de Vaux-de-Cernay. A la mesa se sentaron Marco Rubio por Washington, Johann Wadephul por Berlín, Antonio Tajani por Roma y Toshimitsu Motegi por Tokio, con Jean-Noël Barrot como anfitrión. La diplomacia francesa, que dice querer abrir el G7 a las potencias emergentes y regionales, invitó además a los cancilleres de Brasil, Egipto, Corea del Sur, Ucrania y Arabia Saudita. La agenda iba de Ucrania a Medio Oriente, pasando por la inteligencia artificial, y en el capítulo de “crisis regionales” aparecía, como ya había pasado en marzo, el nombre de Cuba.
La declaración final se publicó el miércoles 11. En el apartado dedicado a la isla, los siete gobiernos expresaron su “inquietud” por la profunda crísis económica y las necesidades humanitarias del pueblo cubano. En el mismo apartado pidieron avanzar hacia una gobernanza democrática multipartidista, liberar a las personas que consideran detenidas arbitrariamente, garantizar la libertad de prensa y de asociación y abrir un “diálogo constructivo e inclusivo”.
El texto describe, ademas los síntomas de la crisis, pero en ninguna de sus líneas menciona el bloqueo económico, comercial y financiero que unos de sus miembros, Estados Unidos, mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. Tampoco menciona el cerco energético que desde enero amenaza con aranceles a cualquier país que le suministre combustible a la isla. Estamos en presencia de un G7 que optó por repetir los argumentos falaces de Washington para justificar una política que la comunidad internacional ha condenado año tras año. Lo que sigue intenta mostrar que esa acusación no es retórica de ocasión, sino una descripción bastante exacta de lo que pasó en París.
Una vara de medir que cambia según el interlocutor
La primera contradicción se puede apreciar en la composición de la sala. El mismo lunes en que los cancilleres del G7 discutían cómo debería gobernarse Cuba, Barrot se reunió con el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. El comunicado oficial francés recoge que le expresó la “plena solidaridad” de Francia y que ambos reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación estratégica entre los dos países, en línea con la visita que Emmanuel Macron había hecho a Riad apenas tres semanas antes. Arabia Saudita es una monarquía absoluta en el sentido más literal del término. La familia gobernante da nombre al Estado, los partidos políticos no están permitidos y el órgano consultivo que hace las veces de parlamento lo designa el rey. Sin embargo, no consta que nadie en París le haya pedido al príncipe un sistema multipartidista, la liberación de presos políticos o garantías para la prensa. Su gobierno participó en las sesiones ampliadas, posó en la foto de familia y se llevó la promesa de una cooperación más estrecha.
Estamos en presencia de un G7 que optó por repetir los argumentos falaces de Washington para justificar una política que la comunidad internacional ha condenado año tras año.
Para ser justos, Arabia Saudita no firmó la declaración sobre Cuba: la sesión donde se trataron los asuntos latinoamericanos fue exclusiva de los siete y de la Unión Europea. Lo que revela la reunión de París no es que una monarquía absoluta le exija democracia a Cuba, revela que los mismos gobiernos que se presentan como guardianes de la democracia liberal reservan su exigencia para los países que incomodan a Washington, mientras tratan como socios estratégicos a regímenes que no superarían ninguno de los criterios que le aplican a La Habana..
Habría que agregar, sin forzar la comparación, que tres de los siete firmantes (Reino Unido, Japón y Canadá) tienen como jefe de Estado a un monarca hereditario. Son monarquías constitucionales, con parlamentos electos y poderes reales muy limitados, y sería deshonesto equipararlas con el absolutismo saudita. Aun así, el dato ilustra con cuánta flexibilidad entienden la legitimidad política los países del G7 cuando se trata de su propia historia y de sus propias instituciones. Qué curioso, que esa misma flexibilidad desaparece cuando se trata de un pequeño país del Caribe que decidió organizarse de otra manera.
La coerción que sí se nombra y la que se calla
La segunda contradicción está dentro del propio G7. Según el resumen oficial publicado por la Cancillería japonesa, durante esa misma reunión los ministros acordaron trabajar juntos frente a la “coerción económica”, incluidas las restricciones arbitrarias a las exportaciones. El destinatario del mensaje evidentemente era China y su control sobre los minerales críticos.
Lo interesante es que el concepto de coerción económica, tan útil para señalar a Pekín, desaparece cuando el que la ejerce es Estados Unidos. En enero de este año, una orden ejecutiva de la Casa Blanca declaró a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense. Sobre esa base se montó un cerco petrolero que castiga a terceros países por comerciar libremente con la isla. Si la coerción económica consiste en usar el poder comercial y financiero para doblegar la voluntad política de otro Estado, difícilmente exista en el mundo un ejemplo más acabado que el bloqueo contra Cuba.
Según el resumen oficial publicado por la Cancillería japonesa, durante esa misma reunión los ministros acordaron trabajar juntos frente a la “coerción económica”, incluidas las restricciones arbitrarias a las exportaciones.
Bruno Rodríguez lo ha dicho en la Asamblea General de la ONU, el cerco energético equivale a un bloqueo naval, y el derecho internacional tipifica el bloqueo naval como un acto de guerra. También ha subrayado que el bloqueo tiene un carácter extraterritorial, porque viola la soberanía de terceros Estados que tienen derecho a relacionarse con Cuba según sus propias leyes e intereses.
Esa dimensión debería preocupar especialmente a los europeos, cuyas empresas y bancos sufren las multas y amenazas de Washington cada vez que comercian con la isla. Que el G7 calle sobre esto es una decisión política que pone los intereses de su socio principal por encima de la coherencia de su propio discurso.
Hablar de la crisis sin hablar de su causa
La tercera contradicción es la más dolorosa, porque afecta directamente a la vida de los cubanos. La declaración del G7 dice estar preocupada por la crisis económica y humanitaria, pero la presenta como si fuera un fenómeno sin causas externas, producto únicamente de decisiones internas. Las cifras oficiales cuentan otra historia. Según el informe de la Cancillería cubana, entre marzo de 2025 y febrero de 2026 los daños del bloqueo llegaron a más de 8 083 millones de dólares, la cifra más alta registrada. Detrás de ese número hay apagones prolongados, hospitales sin insumos, transporte paralizado por falta de combustible y familias obligadas a organizar su día alrededor de la escasez. Preocuparse por el sufrimiento de un pueblo sin nombrar la política diseñada explícitamente para provocarlo es una coartada útil para plegarse a los intereses injerencistas de Estados Unidos.
Conviene recordar que el propio Bruno Rodríguez ha reconocido públicamente que no todas las dificultades de la economía cubana se deben al bloqueo, aunque sostiene, con datos, que es su causa principal. Esa admisión tiene un valor que no conviene pasar por alto. Muestra a un gobierno dispuesto a discutir sus propias responsabilidades, que es mucho más de lo que ofrece el G7 cuando borra del diagnóstico el factor que más pesa. Un diálogo “constructivo e inclusivo”, para usar las palabras de la declaración, no puede empezar por excluir el elemento central del problema.
Soberanía antes que tutela
Nada de esto significa que Cuba esté por encima de la crítica, ni que los cubanos no tengan derecho a discutir su sistema político, su economía y sus libertades. Lo tienen, y lo ejercen. Lo que se cuestiona aquí es otra cosa, la legitimidad de un club de potencias que se arroga el papel de tutor, que mide a los demás con una vara que no se aplica a sí mismo ni a sus aliados, y que habla de derechos humanos mientras calla ante la violación más masiva y sistemática que sufre el pueblo cubano.
El doble rasero con Cuba no es nuevo, pero en París quedó a la vista. A ningún país latinoamericano aliado de Washington se le exige que cambie su sistema político como condición para comerciar libremente, recibir combustible o acceder al crédito internacional. Vale resaltar, que la Constitución cubana vigente fue sometida a referendo en 2019 y aprobada por más del 86 por ciento de la población cubana. Se puede discutir ese modelo, criticarlo y querer reformarlo, pero esa discusión les corresponde a los cubanos, no a siete cancillerías que deciden desde París qué sistema político es aceptable para un país que no las eligió.
A ningún país latinoamericano aliado de Washington se le exige que cambie su sistema político como condición para comerciar libremente, recibir combustible o acceder al crédito internacional
Por eso la declaración del G7 es más peligrosa de lo que parece. No es solo un texto hipócrita, funciona como respaldo político para una escalada que ya está en marcha. Este año desde Washington se ha amenazado como nunca a Cuba con intensiones reales de agredirla militarmente. El canciller cubano advirtió ante el Consejo de Seguridad que una acción militar significaría un baño de sangre para cubanos y estadounidenses.
Lo ocurrido en Venezuela este mismo año demuestra que esa advertencia no es exagerada. Mientras las potencias occidentales describan la crisis cubana sin mencionar el bloqueo y exijan cambios políticos sin cuestionar la coerción, lo que están haciendo es darle a Washington una cobertura moral. Lo que hoy se presenta como “inquietud” por los derechos humanos puede servir mañana para justificar sanciones todavía más duras, o algo peor.
La soberanía no puede ser un privilegio reservado a las grandes potencias. Es el principio que permite a los países existir sin pedirle permiso a nadie. Fue la base sobre la que se construyó el orden internacional después de 1945 y está en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe intervenir en los asuntos internos de los Estados. Cada vez que el G7 lo relativiza en nombre de la democracia, debilita también la protección de todos los países que no pertenecen al club. Defender hoy la soberanía de Cuba no significa respaldar a un gobierno ni cerrar el debate sobre su futuro. Significa defender el derecho de un pueblo a resolver sus problemas sin que lo asfixien, lo amenacen o lo tutelen.
Si el G7 quiere de verdad un diálogo constructivo sobre Cuba, tiene un punto de partida evidente: nombrar el bloqueo, reconocer su impacto y exigirle a su miembro más poderoso que respete lo que la Asamblea General le pide desde 1992. Mientras no lo haga, sus llamados a la democracia en la isla seguirán sonando a lo que son, una exigencia dirigida a un país pequeño por quienes comparten mesa, sin incomodidad alguna, con príncipes que nunca tuvieron que pasar por una urna.
