Un mínimo expediente sobre la violencia golpista contra Venezuela.
Fuente: Misión Verdad
Los crímenes definidos por la Corte Penal Internacional como de guerra y de lesa humanidad han tenido lugar en Venezuela en los últimos meses en el contexto de las manifestaciones violentas convocadas por la MUD.
Basta echarle un breve vistazo a la carta jurídica expresada en el Estatuto de Roma para calificar algunas de las acciones antichavistas que a continuación reseña Misión Verdad, esto para entender la gravedad de las consecuencias de los focos violentos promovidos por la oposición venezolana y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De hospitales asediados y menores de edad cooptados
Era el 20 de abril de 2017. Una guarimba nocturna en la parroquia El Valle (Caracas) se había extendido hasta las horas de la noche, lo que produjo un ataque al Hospital Materno Infantil Hugo Chávez.
Esa misma noche, entre madres y bebés, fueron evacuados al menos 54 personas del Materno. Funcionarios médicos de esa institución hospitalaria confirmaron en el sitio que se trataban grupos criminales vinculados a la oposición venezolana los que atacaron la instalación.
evacuación de 54 niños y niñas del Materno Infantil de El Valle, atacado durante la noche por bandas armadas fascistas pic.twitter.com/AljLl2f59o
— Larissa Costas (@Larissacostas) April 21, 2017
Asimismo, el 17 de mayo de 2017 hubo un asedio a la Maternidad del municipio Carrizal (estado Miranda) por parte de grupos violentos antichavistas. El Gobierno Bolivariano ordenó evacuar a tres bebés recién nacidos y a una mujer que se encontraba en labores de parto.
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Tres días antes de este último suceso, el 14 de mayo, hubo un ataque terrorista al Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar (estado Bolívar). Fue un incendio ocasionado por antichavistas al depósito regional de insumos y equipos medicinales, que dejó la instalación hecha escombros y cenizas.
Algunos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) también sufrieron ataques el mes pasado. Uno el 8 de mayo en Carora (estado Lara), otro el 22 de mayo en el Casco Histórico de Baruta (estado Miranda) y el 23 de mayo nuevamente en Carrizal.
Según el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de la que Venezuela forma parte, los ataques a «hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares» son considerados crímenes de guerra.
Esa institución jurídica describe los crímenes de guerra «cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes». El asedio a centros de salud públicos tiene rasgos de tendencia sistemática por parte de la vanguardia violenta antichavista, por lo que el Estado no ha descartado otros posibles ataques en el futuro y por ello fortalece su resguardo.
Sin embargo, lo que muchos medios nacionales e internacionales califican de «guerra civil» no es más que la magnificación mediática de los (pocos pero intensos) focos violentos promovidos por el antichavismo.
Los ataques a hospitales, aunque calificados como crímenes de guerra, no ocurren en un contexto de guerra franca y abierta. De ahí la gravedad del asunto.
La Corte Penal Internacional también considera «Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades» como un crimen de guerra.
El uso y abuso de menores de edad en las manifestaciones violentas del antichavismo han sido una constante. Videos y fotos han circulado en redes sociales donde se ven niñas y niños tomando acción, sea en la tutelada fabricación de armas artesanales como en el lanzamiento de objetos contundentes a los cuerpos de seguridad del Estado, en zonas de guarimba y líneas de confrontación propaladas por la vanguardia violenta de la oposición.
#EnVideo | Así es como la derecha usa a los niños para armar bombas molotov en Venezuela #ReverolMinistroDePaz pic.twitter.com/heRPyvyBCM
— Néstor Reverol (@NestorLReverol) May 11, 2017
El reclutamiento de menores de edad «para participar activamente en hostilidades», como dice el Estatuto de Roma, ha sido denunciado por el Gobierno de Venezuela ante instancias internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Además, el funcionario diplomático Rubén Darío Molina afirmó también haber entregado pruebas testimoniales, fotográficas y audiovisuales de este crimen de guerra, a la jefa de gabinete del Secretario General de la ONU; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; al Secretario General del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); así como a los 195 países acreditados ante el organismo multilateral.
De igual forma, los saqueos o asaltos de plazas y ciudades (estados como Táchira, Barinas y Miranda, y urbanizaciones como El Valle han sido víctimas de estos actos), utililizados por la MUD para impulsar su discurso de «resistencia» y el aumento de las «protestas», también son reconocidos como crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.
Un crimen de lesa humanidad
Por otro lado, las guarimbas también han tenido expresiones en el sabotaje económico a escala nacional. El hecho de impedir la distribución de alimentos está considerado por Fedenaga en el estado Táchira y la Asociación de Ganaderos de El Vigía (estado Mérida) como una táctica en el gran cuadro que intenta derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
En Bailadores (estado Mérida) fue afectada una ruta de abastecimiento de alimentos y de combustible, lo que produjo retraso en sus despachos y ataques a camiones de carga.
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Es en el occidente del país donde se muestra con mayor intensidad los focos de violencia contra comercios y rutas de distribución de alimentos y otros bienes. Esta región de Venezuela concentra más del 50% de la producción y distribución de rubros alimentarios no industriales de consumo masivo esenciales para la población (carnes, vegetales, legumbres y materias primas para la agroindustria), como también las principales arterias comerciales de salida para las distintas ciudades del eje norte y oriental del país de mayor densidad poblacional.
De acuerdo al citado Estatuto de Roma, el sabotaje de la distribución de alimentos califica de crimen de lesa humanidad, en específico a un acto de «exterminio».
«El ‘exterminio’ comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas» en un contexto donde se comete «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
Lo que manifiesta abiertamente no sólo la intención golpista de ciertos grupos involucrados con la guarimba en forma de barricada o económica, sino también el hecho de que para lograr un pretendido «cambio de régimen» ataca al mismo tiempo a la población venezolana.
De acuerdo al Estatuto de Roma no hace indispensable que un conflicto armado sea de índole internacional para que estos crímenes apliquen y puedan ser procesados; incluso en situaciones de disturbios o tensión interna cometer estos delitos tiene el mismo efecto jurídico que durante un conflicto armado reconocido por la comunidad internacional.
En definitiva la oposición venezolana traza una ofensiva sobre el cuerpo social y gubernamental de Venezuela, incluidos menores de edad e infraestructuras públicas, que trasciende a estatutos que califican los hechos más violentos del antichavismo como crímenes de guerra y de lesa humanidad. En ese marco se mueven los dirigentes y operadores de la guarimba 2017.