Fuente: Rebelión
“Hay que invadir militarmente a Colombia para apoderarse de las riquezas de Venezuela”. Paul Coverdale, Senador de los Estados Unidos y ponente del Plan Colombia, 1999.
Estimados compañeros y compañeras de Buenos Aires:
Les escribo desde un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país en donde se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y apenas hace cuatro días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle.
En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.
En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadores, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, quien con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboni, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.
En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbio, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.
En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos.
En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares.
En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia.
En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de “La cárcel o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de Primero la cárcel y luego la muerte), además han sido asesinado ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha. El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.
En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre.
En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013. Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que “este país es uno de los más desiguales del mundo”.
En ese país, según una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones.
En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como a 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina.
En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita).
El país del que les habló es COLOMBIA, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el “NOBEL DE LA PAZ”, lo cual en verdad debería leerse como el NOBEL DE LA MUERTE, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibió tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra).
Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas.
Es bueno preguntarse, por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos –algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia–. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales –y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir– se pronuncien con tanta beligerancia contra el gobierno Venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia.
Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia –en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz– y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los Estados Unidos y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados.
En efecto, hasta un ciego puede ver el papel activo del bloque de poder contrainsurgente que domina a Colombia (formado por su Estado y sus clases dominantes) en el saboteo que soporta Venezuela, y un papel relevante en diversos planos: político, económico, mediático y militar. Económico, por los procesos de contrabando, que desangran a la economía venezolana y que hacen llegar productos a muy bajo costo al territorio colombiano (principalmente petróleo), que enriquece a diversos grupos, entre ellos paramilitares. Político, porque es clara la abierta intervención del Estado colombiano, empezando por el actual gobierno, en los asuntos internos de Venezuela, con su apoyo a la mal llamada “oposición”, y respaldando a la desprestigiada OEA. Esa intervención política se ha renovado recientemente con la reunión entre Juan Manuel Santos y Donald Trump, donde con cinismo se anunció que “seguiremos trabajando sobre situación de Venezuela”, que quiere decir “seguiremos interviniendo y saboteando al gobierno legítimo del vecino país”. En el caso de Juan Manuel Santos, su intervencionismo es más vergonzoso, si tenemos en cuenta la contribución de Venezuela al desarrollo de los diálogos con las FARC.
Mediático, porque la prensa colombiana, controlada por los dueños de este país, libra desde siempre una campaña de calumnia, mentira y desprestigio contra el proceso venezolano, como parte de una matriz mediática orquestada desde el corazón del imperio, donde los medios colombianos cumplen un papel central. Leer un diario de este país, escuchar una emisora de radio o ver un canal de televisión cuando se refieren a Venezuela es asistir a un coctel repleto de todo tipo de infundios, que llegan a planos de un realismo mágico invertido, que de no ser por el objetivo criminal que persiguen solo causarían risa. ¿De cuándo acá medios de desinformación como RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo o la Revista Semana se preocupan por los niños que sufren hambre y desnutrición en Venezuela, como si en Colombia no estuvieran muriendo de inanición niños indígenas en la Guajira y negros en el Choco?
Militar, porque desde hace años hay grupos paramilitares de origen colombiano operando en territorio venezolano, con un claro y abierto respaldo de los jefes paramilitares (conocidos políticos) que actúan impunemente desde Colombia, donde además se refugian una gran parte de golpistas (Carmona el “breve”, golpista del 2002 recibió asilo político en este país) y de criminales, incluyendo los de “cuello blanco”, que han delinquido en Venezuela, pero que aquí son presentados como “perseguidos políticos”.
Tan abierta y beligerante es el papel que cumplen el bloque de poder contrainsurgente en Colombia como punta de lanza de la agresión contra Venezuela, que acá un tema de discusión permanente está referido a lo que en forma vulgar se ha denominado como castro-chavismo, hasta el punto que cualquier reflexión crítica –y aquí no abundan, puesto que la intelectualidad es igualmente funcional a ese paradigma contrainsurgente que odia a los venezolanos pobres y mulatos y admira a los millonarios y oligarcas– es inmediatamente descalificada y rechazada. ¡Por algo, debido al papel de quinta columnas del imperialismo estadounidense que han desempeñado las clases dominantes de Colombia y sus intelectuales orgánicos, a nuestro país se le conoce en el mundo como el Caín de América Latina o el Israel de Sudamérica!
Esa postura del régimen santista y de los círculos dominantes en la política colombiana y en sus medios de desinformación, nos avergüenza como latinoamericanos, máxime cuando conocemos algo de la historia trágica de nuestro continente y cuando vemos que hoy se vuelve a poner en marcha el guion golpista y contra-revolucionario que en anteriores ocasiones ha funcionado en países como Guatemala (1954), República Dominicana (1963-1965), Chile (1973), Nicaragua (1990), cuyo costo ha sido sangriento para millones de habitantes pobres de esos países.
Hoy es evidente lo que está en juego y lo que interesa a los intervencionistas y a sus socios internos, en Colombia, Venezuela y más allá: eliminar un proyecto que, con todas sus limitaciones y contradicciones, se ha atrevido a tocar intereses estratégicos. Lo que hoy se llaman Derechos Humanos, Democracia, Libertad… por parte de los Estados Unidos, la OEA, los gobiernos abyectos de Colombia, México, Argentina, Brasil…, así como de la mal llamada “oposición venezolana” son simplemente eufemismos para no nombrar en forma directa el interés supremo: EL PETROLEO VENEZOLANO. Este es, y dejémonos de volteretas analíticas innecesarias, el verdadero objetivo de lo que quieren derrocar el régimen constitucional en Venezuela, como también lo ha sido en Irak o en Libia, lugares en los que se repitió la misma cantaleta, la cual condujo a la terrible violencia, que en esos lugares ha dejado miles de muertos y el caos generalizado.
Si llegase a imponerse la tal “oposición”, responsable principal del desangre que hoy viven los hermanos venezolanos, uno tendría que ser muy ingenuo, iluso e ignorante de los elementos básicos de la historia de nuestro continente, para creer que esto va a representar un avance democrático para Venezuela y el continente. Dejémonos de engaños y mentiras, lo que se va a imponer va a ser una terrible dictadura, así sea de apariencia civil, a la colombiana, cuyo objetivo es el de desmontar los avances sociales que, en medio de dificultades se han alcanzado en el país vecino, pero sobre todo eliminar del escenario político e histórico a los sectores populares, que es el gran logro de Rafael Chávez. De ahí el odio contra el chavismo, por el carácter plebeyo de su composición social, tras el cual alumbra otro tipo de democracia, que va más allá de la democracia liberal, con sus fetiches institucionales que tanto deslumbran a ciertos intelectuales de Europa y a algunos de sus émulos de estas tierras.
Eso es lo que está en juego y por eso en este momento trascendental no podemos andar con medias tintas ni con compromisos abstractos con la democracia liberal o con los Derechos Humanos, como si no hubiera que respetar la decisión de ampliar esa democracia con la participación soberana de la gente, para que le apueste a nuevos caminos que desde dentro ayuden a encontrar salidas a la encrucijada que hoy vive la revolución bolivariana. Eso solo lo decidirá el propio pueblo venezolano desde las calles y sus sitios de trabajo y organización. Eso es lo que debemos respaldar y por lo mismo rechazar la intromisión violenta y fascista que desde Washington, Bogotá o los barrios ricos de Caracas se realiza a diario, a costa del dolor y la sangre de los venezolanos humildes. Lo que deseamos es una ampliación de la senda popular que se abrió en Venezuela en 1998, con la participación soberana de los sectores plebeyos. Esto es trascendental para el futuro inmediato de los proyectos anticapitalistas en nuestra América, de ahí la importancia de lo que acontece en estos momentos en la tierra de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.
Bogotá, junio 25 de 2017