Cuba reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones y expuso medidas adoptadas en el país para cumplir con las recomendaciones del Mecanismo de Examen de la ONU sobre ese tema.

El embajador cubano ante Austria y la Oficina de Naciones Unidas en Viena, Juan Antonio Fernández, intervino en el inicio de las labores del Séptimo Período de Sesiones de la Conferencia de los Estados parte en la Convención
de la ONU contra la Corrupción.

Al exponer las acciones de su país ante las indicaciones durante el proceso de examen resaltó la actualización permanente de la legislación nacional contra la corrupción y sus tratados internacionales de extradición y
asistencia judicial recíproca.

Mencionó la penalización del lavado de activos, basado en el deber de conocer, la suposición racional o la ignorancia inexcusable, así como la inclusión en el tipo penal “enriquecimiento ilícito” del enriquecimiento directo por persona intermedia y el aumento del patrimonio del funcionario o de tercero.

Añadió que su país lleva a cabo la actualización continua de los tratados bilaterales en materia de extradición y asistencia jurídica recíproca.

“Aunque Cuba no reconoce la Convención como base para extradición- precisó-, se evalúa positivamente la posibilidad de solicitar una extradición en base a los principios de reciprocidad y doble incriminación, en ausencia de un tratado vigente”.

Relató además la existencia de acuerdos bilaterales para facilitar la cooperación policial y aduanera y destacó la participación de Cuba en la Interpol e IberRed e incorporación a la organización intergubernamental de países sudamericanos GAFISUD.

Calificó de crucial en el desarrollo de todas esas acciones la coordinación interinstitucional plasmada en la existencia en su país de una Comisión Estatal de Control, que facilita el intercambio de información sobre casos pendientes.

Cuba, remarcó el embajador, identificó algunas prácticas positivas que desea compartir con otros Estados miembros en el proceso de confección de la autoevaluación.

Dijo que se detectaron brechas legislativas en el orden sustantivo y procesal, problemas y dificultades existentes.

Al respecto, acotó, se realizó un análisis crítico para su posible solución, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso institucional emprendido en el país y la reforma legislativa, en armonía con el proceso de actualización del modelo económico cubano.

También citó como positivos los intercambios sostenidos, las consultas y los aportes de los representantes de la sociedad civil durante el período de examen.

En su opinión, las enseñanzas obtenidas sobre el mecanismo de aplicación favorecieron la exposición e intercambio sobre el tema con directivos y funcionarios de diferentes países del área, que asistieron en Cuba a los cursos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Aseveró que su país reitera la disposición a continuar cooperando en la Aplicación de la Convención contra la Corrupción y su Mecanismo de Examen.

Por REDH-Cuba

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