Tras pasar 36 años encarcelado, Oscar López Rivera habló sobre el sistema penal estadounidense como parte de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Fuente: Diálogo UPR
El pasado domingo, en el marco de la conmemoración por el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el exprisionero político puertorriqueño ofreció una disertación sobre las injusticias que a diario se cometen en las cárceles norteamericanas. Ese sistema penal –denunció– se encuentra en gran medida en manos de grandes intereses económicos, y atenta particularmente contra los sectores más desventajados de la sociedad, al tiempo que fracasa estrepitosamente en servir de ente rehabilitador para aquellos que caen entre sus garras.
“El sistema privado de prisiones en Estados Unidos es el que verdaderamente convierte el preso en una mercancía. Esto refleja algo que muchas veces olvidamos y es que la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que la abolición de la esclavitud se aplica solo a aquellos esclavos que no están presos, aquellos que están presos no fueron liberados. Esas pequeñas palabritas son interesantes [porque] el sistema de prisiones de Estados Unidos todavía tiene ese sistema de esclavitud. No podemos obviar eso”, advirtió López Rivera en la actividad organizada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.
El trabajo forzado al que son expuestos los confinados en las prisiones privadas –sistema que la administración de Barack Obama anunció en agosto de 2016 que sería eliminado gradualmente– ayuda a generar parte de los beneficios de un sector que, al 2014, superaba los $629 millones en ganancias. Un margen de ganancias del que, planteó el líder nacionalista, el preso y sus familias no ven un centavo.
Por otro lado, denunció que “las cárceles tienen un sistema en el que si un familiar le manda [por ejemplo] $100 a un preso, ese dinero no va directamente al preso”. López Rivera indicó que ese dinero va a un banco comercial, donde nunca gana intereses. “El banco sí gana mucho con ese capital adicional que tiene para invertir”, aseguró.
“Nosotros hicimos un cálculo de que por lo menos 100,000 de esos presos federales reciben como $100 al mes, así que imagínense la cantidad de dinero que tienen los bancos en sus arcas a costa de las familias de los presos”, ilustró López Rivera durante el acto celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
López Rivera igualmente apuntó al discrimen que reciben por parte del sistema penal tanto las poblaciones negras como latinas en Estados Unidos. Ambas componen una cantidad desproporcionada de los cerca de 2.3 millones de encarcelados en el país norteamericano, la cifra más alta en el mundo.
A juicio de López Rivera, la transformación de la estructura penal en Estados Unidos comenzó durante la administración de Richard Nixon en la década de 1970, pero se recrudeció bajo Ronald Reagan en los 80. El inicio de la llamada “guerra contra las drogas” se combinó con una creciente inmigración hispana, que era vista como “peligrosa” en el país, para aumentar exponencialmente la población carcelaria.
“El modelo de California [donde Reagan fue gobernador entre 1967-1975] era el que más presos per cápita tenía en Estados Unidos. Y fue con esa mentalidad que ese señor llegó a Washington como presidente e hizo posible la privatización de prisiones y la inmensa cantidad de prisiones que se construyeron”, subrayó.
“Cuando yo entré a la cárcel [en 1981] había 25.000 presos federales. Ahora hay más de 200.000”, agregó el independentista, cuya sentencia fue conmutada en enero por el presidente Obama.
Asimismo, censuró lo que calificó como la actitud “hipócrita” de Estados Unidos hacia los latinos desde hace décadas, al presentarse hacia ellos como la “meca” del mundo.
“Muchos se lo creyeron, incluyendo muchos puertorriqueños. Ofrecían una mentira, pues cuando los latinoamericanos inmigraban se daban cuanta que no era ninguna meca y terminaban en esas prisiones”, expuso al añadir que por lo general son “los más vulnerables”, y no los “verdaderos traficantes”, quienes sufren las consecuencias del esquema penal estadounidense.
López Rivera igualmente alertó sobre las deplorables condiciones en que las cárceles norteamericanas mantienen a los confinados.
Indicó que, en gran medida, esto se debe a las mínimas garantías a las que tienen derecho los presos, lo que limita sus posibilidades de acceso a tratamientos médicos, comunicación con su familia o recreación.
“Un preso tiene derecho a tres comidas al día y una cama, el resto son privilegios. Cuando a los carceleros se les antoja, esos privilegios se van. La mayoría de los presos tiene enfermedades y se pone la salud en peligro. Lo más triste que puede haber es un preso enfermo, porque jamás va a recibir el tratamiento que necesita”, dijo López Rivera, quien resaltó que la situación para los indocumentados se agrava al carecer de los recursos para defenderse en el marco jurídico, en parte por el miedo que provoca el riesgo de deportación propia o de familiares.
Pero por sobre todas las cosas, argumentó López Rivera, las cárceles estadounidenses fracasan en el deber de rehabilitar a los presos, al no ofrecer alternativas que les permitan reintegrarse positivamente al escenario social.
“Todo preso puede rehabilitarse. Todo preso puede trascender lo que fue anteriormente, pero necesita ayuda. Aunque las cárceles [en Estados Unidos] nunca fueron creadas para eso, hubo momentos en que había menos presos y se tenían algunos servicios y programas”, manifestó López Rivera.
Sin embargo, el sistema penal es “uno que deshumaniza; que verdaderamente no tiene nada de interés en el preso”, lamentó López Rivera, quien pasó 12 años de su sentencia federal en confinamiento solitario.
López Rivera aprovechó la charla para hacer un llamado por las liberaciones de la puertorriqueña Ana Belén Montes, sentenciada en 2002 a 25 años de prisión tras ser convicta por realizar labores de espionaje a favor del gobierno cubano; y de Nina Droz, recluida desde que fue arrestada en hechos relacionados al paro nacional el pasado 1 de mayo y por los que se declaró culpable en el foro federal de un cargo de conspiración.