El complejo panorama político que vive Perú y la actuación de las autoridades de ese país en relación con Venezuela ponen en entredicho hoy que Lima sea la sede de la VIII Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse en abril venidero, y cuyo tema central de debate será nada menos y nada más que la “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Analistas latinoamericanos coinciden en que actualmente en esa nación andina reina la ingobernabilidad, se enfrenta una grave crisis política y los hechos de corrupción son el pan de cada día, e involucran al ejecutivo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, conocido por PPK.
Reportes de prensa adelantaron este miércoles que PPK corre el riesgo nuevamente de ser obligado a dimitir por el Parlamento nacional, y citan encuestas que señalan que más del 70 por ciento de los peruanos favorecen la renuncia del Jefe de Estado.
Recordaron que Kuczynski escapó recientemente de una moción de censura en el Congreso que pretendió sacarlo del poder, y consiguió mantenerse en la silla presidencial gracias a un “pacto secreto” con una parte de la oposición con la cual negoció el indulto ofrecido al exdictador Alberto Fujimori.
La excercalación de Fujimori generó a su vez numerosas protestas en casi todas las ciudades de Perú y el rechazo de la comunidad internacional, e hizo descender la cada vez más pobre popularidad de PPK, agobiado y estremecido por constantes sismos políticos.
Hace pocas horas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano, Duberlí Rodríguez, informó que existe la probabilidad de que el exmandatario Fujimori, dos meses después de ser indultado, afronte en libertad un juicio por la matanza de seis campesinos en 1992 en la localidad de Pativilca, uno de los cinco distritos de la Provincia de Barranca del Departamento de Lima.
Por su parte, un tribunal de la Corte Suprema determinó que el perdón concedido al exdictador, quien salió libre 15 años antes de cumplir una condena como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros agravados, no impide que sea procesado por delitos diferentes.
En medio de ese enrevesado escenario, que nadie se atreve a augurar su futuro, Perú es el país designado para acoger la VIII Cumbre de las Américas que auspicia la Organización de Estados Americanos (OEA).
Precisamente por el referido panorama, los mismos analistas latinoamericanos concuerdan en que existe una marcada incertidumbre acerca del hecho concreto de que Lima cumpla hoy las condiciones para recibir a los dignatarios de los 35 Estados miembros de la OEA, más la invitada Cuba.
Subrayan al mismo tiempo que para dudar todavía más de su condición de anfitrión, Kuczynski asumió la determinación del llamado “Grupo de Lima”, un “grupejo” minoritario alineado a Estados Unidos para atacar a la Revolución Bolivariana, de intentar excluir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la cita de las Américas.
Tal actuación violatoria del Derecho Internacional, alentada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la oligarquía regional, ha sido criticada hasta por el diario peruano La República, nada sospechoso de ser progresista y muchos menos pro-Maduro, sino todo lo contrario.
El influyente cotidiano resaltó, en un reciente editorial, que con esa actitud hacia Venezuela se pone en riesgo el “prestigio de la política exterior de Perú, que precisa de acuerdos y amistades en el contexto de un proceso integrador en este hemisferio.”
Para conocedores de la siempre complicada situación interna peruana, PPK está utilizando a Venezuela con el propósito de recibir favores de Washington e intentar sobrevivir políticamente, pero los tiros le están saliendo por la culata, hasta el punto de poner en entredicho la celebración en su país de la Cumbre de las Américas.