Nicaragua, considerada entre las naciones de Nuestra América con mayor tranquilidad ciudadana y con un notable crecimiento económico sostenido durante esta década, ha sido escenario en los últimos días de hechos vandálicos que buscan desestabilizar ese pacifico país centroamericano.
Las acciones violentas, con pérdidas de vidas humanas y materiales, han tenido como blanco instituciones sociales y centros públicos, y forman parte de un plan cuyo guión se ha repetido una y otra vez en la Patria Grande, como parte de la ofensiva que financiada e incitada por Washington protagoniza la derecha para restaurar el neoliberalismo en este hemisferio y continuar sirviendo a los intereses hegemónicos norteamericanos.
En Nicaragua, el pretexto que desató los recientes disturbios fue una propuesta de reformas a la Seguridad Social, que sectores conservadores manipularon intencionalmente en beneficio de sus intereses políticos.
Es bien conocido que la nación que lidera el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el presidente Daniel Ortega no es para nada santo de devoción de la Casa Blanca, como tampoco lo son hoy Venezuela, Cuba y Bolivia, precisamente porque sus autoridades persisten en el empeño de mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, y defender la independencia, la paz y la integración en Nuestra América.
Nicaragua se ha convertido en un paradigma en la Patria Grande por el desarrollo económico que ha logrado, con un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB) superior al 4,5 por ciento, al tiempo de redistribuir las riquezas entre todos sus habitantes.
Asimismo resalta por su continuada lucha contra la pobreza y el mejoramiento de las condiciones sociales de la población, entre ellas la atención médica y la educación, además de por la concordia que ha reinado entre sus ciudadanos.
Ello, por supuesto, molesta a Washington, y a la desvencijada derecha nicaragüense que fue aplastada por el Sandinismo en las elecciones presidenciales de 2016 y en las municipales del pasado año, y entonces acude, como sus similares de la región, a la violencia para intentar conseguir lo que no puede lograr en las urnas.
El procedimiento para debilitar e intentar destronar los procesos revolucionarios como el de Nicaragua es calcado: primero se crea, manipula o exacerba un supuesto motivo, seguidamente se alientan y pagan a pandillas de malhechores para que desaten la violencia, y luego los cabecillas de esos grupúsculos son denominados «opositores políticos».
La puesta en escena de la «obra made in USA», que va acompañada desde el comienzo de una feroz campaña mediática, tiene otros actos; desde acusar al ejecutivo progresista de «violar» los derechos humanos de los referidos delincuentes y presentarlos como inocentes adversarios que luchan por la «democracia», hasta promover sanciones económicas, bloqueos e incluso agresiones castrenses y amenazas de intervenciones militares.
El pueblo nicaragüense, que sufrió en carne propia una larga guerra sucia orquestada desde Estados Unidos, sabe muy bien al igual que los venezolanos, cubanos y bolivianos, de los repetidos y perversos planes de la Casa Blanca, y sabrá derrocarlos pacíficamente, con entereza e inteligencia.