Entrevistamos a Berta Zúñiga Cáceres, activista indígena lenca y lideresa del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), sobre la situación actual en su país tras las movilizaciones contra el fraude electoral en las presidenciales del pasado mes de noviembre y respecto a las novedades en el proceso judicial y las investigaciones abiertas en torno al asesinato de su madre, Berta Cáceres.
El pueblo Lenca: 526 años de resistencia
Situado al suroeste del país, cerca de Guatemala y haciendo frontera con El Salvador, el pueblo Lenca es uno de los 9 pueblos indígenas originarios de Honduras, el más importante en cuanto a población. En su territorio brotan los manantiales que se convierten después, durante su recorrido, en los ríos más importantes del país, desembocando finalmente en los océanos Atlántico y Pacífico con los que Honduras limita.
“El agua tiene una importancia vital en el desarrollo de nuestra vida. Es un pueblo que vive principalmente del cultivo del maíz y del frijol, también del café y las legumbres. El territorio, los ríos, la montaña, el subsuelo, los cultivos, todo aquello que conforma nuestro ecosistema, resulta esencial para entender y mantener nuestra cultura. En nuestros territorios se mantienen prácticas culturales, espirituales e identitarias ancestrales, como la ceremonia de pago a la Tierra, que es la más importante. En esta ceremonia se regala y se homenajea a la tierra por la vida que nos ha dado.”
El pueblo Lenca fue uno de los que más resistencia directa opuso a la invasión española; en represalia, sufrió un fuerte proceso de colonización.
“Hoy, 526 años después, sobrevive gran parte de su cultura, en la que la pertenencia a la tierra y la vida comunitaria son aspectos fundamentales. A pesar de preservar la cultura propia, hemos sufrido un proceso bastante importante de neocolonización. La rebeldía histórica de pueblo lenca contra los procesos de saqueo en los territorios, nos ha convertido en un pueblo que simboliza la resistencia indígena a nivel nacional.”
El golpe de estado y sus proyectos de muerte
El golpe de estado de 2009 y la consiguiente deposición del presidente Manuel Zelaya, supuso una situación muy dura para la vida de las comunidades indígenas. Trajo consigo la implantación de un proyecto político basado fundamentalmente en un modelo económico extractivista y en el saqueo de los territorios ancestrales, a través de las concesiones a mineras e hidroeléctricas para la explotación de los ríos.
“La imposición de estas políticas a través del golpe, burló la decisión democrática del pueblo hondureño al no permitir que concluyera el mandato del presidente Zelaya. Supuso también la llegada de otro tipo de proyecto mucho más perverso, como son las zonas especiales de desarrollo económico que, hoy por hoy, son una prioridad para el nuevo presidente hondureño Juan Orlando Hernández.”
El nuevo presidente llegó al poder el pasado mes de noviembre entre acusaciones de fraude y en medio de grandes movilizaciones de protesta en todo el país que fueron violentamente reprimidas.
“Hablamos de una reelección ilegal que vulnera la constitución del país, donde se prohíbe claramente la reelección presidencial. Pero más allá de esta cuestión legal, porque en definitiva no se trata tanto de esto, como del proyecto de violación de derechos humanos que representa para Honduras el nuevo presidente. Se trata de la continuación de las políticas de saqueo implantadas desde 2009, también del terror, la violencia y la muerte para el pueblo hondureño y para su juventud.”
Los jóvenes no tienen oportunidades de desarrollar una vida profesional digna y se ven obligados a trabajar en condiciones de marginalidad, a ver en el ejército una alternativa laboral o a migrar hacia Estados Unidos o España. Las mismas políticas suponen para las comunidades indígenas, situaciones de exclusión social y de despojo de sus territorios.
“Todo esto es lo que significa para nosotras la relección de estas políticas, llevadas a cabo frente a una gran resistencia popular que se ha mantenido de forma permanente.”
En esta lucha, se han pisoteado los derechos humanos a través del reforzamiento de las fuerzas de seguridad del estado; el ejército, las fuerzas especiales, la policía, la policía militar…
“El aumento del presupuesto anual para la llamada seguridad nacional, sólo amplifica la violencia y sirve para garantizar la explotación de los territorios, ya que son los militares quienes custodian las infraestructuras de los proyectos hidroeléctricos y mineros y quienes agreden a la población campesina. Esta militarización se impone violentando la decisión de la mayor parte de la población que rechaza estos proyectos a pesar de que en los medios de comunicación pretendan hacer creer lo contrario.”
Son varios los bancos y las empresas europeas, que financian y promueven estos proyectos con grandes inversiones, a los que Berta critica por pretender vender la imagen de que están contribuyendo al desarrollo del país.
“Gran parte de las inversiones de la supuesta energía limpia, que aquí son energías asesinas, no repercuten en beneficios para las comunidades indígenas, sino que sirven para profundizar en la explotación de los territorios, con proyectos turísticos, con maquilas o con el megaproyecto del corredor de producción eléctrica para Mesoamérica.”
En los territorios del pueblo Lenca se han aprobado numerosos proyectos de concesiones a hidroeléctricas desde 2010. Una línea política que no se detuvo hasta que el 2 de marzo de 2016 sucedió el asesinato de la coordinadora general del COPINH, Berta Cáceres, en un contexto de muchas acciones de violencia y asesinato en las comunidades indígenas.
“El asesinato de la compañera Berta, una lideresa ancestra y símbolo de resistencia y rebeldía para el pueblo lenca, ha tenido una gran repercusión internacional, lo que ha provocado que el gobierno hondureño tenga muchos problemas para demostrar a nivel internacional que puede mantener la estabilidad económica en el país.”
El caso Berta dos años después de su asesinato
El pasado 2 de marzo se cumplieron dos años del asesinato de Berta Cáceres, madre de nuestra entrevistada. Ese mismo día se hizo pública la detención del noveno imputado en el crimen, David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa DESA ( Desarrollos Energéticos S.A.), empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio lenca. En este proceso existe una segunda causa abierta por asesinato en grado de tentativa, cometida contra el activista mexicano Gustavo Castro que logró salvar la vida la misma noche que mataron a Berta en su propia casa.
“Pensamos que el juicio de David Castillo se demorará todavía dos años, para nosotros esto es una muestra de la llamada “justicia a cuentagotas”, ya que esta persona fue señalada por mi mami en vida y cuando sucedió su asesinato también fue señalada inmediatamente por nosotros. Se trata de alguien que coordinó y dispuso las condiciones logísticas para cometer el asesinato; lo planificó y tomó la decisión en conjunto con otras personas de la junta directiva. Dos meses después del crimen, se presentaron las primeras pruebas contra él, suficientes para condenarlo, sin embargo, la justicia ha esperado hasta dos años para procesarlo. El gobierno tenía la esperanza de que la presión internacional decayera, pero no ha sido así.”
David Castillo se encuentra actualmente en prisión preventiva al igual que los otros ocho imputados en el crimen.
“Llama la atención que en su defensa participan los mismos abogados que ya representaban a DESA, la empresa responsable del proyecto Agua Zarca. La empresa empieza a sentirse mucho más amenazada, ya que como presidente ejecutivo David Castillo, no deja de ser un subordinado de la junta directiva que controla la familia Atala, a la que nosotros hemos señalado muchas veces como parte intelectual del crimen. La familia Atala es una de las más poderosas del país, está protegida por el gobierno hondureño y es muy complicado que alcancemos a imputarla. Consideramos que la detención de David Castillo es un sacrificio que ellos han realizado para poder decir que ya se conoce al autor intelectual del crimen y que por tanto no hace falta seguir investigando.”
El juicio de los ocho primeros encausados ya no será en junio como estaba previsto, si no que se aplazó y tal vez no comience hasta el mes de agosto o principios de septiembre. El proceso de David Castillo tardará mucho más.
“Sucede que está a punto de acabar el plazo para la prisión preventiva, lo que significa que, si no tienen lugar los juicios, en noviembre estas personas tienen que salir en libertad. No creemos que llegue tal caso ya que de ser así, al gobierno se le caería esta cortina de humo que ha levantado con las detenciones.”
El sistema de dominación múltiple y la solidaridad internacional
Honduras uno de los países más peligroso del mundo. Hay 14 personas asesinadas por defender derechos fundamentales en lo que va de año y son más de 130 desde el golpe de estado de 2009. A la empresa DESA se le relaciona con 5 muertes, entre ellas, la de la madre de Berta. Las agresiones que sufren las comunidades indígenas en su país, Berta las enmarca en un escenario global que hace necesaria la solidaridad internacional entre los pueblos.
“Nosotras tenemos la necesidad de defender la vida, la tierra y a las futuras generaciones, como dicen siempre acá nuestras abuelas. Yo siento que hay una política mundial destinada al saqueo de los territorios que profundiza cada vez más en la violencia debido a la resistencia que se está dando en muchos lugares frente a estas agresiones. Estás políticas forman parte de un mismo sistema de dominación patriarcal, racista y capitalista; un sistema de dominación múltiple que funciona de forma articulada y de manera también articulada tenemos que responder. En este sistema de dominación múltiple, la solidaridad para los pueblos que vivimos de manera más dura estas políticas del saqueo con todo lo que conllevan, las muestras de solidaridad son muy importantes porque nos brindan protección política, lo que nos permite articular las luchas y trabajar conjuntamente.”
El concepto de neocolonización señala que, siglos después de invasión en Latinoamérica, en Europa se sigue haciendo negocio con la explotación de estos pueblos.
“Muchos bancos y empresas que están promoviendo estas energías limpias que acechan los territorios, son en su mayoría europeas o están encuadradas en el norte global. Nosotros necesitamos la articulación de los pueblos que están sensibilizados con nuestras luchas, para presionar a los bancos y a las empresas que financian estos proyectos. Queremos que salgan a denunciar cuando sepan de sus agresiones a los derechos de los pueblos indígenas y a la población en general. La solidaridad es lo que nos permite, en medio de toda esta violencia y de tantas dificultades, sentirnos humanos y sentir la esperanza de que realmente hay otra manera de vivir más dignamente, con justicia, con libertades y de una manera autónoma.”