Me enteré que nadie conocía el libro mencionado (nunca llegó al país), y simplemente se repetían las referencias periodísticas. Como estudiante radicado en ese tiempo en Europa, logré comprar “Inside the Company. CIA Diary” de Phillip Agee (publicado por Penguin Books, 1975 – 640 páginas) en una librería en París. Y fui leyendo el libro con algún detenimiento.
Agee había sido un agente secreto de operaciones de la CIA, durante doce años (1957-1969), en tres países: Ecuador, Uruguay y México. Desde luego, mi interés se concentró en sus actuaciones en Quito. El objetivo de la CIA fue derrocar al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy (1961-1963), en el marco de la guerra fría impulsada por los EEUU en toda Latinoamérica, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana (1959).
Supuestamente, Arosemena había sido “permisivo” con el avance del “comunismo” en Ecuador, que se hallaba a las puertas de tomar el poder. Naturalmente la imagen era falsa: Arosemena ni era filo-comunista (como se le acusaba en el país), ni los partidos marxistas -y peor el Comunista- tenían capacidad para tomar el poder y ni aún para lograr alguna movilización nacional, aunque existía un activismo universitario importante y aparecían organizaciones que reivindicaban la lucha armada inspirada en el proceso cubano.
Pero la propaganda anticomunista estaba encendida. Agee relata su eficaz labor: infiltración en los correos (toda carta sospechosa era abierta y leída) y los teléfonos; se contaba con periodistas directamente colaboradores; igual en las universidades, con varios profesores y estudiantes; había acceso a toda institución de importancia; desde luego, colaboraban políticos, dirigentes laborales y sociales; además, organizaciones juveniles, barriales, de católicos, etc.
Una imprenta quiteña lanzaba boletines y manifiestos falsos suscritos por el “Partido Comunista”; se colocaban bombas en las iglesias para atribuirlas a los comunistas; se realizaban acciones violentas y terroristas forjadas igualmente para inculpar a personas identificadas con agrupaciones marxistas. Y el libro añade la lista de agentes, resaltando su calidad y condición en la agencia, incluidos ministros, jefes policiales, militares, civiles de todos los gustos y hasta expresidentes de Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.
El triunfo de la CIA fue festejado por Agee en la sede de operaciones de Quito. Se instauró una Junta Militar, en la que uno de sus cuatro integrantes (general Marcos Gándara Enríquez) consta en la lista del libro. Esa dictadura, anticomunista, pro norteamericana, represora y, paradójicamente, desarrollista, fue combatida como “comunista” por las atrasadas elites terratenientes y empresariales ecuatorianas, que creían ver ese signo en la participación económica del Estado y en la reforma agraria que, sin embargo, respondían a las directrices de la Alianza para el Progreso, creada por John F. Kennedy (1961-1963).
El libro tuvo impacto internacional y fue traducido a varios idiomas. Agee pasó a ser considerado un enemigo de su propio país y fue perseguido. Murió en Cuba, donde tuvo su final refugio, en 2008, a los 72 años de edad.
Los hechos relatados sirven para aquilatar los procesos contemporáneos. Los documentos desclasificados de la CIA y otras entidades de seguridad, así como las confesiones de personas involucradas, han dado testimonio de la forma en que tales agencias habían actuado para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende (1970-1973) en Chile, para instaurar una dictadura terrorista al mando de Augusto Pinochet.
Las mismas manos extranjeras estuvieron detrás de los golpes de Estado que colocaron dictaduras terroristas en todo el Cono Sur latinoamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) durante la década de 1970. Hoy, nuevos documentos desclasificados y las declaraciones de militares uruguayos, han permitido tomar dimensión del “Plan Cóndor”, con el que aquellas dictaduras pretendían eliminar a todos los “comunistas” y “subversivos” en América Latina.
Ahora también se sabe que ese plan pretendió ser imitado en Europa (Alemania Occidental, Francia y Reino Unido), según lo destacó una información de la DW (https://bit.ly/2Dg8JII)
De aquellos tiempos a la actualidad, las tecnologías cambiaron radicalmente. Ha bastado que WikiLeaks difunda documentos, videos y otros materiales reservados y secretos, para conocer que las labores de “inteligencia” continúan y que, además, utilizan ahora sistemas electrónicos e informáticos, que incluyen a los teléfonos celulares o a las computadoras personales. Siempre se justifican con la defensa de los intereses de las naciones intervencionistas; pero, desde la perspectiva de los países intervenidos, esas labores resultan no solo ilegítimas y clandestinas, sino destinadas a afectar intereses soberanos de cada país.
Julian Assange, quien fundó WikiLeaks, ha sido objeto de las más enfurecidas pasiones. Pero es la persona que se atrevió a poner en jaque a los poderes mundiales, a las estrategias imperialistas, a las instituciones y personas que los promueven y dirigen. El gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tuvo razones soberanas y propias para concederle el asilo en la embajada del Ecuador en Londres. El gobierno de Lenín Moreno ha tenido “justificaciones” para expulsarlo de ella y la suerte de Assange quedará siempre bajo la responsabilidad histórica de Moreno.
Mientras se discute si jurídicamente era válido o no otorgarle el asilo o dejarlo insubsistente; mientras se debate o conversa sobre su vida en la embajada; mientras entre la vergüenza y el repudio internacional se compromete en el “espionaje” hasta al gato de Assange, se deja de lado, en cambio, la cuestión de fondo: ¿cuál es el derecho de las naciones imperialistas a intervenir en otros países para derrocar gobiernos, para instaurar títeres a su servicio o para construir caminos torcidos a fin de garantizar la explotación de recursos económicos ajenos?
Los materiales ahora públicos mundialmente, por las acciones de Wikileaks, de Assange, Edward Snowden, William Binney, Thomas Drake, Bradley Manning, Sibel Edmonds o Josselyn Radack, demuestran y comprueban, una vez más, que sobre la historia de América Latina no solo actúan las fuerzas de la confrontación interna, sino los poderosos intereses geopolíticos de las grandes potencias.
No es una “cantaleta” usualmente atribuida a los sectores de la izquierda, que permanentemente han sabido observar la presencia imperialista en la región. La incursión ilegítima merece ser denunciada y, además, combatida. La difusión de documentos y materiales hasta hoy lograda bien debería servir para realizar demandas internacionales, ante los organismos competentes, para procesar penalmente a instituciones y personas comprometidas en la arremetida contra las soberanías de otros Estados.
La causa de Julian Assange también merece, por tanto, otra pregunta: ¿quiénes son los responsables de tanto acto criminal en el mundo y contra América Latina?
Fuente: Prensa Latina