La imputación de Julian Assange por parte del Departamento de Justicia de Trump, aún sin cerrar, representa una grave amenaza para la libertad de prensa no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El auto acusatorio y la solicitud de extradición adjunta del Gobierno de EE. UU. utilizados por la policía británica para arrestar a Assange, una vez que Ecuador retiró oficialmente su protección de asilo, busca criminalizar numerosas actividades en el núcleo del periodismo de investigación.
Mucho de lo informado hoy sobre esta acusación está plagado de falsedades. Dos hechos en particular han sido completamente distorsionados por el Departamento de Justicia y luego propagados por numerosas organizaciones de los medios.
El primer hecho crucial de la acusación es su alegato clave: no resulta nada nuevo que Assange no solo recibió documentos clasificados de Chelsea Manning sino que trató de ayudarla a descifrar una contraseña para cubrir sus huellas. Era algo bien conocido desde hacía mucho tiempo por el Departamento de Justicia de Obama y formó explícitamente parte del juicio de Manning. No obstante ese Departamento -que no es precisamente famoso por ser el mejor guardián de las libertades de prensa- llegó a la conclusión de que no podía ni debía procesar a Assange porque acusarlo constituiría una seria amenaza para la libertad de prensa. En resumen, la acusación de hoy no contiene evidencias ni hechos nuevos sobre las acciones de Assange, hace años que todos esos detalles son bien conocidos.
El otro hecho clave del que se informa de manera errónea es que la imputación acusa a Assange de intentar ayudar a Manning a conseguir acceder a las bases de datos de documentos a los que ella no tenía acceso válido: es decir, de piratear en lugar de hacer periodismo. Pero la acusación no alega tal cosa. Más bien acusa simplemente a Assange de intentar ayudar a Manning a iniciar sesión en los ordenadores del Departamento de Defensa utilizando un nombre de usuario diferente para poder mantener el anonimato al descargar documentos de interés público y luego enviarlos a WikiLeaks para que los publicara.
En otras palabras, la acusación busca criminalizar lo que los periodistas no solo tienen permitido sino que también tienen la obligación ética de hacer: tomar medidas para ayudar a sus fuentes a mantener el anonimato. Como señaló hace mucho tiempo el abogado de Assange, Barry Pollack: “Las alegaciones de hecho… se reducen a alentar a una fuente para que le brinde información, esforzándose en proteger la identidad de esa fuente. Los periodistas de todo el mundo deberían estar profundamente preocupados por estas acusaciones penales sin precedentes”.
Esa es la razón de que la acusación represente una amenaza tan grave para la libertad de prensa. Caracteriza como delitos graves muchas acciones que los periodistas no solo tienen permitido llevar a cabo sino que también deben realizar para elaborar informes sensibles en la era digital.
Pero como el Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa con un titular que afirmaba que Assange estaba acusado de “piratear” hechos delictivos, los medios de comunicación repitieron tal afirmación a lo loco, aunque la imputación no contenga tal acusación. Simplemente acusa a Assange de intentar ayudar a Manning a evitar que la detectaran. Eso no es “piratear”. Se trata de una obligación fundamental del periodismo.
La historia de este caso es vital para comprender lo que realmente sucedió hoy. El Gobierno de EE. UU. ha estado dispuesto a acusar a Julian Assange y WikiLeaks desde al menos 2010, cuando el grupo publicó cientos de miles de registros de guerra y cables diplomáticos que revelaron numerosos crímenes de guerra y otros actos de corrupción por parte de EE. UU., Reino Unido y otros gobiernos de todo el mundo. Para lograr ese objetivo, el Departamento de Justicia de Obama seleccionó un gran jurado en 2011 y llevó a cabo una amplia investigación sobre WikiLeaks, Assange y Manning.
Pero en 2013, ese Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que no podía procesar a Assange en relación con la publicación de esos documentos porque no había forma de distinguir lo que hacía WikiLeaks de lo que The New York Times, The Guardian y numerosos medios de comunicación de todo el mundo hacen de forma rutinaria: es decir, trabajar con diversas fuentes para publicar documentos clasificados.
El Departamento de Justicia de Obama intentó durante años encontrar pruebas para justificar la afirmación de que Assange hizo algo más que actuar como periodista -por ejemplo, que trabajó ilegalmente con Manning para robar los documentos- pero no encontró nada para justificar esa acusación y, por lo tanto, nunca había acusado a Assange (como se señaló, el Departamento de Defensa de Obama estaba al tanto, desde al menos 2011, del núcleo de la acusación de la imputación de hoy -que Assange trató de ayudar a Manning a eludir un muro de contraseñas para que pudiera utilizar un nombre de usuario diferente- porque eso formaba parte de los cargos contra Manning ).
Así pues, Obama puso fin a sus ocho años en el cargo sin acusar a Assange o WikiLeaks. Todo lo relacionado con la posible imputación de Assange cambió solo al inicio de la administración de Trump. A principios de 2017, los funcionarios más reaccionarios de Trump estaban decididos a hacer lo que el Departamento de Justicia de Obama se negó a hacer: acusar a Assange en relación con la publicación de los documentos de Manning.
Como informaba el New York Times a finales del año pasado: “Poco después de asumir el cargo de director de la CIA [el actual secretario de Estado], Mike Pompeo habló en privado con los legisladores sobre un nuevo objetivo para los espías estadounidenses: Julian Assange, el fundador de WikiLeaks”. The Times agregaba que “el Sr. «Pompeo y el exfiscal general Jeff Sessions desataron una campaña agresiva contra Assange, invirtiendo la visión de la era de Obama de WikiLeaks como entidad periodística”.
En abril de 2017, Pompeo, cuando aún era jefe de la CIA, pronunció un discurso desconcertante en el que afirmó: “Tenemos que reconocer que no podemos permitir que Assange y sus colegas tengan licencia para usar los valores de la libertad de expresión contra nosotros”. Y puntualizó su discurso con esta amenaza: “Darles espacio para aplastarnos con secretos que han robado es una perversión de lo que representa nuestra gran Constitución. Y eso va a terminarse ya”.
Desde el principio, el Departamento de Justicia de Trump no ha ocultado su deseo de criminalizar el periodismo en general. Al comienzo de la administración de Trump, Sessions discutió explícitamente la posibilidad de procesar a periodistas por publicar información clasificada. Trump y sus principales asesores se mostraron claramente ansiosos de desarrollar e intensificar la evolución de la administración de Obama para permitir que en Estados Unidos pueda criminalizarse el periodismo .
El arresto de hoy de Assange es claramente la culminación de un esfuerzo de dos años por parte del Gobierno estadounidense coaccionando a Ecuador -bajo su nuevo y sumiso presidente, Lenín Moreno– para que retirase la protección de asilo que concedió a Assange en 2012. Anular el asilo de Assange permitiría que el Reino Unido arrestara a Assange por el cargo menor que tiene pendiente en Londres por haberse fugado tras pagar una fianza por la libertad condicional y, mucho más significativamente, para amparar una solicitud de extradición del Gobierno estadounidense de enviarlo a un país con el que no tiene conexión (EE. UU.) y ser juzgado en relación con los documentos filtrados.
De hecho, el motivo de la administración Trump está claro. Dado que Ecuador retiró su protección de asilo y permitió de manera servil que el Reino Unido entrara en su propia embajada para arrestar a Assange, este solo se enfrentaba en el Reino Unido a un cargo menor por prófugo de la justicia (Suecia cerró su investigación de agresión sexual no porque concluyera que Assange era inocente sino porque pasaron años intentando extraditarlo sin éxito). Al acusar a Assange y exigir su extradición, se asegura de que Assange -una vez que cumpla su condena en una cárcel de Londres por el tema de violación de fianza- permanezca en una prisión británica durante todo el año o más que se demore la solicitud de extradición estadounidense. Ciertamente Assange recurrirá y tratará de abrirse camino a través de los tribunales británicos.
La imputación se lanzó no para acusar a Assange de actividades periodísticas sino de piratería criminal. Pero es un pretexto apenas disfrazado para procesar a Assange por publicar documentos secretos del Gobierno de Estados Unidos mientras pretende estar haciendo otra cosa.
Cualquiera que sea la verdad sobre la acusación, partes sustanciales del documento describen explícitamente como criminales exactamente las acciones que los periodistas realizan habitualmente con sus fuentes y, por lo tanto, constituyen un intento peligroso de criminalizar el periodismo de investigación.
La acusación, por ejemplo, pone un gran énfasis en el presunto apoyo de Assange para que Manning -después de que ella le entregara cientos de miles de documentos clasificados- intentara obtener más documentos para que WikiLeaks los publicara. La acusación formal afirma que “las discusiones también reflejan que Assange alienta activamente a Manning para que proporcione más información. Durante un intercambio, Manning le dijo a Assange que ‘después de esta carga, eso es todo lo que realmente me queda’. A lo que Assange respondió, ‘según mi experiencia, los ojos curiosos no se secan nunca’”.
Pero alentar las fuentes para obtener más información es algo que los periodistas hacen habitualmente. De hecho, sería una violación de los deberes periodísticos de uno no pedir a las fuentes vitales con acceso a información clasificada que puedan proporcionar aún más información para permitir un conocimiento más completo. Si una fuente llega a un periodista con información, es completamente normal y previsible que el periodista responda: ¿Puedes darme también X, Y y Z para completar la historia o para mejorarla? Como Edward Snowden dijo esta mañana : “Bob Woodward declaró públicamente que me habría aconsejado permanecer en mi puesto y actuar como topo”.
El periodismo de investigación en muchos, cuando no en la mayoría, de los casos implica constantes idas y venidas entre el periodista y la fuente, a la que el periodista intenta inducir a que proporcione más información clasificada, aunque hacerlo sea ilegal. Incluir ese “estímulo” como parte de una acusación penal, como hizo el Departamento de Justicia de Trump hoy, es criminalizar el quid del periodismo de investigación en sí mismo, incluso si la acusación incluye otras actividades que usted pueda pensar que quedan fuera del ámbito del periodismo.
Como explicó el profesor de periodismo de Northwestern, Dan Kennedy, en The Guardian en 2010, cuando denunció como amenaza a la libertad de prensa los intentos del Departamento de Justicia de Obama de acusar a Assange basándose en la teoría de que él hizo algo más que recibir y publicar documentos de forma pasiva, es decir, que colaboró activamente con Manning:
El problema es que no hay que hacer una distinción significativa. ¿Cómo es que The Guardian, igualmente, no se “confabuló” con WikiLeaks para obtener los cables ? ¿Cómo es que The New York Times no “colaboró” con The Guardian cuando este medio le dio una copia al Times tras la decisión de Assange de eliminar al Times del último volcado de documentos?
Por lo demás, no veo cómo puede decirse que ninguna entidad informativa no se ha confabulado con una fuente cuando recibe documentos filtrados. ¿Acaso el Times no se alió con Daniel Ellsberg cuando recibió los Papeles del Pentágono ? Sí, hay diferencias. Ellsberg había terminado de hacer copias mucho antes de comenzar a trabajar con el Times, mientras que Assange pudo haber incitado a Manning. Pero, ¿es eso realmente importante?
La mayoría de los informes de hoy sobre la imputación de Assange han sugerido falsamente que el Departamento de Justicia de Trump descubrió algún tipo de evidencia nueva que probaba que Assange intentó ayudar a Manning a hackear una contraseña para usar un nombre de usuario diferente a la hora de descargar los documentos. Aparte del hecho de que esos intentos fracasaron, nada de esto es nuevo: Como demuestran los últimos cinco párrafos de esta historia de Politico 2011 : que el hecho de que Assange hablara con Manning sobre las formas de utilizar un nombre de usuario diferente que evitara su detección formó parte del juicio de Manning, y que era algo conocido por el Departamento de Justicia de Obama desde hacía tiempo cuando decidieron no procesarle por tal motivo.
Hay solo dos elementos nuevos que explican la acusación de hoy a Assange: 1) Desde el principio, la administración Trump incluyó a extremistas autoritarios como Sessions y Pompeo, a los que no les preocupa ni lo más mínimo la libertad de prensa y estaban decididos a criminalizar el periodismo contra EE. UU., y 2) Con Ecuador a punto de retirar su protección de asilo, el Gobierno estadounidense necesitaba una excusa para evitar que Assange quedara libre.
Un análisis ténico de los demandas de la acusación demuestra de manera similar que el cargo contra Assange es una seria amenaza para las libertades de prensa que se recogen en la Primera Enmienda, principalmente porque busca criminalizar lo que en realidad es el deber central de un periodista: ayudar a la fuente a evitar ser detectada. La acusación trata de forma engañosa de convertir los esfuerzos de Assange para ayudar a Manning a mantener su anonimato en una especie de ataque siniestro de piratería informática.
El ordenador del Departamento de Defensa que Manning utilizó para descargar los documentos que luego entregó a WikiLeaks estaba probablemente ejecutando el sistema operativo Windows. Tenía varias cuentas de usuario, incluida una cuenta a la que Manning tenía acceso legítimo. Cada cuenta está protegida por una contraseña, y los ordenadores con Windows almacenan un archivo que contiene una lista de nombres de usuario y “ hashes ” de contraseña, o versiones codificadas de las contraseñas. Solo las cuentas designadas como “administrador”, una cuenta cuya denominación Manning no tenía, tienen permiso para acceder a este archivo.
La acusación sugiere que Manning, para acceder al archivo de contraseña, apagó su ordenador y luego lo volvió a encender, esta vez arrancando en un CD con el sistema operativo Linux. Desde dentro de Linux, supuestamente, accedió a este archivo lleno de hashes de contraseña. La acusación alega que Assange acordó intentar descifrar uno de estos hashes de contraseña, lo que, de tener éxito, lograría recuperar la contraseña original. Con la contraseña original, Manning podría iniciar sesión directamente en la cuenta de ese otro usuario, lo cual -como lo indica la acusación- “habría dificultado que los investigadores identificaran a Manning como la fuente de divulgación de la información clasificada”.
Parece que Assange no pudo descifrar la contraseña. La acusación alega que “Assange indicó que había estado tratando de descifrar la contraseña al afirmar que ‘hasta ahora no había tenido suerte’”.
Por lo tanto, incluso si uno acepta todas las afirmaciones de la acusación como verdaderas, Assange no estaba tratando de hackear nuevos archivos de documentos a los que Manning no tenía acceso, sino que trataba de ayudar a Manning a evitar que la detectaran como fuente. Por esta razón, el precedente que sentaría este caso sería un golpe devastador para los periodistas de investigación y la libertad de prensa en todas partes.
Los periodistas tienen la obligación ética de adoptar medidas para proteger de represalias a sus fuentes, lo que a veces incluye otorgarles el anonimato y emplear medidas técnicas para ayudar a garantizar que no se descubra su identidad. Cuando los periodistas se toman en serio la protección de la fuente, eliminan los metadatos y redactan la información de los documentos antes de publicarlos en caso de que haya riesgo de que esa información pueda utilizarse para identificar a su fuente; alojan sistemas basados en la nube como SecureDrop, ahora empleados por docenas de grandes salas de redacci ó n en todo el mundo , que hacen que sea más fácil y más seguro para los denunciantes que puedan estar bajo vigilancia enviar mensajes y documentos clasificados a periodistas sin que sus empleadores lo sepan; y usan herramientas de comunicación seguras como Signal y las configuran para eliminar los mensajes de forma automática.
Pero la acusación de Assange de hoy busca criminalizar exactamente este tipo de esfuerzos de protección de la fuente, ya que afirma que “fue parte de la conspiración que Assange y Manning usaron una carpeta especial en un buzón en la nube de WikiLeaks para transmitir registros clasificados que contienen información relativa con la defensa nacional de Estados Unidos”.
La acusación, en muchos otros pasajes, mezcla claramente las mejores prácticas estándar de una sala de redacción con una conspiración criminal. Afirma, por ejemplo, que “formó parte de la conspiración el hecho de que Assange y Manning usaran el servicio de chat online “Jabber” para colaborar en la adquisición y difusión de los registros clasificados, y para formular el acuerdo para descifrar la contraseña […]”. No hay duda de que usar Jabber, o cualquier otro sistema de mensajería cifrada, para comunicarse con las fuentes y adquirir documentos con la intención de publicarlos, es una parte completamente legal y estándar del periodismo de investigación moderno. Las salas de prensa de todo el mundo utilizan ahora tecnologías similares para comunicarse de forma segura con sus fuentes y ayudar a sus fuentes a evitar que el gobierno las detecte.
La acusación también alega que “formó parte de la conspiración que Assange y Manning tomaran medidas para ocultar a Manning como fuente de divulgación de los registros clasificados a WikiLeaks, eliminando incluso los nombres de usuario de la información divulgada y borrando los registros de chat entre Assange y Manning”.
Eliminar los metadatos que pudieran ayudar a identificar una fuente anónima, como los nombres de usuario, es un paso fundamental para proteger a las fuentes. De hecho, en 2017, The Interceptpublicó un documento muy secreto de la Agencia de Seguridad Nacional que afirmaba que la inteligencia militar rusa desempeñó un papel al hackear la infraestructura de las elecciones estadounidenses de 2016. La persona acusada y condenada por haber proporcionado el documento, la informante Reality Winner , ya había sido arrestada cuando se publicó la historia.
The Intercept fue ampliamente criticado cuando los expertos en seguridad informática descubrieron que el documento incluía “puntos de impresión” amarillos casi invisibles que rastreaban exactamente cuándo y dónde se imprimía, que las impresoras más modernas agregan a cada documento que se imprime. Si bien no hay pruebas de que estos puntos impresos contribuyeran a que Winner se convirtiera en sospechosa (la declaración jurada del FBI dice que ella era una de las seis personas que habían impreso este documento, y la única que tenía contacto por correo electrónico con The Intercept), podrían haber ayudado a la investigación, y The Intercept, como reconoció su editor-jefe, debería haber tenido más cuidado y eliminar estos metadatos antes de publicar el documento.
Esto se debe a que no solo es común, sino también éticamente necesario, que un periodista haga todo lo posible para proteger de la detección a una fuente. Prácticamente la totalidad de las acusaciones contra Assange en la acusación de hoy consisten en que él hizo exactamente eso.
Por esa razón, la acusación, en esencia, busca claramente criminalizar lo que el periodismo de investigación conlleva necesariamente para que sea eficaz. Es por eso que las organizaciones de las libertades civiles, los grupos por la libertad de prensa y las figuras políticas de todo el mundo, incluidos Jeremy Corbyn , los miembros del Congreso de Estados Unidos Ro Khanna y Tulsi Gabbard , el exsenador Mike Gravel , los partidos políticos de izquierda brasileños e hindues y la Unión Americana por las Libertades Civiles han denunciado con vehemencia el arresto de Assange de hoy.
Assange es una figura profundamente polarizadora. Es casi seguro que el motivo por el que el Departamento de Justicia de Trump cree que puede salirse con la suya es en base a una teoría que claramente pondría en peligro las principales funciones periodísticas: porque espera que la intensa animosidad personal hacia Assange cegará a la gente ante los peligros que plantea esta acusación.
Pero mucho más importante que los sentimientos personales de uno sobre Assange es el gran paso que esta acusación representa para el objetivo explícitamente establecido de la administración de Trump de criminalizar el periodismo que implique facilitar información sobre documentación clasificada. La oposición a ese objetivo amenazador no necesita de admiración o afecto por Assange. Simplemente requiere creer en la importancia fundamental de una prensa libre en una democracia.
Glenn Greenwald, abogado constitucionalista y excolumnista de The Guardian hasta octubre de 2013, ha obtenido numerosos premios por sus comentarios y periodismo de investigación, incluyendo el Premio George Polk 2013 por la información relativa a la seguridad nacional. A principios de 2014, cofundó, junto a Betsy Reed y Jeremy Scahill, un nuevo medio informativo global: The Intercept .
Micah Lee es ingeniero de seguridad informática y desarrollador de software de código abierto. Escribe sobre temas técnicos como seguridad operacional y digital, herramientas de cifrado, denuncia de irregularidades y piratería utilizando un lenguaje que todos puedan entender. Usuario de Qubes y Linux, desarrolla herramientas de seguridad como OnionShare. Antes de unirse a The Intercept, trabajó en la Electronic Frontier Foundation, donde explicó a periodistas y abogados cómo funcionan las tecnologías. También es fundador y miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Tomado de Rebelión