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Opinión

Bacheletizados: “Si saben cómo soy…”

Las resultas del informe Bachelet encontraron el rechazo unánime del gobierno venezolano y de quienes lo apoyan. Y no es para menos, el informe no solo es bastante fuerte en sus planteamientos contra el gobierno, sino además groseramente parcializado


Por Equipo editorial 15 y Último

Y este es realmente el problema. Pues para decirlo en lenguaje caraqueño, el informe de Bachelet se armó una película que quienes vivimos en este país –en cualquiera de sus aceras políticas– sabemos ya de que va porque no es primera vez que la vemos: de un lado están “los buenos”, la oposición, y del otro “los malos”, el gobierno y el chavismo. Aquellos son las víctimas y estos los victimarios. No hay nada más que eso: una vulgar simplificación de la realidad venezolana que solo sirve para hacer propaganda a uno de los bandos sin aportar nada a la solución del problema.

Y no lo decimos porque el gobierno no sea responsable de buena parte de lo que se le acusa y señala. Lo decimos porque quienes hacen vida en el oposicionismo lo son tanto o más y en ningún momento eso se dice. Aquí los voceros de las ONG de derechos humanos pagadas por la USAID y compañía, seguramente responderán que la violación de los derechos humanos compete a los Estados y no a los particulares, por lo que no puede acusarse a un partido o dirigente político que no es gobierno de violarlos. Desde el punto de vista de esta visión primitiva del los DDHH eso es cierto.

Pero no solo esa visión ha cambiado y ampliado incluso en el seno mismo de la ONU, si no que son públicas, notorias y comunicacionales las violaciones a los derechos humanos practicadas por el oposicionismo venezolano, desde linchamientos y quema viva de personas pasando por ataques incendiarios contra hospitales, escuelas y universidades con enfermos, estudiantes y niños dentro, hasta llegar a la exigencia de sanciones y bloqueos contra el país, promoción y provocación de escenarios de guerra civil y hasta de invasión militar, todo esto por no hablar de los sabotajes económicos y de otro tipo.

Por detallar solo un tema que en ninguna parte se menciona en el informe. Durante la violencia guarimbera de 2017, de las 172 víctimas mortales reportadas, 115, es decir, el 66%, cayeron en manos de manifestantes opositores, lo que incluye funcionarios de organismos de seguridad del Estado y militantes del chavismo hasta personas que no tenían nada que ver con los acontecimientos y solo estuvieron a la hora equivocada en el lugar equivocado, intentando, por ejemplo, pasar una barricada para llegar a sus casa o trabajos. Y de las 57 víctimas que se encontraban manifestando, buen parte cayeron por “fuego amigo” o manipulando artefactos explosivos artesanales, es decir, no por efecto de la represión, tema que además hay que debatir ya que en muchos casos si bien hubo uso excesivo de la fuerza en otros las muertes se dieron en medio de enfrentamiento armados. Si extendemos en el tiempo esta contabilidad, al menos hasta 2013 cuando se dieron las manifestaciones de desconocimiento del triunfo electoral de Nicolás Maduro, el porcentaje de personas que resultaron muertas por accionar de militantes del oposicionismo aumenta hasta situarse en torno a un 75% de los casos.

Al no incluirse nada de esto, el informe Bachelet peca de parcializado y partidista, pero además, funciona como un intento de blanqueo de los crímenes del oposicionismo venezolano y por tanto se constituye en promotor de la impunidad. Y cuando decimos impunidad hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que buena parte de los que ahora llaman “presos políticos” no están detenidos por pensar diferente sino por haber cometido delitos tipificados como tales en las leyes venezolanas, como en las de cualquier país del mundo, incluyendo asesinatos.

Por otra parte, hasta metodológicamente hablando el informe deja mucho que desear. Y si fuera un trabajo de investigación de un primer semestre en una universidad promedio sería reprobado. Veamos solo un detalle que se encuentra en la primera página: allí se señala que para su realización se llevaron a cabo 558 entrevistas.

Sin embargo, inmediatamente se aclara en una nota al pie que 460 de éstas (un 82%) se hicieron fuera del país y “98 de forma remota”, lo que suponemos quiere decir no presencial sino por teléfono, videoconferencia, etc. Si estamos hablando de una comisión que se instaló en el país y tuvo un tiempo acá para elaborar el informe, es cuanto menos poco serio el dato: un informe sobre la situación de un país donde 8 de cada 10 entrevistados ya no vive en él.

Desde luego, no se trata de que la opinión de quienes viven fuera no cuente, si el tema además es que salieron del país por causa de la situación que se está estudiando. Pero estamos de acuerdo en que no puede ser la mayoría, incluso por un factor numérico simple: por más gente que se haya ido del país, la gran mayoría permanecemos dentro todavía.

Eso sin entrar a detallar –lo que no es un dato menor– las parcialidades política de esos 558 entrevistados y sobre todo de los que viven fuera, cosa que no se aclara en el informe. Quienes dentro de la ONU facilitaron los recursos para el mismo deberían también estar escandalizados: para qué pagar plata en pasaje, estadía, etc., de un personal si haciendo copy paste de páginas oposicionistas y entrevistas por skype desde un escritorio salía en líneas generales el mismo producto.

Por otra parte, en la parte referida al derecho a la alimentación, el informe dice algo tanto más sorprendente en cuento que resulta un cuestionamiento a los propios organismos de las Naciones Unidas. Específicamente dice en el numeral 15:

“Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas”

Lo problemático de esta párrafo, es que, por un lado, hace un cuestionamiento de fondo sobre las políticas económicas y sociales del país acusándolas de ser causantes del no acceso actual a la alimentación, pero sin aportar ni una sola prueba al respecto.

Sin embargo, lo más asombroso es que, suponiendo fuese cierta esa explicación, la Bachelet o quienes le redactaron el informe, deben explicar cómo fue entonces que en 2009, la misma FAO decretó que Venezuela había alcanzado el estado de seguridad alimentaria plena, en virtud de lo cual llamó en 2015 “Hugo Chávez” a su plan de lucha mundial contra el hambre, reconociendo que las políticas económicas y sociales adoptadas por el gobierno del presidente Chávez, habían sido las más exitosas en la lucha contra la desnutrición a nivel mundial.

Hay que tener claro que el parámetro usado por la FAO es contabilizar el consumo de kilo-calórico diario por persona, que para 2009 alcanzó para los venezolanos los 2.720 k/cal y en 2012 cerró en 3.221, con los niveles de desnutrición infantil y general más bajos de toda su historia. Como el reconocimiento de la FAO fue hace 4 años entra en el rango de la “última década” de políticas económicas y sociales denunciada en el Informe, entonces pasa una de estas dos cosas: o la FAO se equivocó en 2009-2015 o Bachelet lo está haciendo ahorita.

Esto no significa, desde luego, que neguemos el aumento de la desnutrición y sobre todo la mal nutrición en el país en los últimos años, hecho evidente que aquí mismo hemos denunciado. Lo que estamos diciendo es que la explicación, una vez más, no es tan simplista como la que aparece en el informe y en todo caso las culpables no son “las políticas económicas asociadas en la última década” que estricto rigor fueron premiadas por la FAO. Las responsabilidades deben buscarse en otra parte tanto dentro como fuera del gobierno actual, el cual si a ver vamos desmanteló parte de esas políticas como las redes públicas de distribución de alimentos y las casa de alimentación, sin sustituirlas por nada mejor ni más efectivo. Pero que tampoco se diga nada a este respecto sobre el impacto del bloqueo y las sanciones, así como sobre el accionar de los monopolios y oligopolios que controlan las cadenas privadas de alimentación es colaboracionista con esas acciones por decir lo menos.

Ahora, una vez dicho todo esto, hay que señalar lo siguiente: que cuestionar al informe atacando a la Bachelet, como vienen haciendo algunos, no es más serio que el informe que esta expresidenta, promotora y fundadora del Grupo de Lima presentó.

De hecho, es bastante oportunista, tomando en cuenta que la última vez que vino al país –justo antes de publicar el informe– los mismos que ahora la acusan andaban celebrando su ecuanimidad por haber reconocido al presidente Maduro como legítimo y no prestarse al show mediático que para esos días tenía montado el oposicionismo.

Pero además porque pasan por alto otro detalle: y es que ella vino al país y elaboró el informe por invitación del gobierno nacional, como bastante se publicitó en medios oficiales en su momento.

Sobre este particular, aunque el gobierno nunca se ha sido muy explícito al respecto, en un momento quedó sobre entendido que la estrategia de invitar a la Bachelet o en todo caso, a la comisión de la ONU que representa, pasaba sobre todo por un ejercicio de reafirmación de la legitimidad del gobierno constitucional del presidente Maduro, siguiendo la lógica de que solo el gobierno legítimo y no el ilegal y paralelo montado en torno a Guaidó tenía autoridad para hacerlo. Desde ese punto de vista tiene sentido. Y hasta podría decirse de esta estrategia que en su momento sirvió para descomprimir el conflicto. Pero así como es verdad eso también lo son otras dos cosas:

1) Que eso significó una suerte de reconocimiento implícito de las demandas oposicionistas, lo que ocurrió también con el caso de la ayuda humanitaria primero sistemáticamente negada y luego aceptada por el gobierno.

2) Que con esto de la ONU pasa un poco como los combos que venden las cadenas de comida rápida, en el sentido que el menú no se puede aceptar por partes sino completo.

Así las cosas, en el último párrafo del Informe Bachelet reza lo siguiente:

“El Consejo de Derechos Humanos podría: Solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.”

En sentido estricto, esto equivale a asumir de aquí en adelante que nuestro país está “monitoreado” por la ONU, lo que en lenguaje burocrático de los organismos internacionales significa que las autoridades están obligadas a rendir cuentas que deben recibir el visto bueno de la ONU. ¿Cómo se come esto? ¿qué implicaciones tiene?

En un editorial que publicamos el 3 de febrero de este mismo año, abordábamos ese tema a propósito del chantaje planteado por el oposicionismo según el cual la “alternativa” a la invasión militar y la guerra civil pasaba por la renuncia del presidente y la declaratoria de una emergencia humanitaria, pero también porque veíamos que en el seno del chavismo ya estaba prendiendo la idea como manera de “evitar” la invasión. A este respecto, nuestra posición siempre fue que en los términos jurídico-políticos planteados de una emergencia humanitaria (que necesariamente amerita una “ayuda” ídem) tal declaración equivale a una suspensión de la soberanía en favor de una autoridad de internacional de tipo policial.

Dicho en otros términos: la emergencia humanitaria equivale a declarar que los venezolanos y las venezolanas somos impotentes para gobernarnos, dado lo cual, otro tiene que cumplir este rol, que en este caso sería un tutelaje de la ONU. Claro que tal cosa todavía no ha ocurrido y el informe Bachelet no lo dice abiertamente.

Pero es evidente que todo apunta hacia allá y que el informe en su sesgo plantea no tanto la incapacidad del gobierno para resolver el problema, lo que ya es un tema, sino que pone al gobierno como fuente del problema, lo que no es cualquier cosa.

Así puestas las cosas, y ya para terminar, pensamos que estamos entrando en una nueva dinámica que en un artículo reciente publicado acá se denominó bacheletización del país, dentro de la cual, estaremos sometido no a una intervención sangrienta y bélica como la planteada por el oposicionismo salvaje, pero si a un tutelaje burocrático que hace las veces de policía “bueno”. Y nadie mejor que Bachelet para cumplir ese rol, que en todo caso y en honor a la verdad siempre podrá decir a su favor “si saben cómo soy para qué me invitan”.

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