Opinión

Lawfare, la otra epidemia. Por Enrique Moreno Gimeranez

En la actualidad el mundo se enfrenta a la pandemia de la COVID-19, pero, desde hace algunos años, América Latina padece una peligrosa epidemia política llamada lawfare, una nueva táctica de guerra no convencional aplicada como un experimento de laboratorio contra los líderes progresistas al sur del río Bravo.

Recientemente, el término reapareció en el contexto regional, tras conocerse la condena a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, dictada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, contra el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su Gobierno, por supuestos actos de corrupción.

Pero, ¿esta táctica de persecución política se ha puesto en marcha solo en Ecuador? ¿Cuáles resultan sus siniestros objetivos? ¿Qué elementos distinguen a estos casos?

Un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) define esta táctica como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.

Con este fin, se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa, para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. «El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción», precisa el citado análisis.

Señala el estudio que el término lawfare «describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar», y se emplea con este sentido en Unrestricted Warfare, libro de 1999 sobre estrategia militar; aunque en 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De esta forma, se advierte desde los inicios la nociva influencia de ee. uu. sobre los aparatos judiciales latinoamericanos, por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), especialmente, en la asesoría en la lucha anticorrupción, apunta el Celag.

 

Ejemplos irrefutables

«Estábamos –y estamos–frente a una campaña de ataque y demonización a escala regional contra las figuras que habíamos lidereado los procesos nacionales, populares y democráticos en América del Sur durante la última década y que, con nuestras políticas, habíamos cambiado favorablemente las condiciones de vida de millones de hombres y mujeres», recoge en su libro Sinceramente la exmandataria y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, víctima del lawfare.

De esta manera en Nuestra América se dio rienda suelta al experimento político de laboratorio yanqui. Los precursores de la judicialización de la política en la región fueron el golpe de Estado en Honduras en 2009 –destitución por órdenes de la Suprema Corte de Justicia y expulsión del país por las Fuerzas Armadas del presidente constitucional José Manuel Zelaya– y la destitución, en 2012, de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, mediante un controvertido juicio político de solo 36 horas.

Pero allí no acabó la historia. Estos ensayos envalentonaron a la ultraderecha conservadora a desatar con rabia otros procesos de persecución política contra el progresismo. Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil en 2016; y el expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, fue encarcelado por causas judiciales politizadas en 2018 y lo privaron del derecho a ser el candidato presidencial, para evitar su segura victoria en las pasadas elecciones del gigante sudamericano.

Cristina Fernández de Kirchner padeció también el odio visceral de la derecha argentina, con más de diez indagatorias desde 2016, y fue condenada en los últimos años a «soportar la persecución, no solo mía sino de mis hijos también, en medio de un sinfín de ataques y difamaciones como solo fueron sufridos por líderes populares en otras etapas de la vida nacional», en propias palabras de la expresidenta.

Los casos más recientes resultan las condenas contra Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, aunque el lawfare también se intentó utilizar por la derecha contra la Revolución Bolivariana en Venezuela en diferentes momentos.

En estos procesos se gesta milimétricamente una operación con múltiples puntos de contacto: se reorganiza el aparato judicial por las fuerzas derechistas, poniendo en puestos clave a abogados, jueces y fiscales favorables a sus intereses, para atacar al adversario político; el Timing político o hacer público el caso judicial, como un arma en momentos de alto costo político para el rival (generalmente de cara a las elecciones presidenciales); y el papel de los medios de comunicación masiva como «periodismo de guerra», manipulando la opinión pública en la supuesta lucha anticorrupción y criminalizando a la víctima, según refiere el estudio del Celag.

En esencia, el objetivo a corto y mediano plazos de esta táctica en América Latina no es otro que lograr la restauración del neoliberalismo, también por la vía judicial, en naciones donde han triunfado gobiernos progresistas, a favor de los intereses de los pueblos y no del gran capital transnacional. Muestra la incapacidad, debilidad e impotencia de la derecha frente al poder de sus rivales, ya que ni política ni electoralmente lograrían vencerlos, solo les ha quedado la vergonzosa jugada del lawfare.

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