Hoy se cumplen 48 años de la muerte y derrocamiento de Salvador Allende. Y este es el orden en que deben enunciarse los eventos históricos: primero muerte y luego derrocamiento, porque Allende jamás rindió su posición de presidente legítimo elegido por el pueblo. Antes muerto que entregado a las indignas mafias mercenarias en que los ejércitos latinoamericanos se habían convertido por obra e injerencia del Pentágono estadounidense.
Convencido de que el socialismo era la vía necesaria y útil para cristalizar las reivindicaciones históricas de la sociedad chilena, Allende había sido candidato a presidente en cuatro ocasiones antes de ser electo en 1970. Si bien en las otras elecciones (en 1952, 1958 y 1964) tuvo suerte diversa, en los comicios de 1970 accedió a la presidencia obteniendo la primera mayoría simple -con un 36, 6 % del sufragio- como candidato de Unidad Popular, que era una coalición de partidos de izquierda. Mediante este triunfo, Allende se convirtió en el primer presidente de extracción marxista elegido en un sistema republicano.
Coherente con su ideario, intentó realizar una “vía chilena al socialismo” utilizando los mecanismos y herramientas del sistema democrático para crear un Estado Socialista. Algo que se adelantó en tres décadas al otro gran experimento democrático-socialista que fue el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. Sin embargo el contexto internacional era otro, sobre todo en América Latina, en donde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 desató un conjunto de estrategias intervencionistas estadounidenses, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Washington no estaba dispuesto a que otro experimento socialista posibilitara a una nación latinoamericana la vía del desarrollo y el progreso fuera de la órbita hegemónica estadounidense. El presidente por entonces, el republicano Richard Nixon, había dado órdenes expresas de disponer todos los recursos para evitar la victoria de Allende, que competía con el derechista Jorge Alessandri, que además recibía apoyo financiero de la CIA y de la trasnacional norteamericana ITT (International Telephone & Telegraph).
Investido presidente el 3 de noviembre de 1970, Allende buscó afanosamente dotar a Chile de un marco legal y económico soberano, nacionalizando recursos estratégicos como el cobre -Ley N° 17.450 aprobada por el congreso- y cuya nacionalización afectó a empresas estadounidenses como la Anaconda Copper Mining Company, propiedad del clan Rockefeller, y la Kennecott Copper Corporation.
Antes del gobierno de Unidad Popular, las empresas norteamericanas controlaban el 80 por ciento de la producción nacional de cobre, que en 1970 suponía el 80 por ciento de las divisas ingresadas por exportaciones.
Allende también estaba decidido a encarar una reforma agraria y una reforma constitucional que posibilitara realizar la transición de una economía capitalista sustentada en unas minorías concentradoras de la riqueza, hacia la estructuración del Estado que integrara y beneficiara a todas las clases populares.
Al igual que hoy sucede con los gobiernos bolivarianos, la prensa subsidiaria de los intereses de Washington le declaró la guerra al nuevo gobierno popular, contaminando a la opinión pública con la idea de que Chile se acercaba hacia dictadura protocomunista, cuando en realidad jamás la democracia había sido celebrada en ese país con tanto ahínco y tanta legitimidad institucional. Las alegorías con el Perú actual de Pedro Castillo resultan peligrosamente evidentes.
El diario El Mercurio, propiedad de la familia Edwards, históricamente vinculada a las oligarquías, dueñas de los recursos, del suelo y las finanzas, fue el principal vocero de estos intereses. También se aliaron los periódicos La Tribuna y La Prensa entre muchos otros.
Años más tarde, una comisión investigadora del senado norteamericano presidida por el senador norteamericano Frank Church, sacó a la luz las intensas relaciones entre varias Administraciones norteamericanas y los golpes de Estado, el financiamiento a la prensa y las operaciones desestabilizadoras en América Latina. El Comité Church o Select Comitee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities (su nombre oficial en inglés) analizó los sobornos y las planificaciones destinados a debilitar el gobierno de Allende. Incluso los intentos para evitar que ganara las elecciones en los años previos.
En uno de los apartados del informe, titulado: “Alcances De La Acción Encubierta En Chile – Apoyo a medios de comunicación” se señala: “Desde 1953 hasta 1970 la CIA en Chile subvencionó empresas de radio, revistas escritas por círculos intelectuales, y un periódico derechista semanal”. Y añade “Con mucho, el mayor –y probablemente el más significativo– caso de apoyo a organizaciones de comunicación fue el dinero suministrado a El Mercurio (…) Un memorándum de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por la agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende.” El denominado Proyecto FUBELT era el nombre clave de las operaciones que la CIA ejecutaba en Chile para la caída del gobierno. Fue el general Augusto Pinochet, en el que Allende más confiaba, el que encabezó un golpe que fue cruento.
Las profundas reformas y el criterio redistributivo del período socialista de Chile fueron utilizadas como excusa para justificar un deterioro económico creciente. Esta desestabilización económica inducida -tal como hoy sucede en Venezuela- resultó un arma útil para lograr que los resultados políticos favorecieran las protestas de unas clases medias carentes de visión estratégica y manipuladas mediáticamente.
Resultaría imposible en este espacio enumerar las batallas políticas que debió atravesar el presidente Allende y la Unidad Popular en sus tres años de compleja gestión, en donde el desafío era cambiar las estructuras burguesas de un país, utilizando las mismas herramientas que la democracia burguesa posibilitaba. Anatema que fue central y produjo tensos debates dentro de las formaciones de la Unidad Popular, integrada por partidos con diferente extracción ideológica y metodológica. Baste decir que su proyecto no conoció tregua para poder llevarlo hasta una victoria social definitiva y perdurable. Diversas crisis institucionales –con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas, y una creciente y artificial violencia política en las calles propiciada por operaciones de la CIA– completaron el escenario para que el 11 de septiembre de 1973 se produjera la asonada militar que derrocaría al mayor experimento revolucionario democrático de América Latina y acaso del mundo.
Fiel al mandato de su pueblo, Allende jamás se rindió o entregó el gobierno a los emisarios del imperialismo. La casa de gobierno –el palacio de La Moneda– fue bombardeado e incendiado, pero Allende resistió con sus funcionarios más cercanos y fieles. Finalmente a las 14:20 de ese nefasto día para América Latina y para Chile, Allende ordena deponer las armas, aunque él no lo hará jamás, pues en la intimidad de su despacho se disparará en el mentón con el mismo fusil AK-47 con que defendió la constitucionalidad de su país. Horas antes había dirigido unas palabras a la sociedad chilena y entre ellas, sentenció: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
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La fuerza y la razón (La forza e la ragione) Italia, 1971, 43 min. Director y guionista: Roberto Rossellini.
En mayo de 1971, poco después del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de Chile, Salvador Allende, ya por entonces objeto de una campaña mediática de desprestigio orquestada por la CIA y la aristocracia chilena, daba a conocer su proyecto democrático. De visita en Sudamérica, Rossellini realizó este documental-entrevista, en el que se retrata un apasionado diálogo en torno a la agitada política de la época.
Fuente: REDH Argentina