La dramática crisis que vive Perú, desde el pasado 7 de diciembre, a partir de la ilegal destitución del presidente Pedro Castillo, impuesta por el Parlamento bajo control de la ultraderecha peruana que ordenó su detención el mismo día del mensaje del mandatario a la nación, condenado una semana después por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a 18 meses de cárcel, lo que provocó un levantamiento popular en varias regiones, reprimido por la policía desde sus primeros momentos y luego por el ejército cuando los golpistas impusieron el estado de excepción y otras medidas dictatoriales.
El gobierno de Dina Boluarte y el parlamento son responsables de las masacres producidas, por la represión lo que continúa hasta ahora. Boluarte vicepresidenta de Castillo ya había sido “cooptada” traicionando a quienes la votaron, impuesta por la ultraderecha como presidenta pensando que podía ganarse a algunos de los sectores que apoyaron al mandatario detenido. No lo logró y la militarización sigue extendiéndose sobre las regiones donde la población sobrevive en el terror de una ocupación militar de las fuerzas especiales peruanas y de las tropas de Estados Unidos, que están desde hace años en Perú y ocupan una amplísima zona del territorio de ese país,
El silencio sobre esta presencia se transformó en una complicidad abierta además de desconocer que este golpe parlamentario, mediático, judicial y político de la derecha bajo control de Washington es parte del Proyecto Geoestratégico de Recolonización de América Latina públicamente reconocido por los gobernantes estadounidenses. ¿Hasta cuando los silencios cómplices?. .
En realidad el golpe venía preparándose desde que Castillo asumió el gobierno el 28 de julio de 2021, cuando la derecha pro estadounidense obstaculizó cada medida de ese gobierno, más allá de las propias debilidades, que no son un argumento válido si se lee lo que sucedía alrededor desde los años en que gobernó el dictador Alberto Fujimori(julio 1990- noviembre de 2000) quien en 1992 disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, tomó el control de todos los medios de comunicación y dejó mano libre a la ilimitada represión y a los escuadrones de la muerte.En 1993 impuso una constitución, similar a lo que dejó el dictador Augusto Pinochet en Chile.
Hasta ahora Fujimori está detenido tanto por la escandalosa corrupción que continúa agobiando a ese país como por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y debe cumplir una sentencia de 25 años de cárcel, que ahora nadie sabe si lo hará. Aún no se tienen todos los datos necesarios que mostrarían la cantidad de masacres en zonas campesinas, además de los asesinatos y desapariciones cometidos en esos años e incluso a posteriori y lo que sucede ahora..
En una investigación del periodista Carlos Fazio, uruguayo residente en México en artículo publicado en el periódico La Jornada de ese país, sostiene que “el principal operador de la trama golpista en el Parlamento fue su actual presidente, el general retirado José Williams Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021 apoyó a la ultraderechista Keiko Fujimori, contra su contrincante, Pedro Castillo, quien resultó electo”.
En el 2006 Williams Zapata era presidente del Comando Conjunto del Ejército, siendo acusado de graves acciones de corrupción y en 2021 de encubrimiento en la masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinados 69 comuneros. También figuran sus antecedentes temibles , señalados por la propia Administración del Control de Drogas(DEA) de Estados Unidos cuando era jefe de la Región Militar Norte de Piura (de 2004 a 2005) incluso vinculado con importantes cárteles narcos de México.
Un personaje como Williams Zapata es sin duda alguien a quien se le pueden dar los “carpetazos” cuando ya están bajo control del Pentágono. Esta y otras son las razones por las cuales el general, ahora bparlamentario, “fue uno de los principales articuladores del plan golpista desde el Congreso contra Castillo, coordinando con el alto mando militar peruano y la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, una ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), “quien se apoyó en el agregado castrense de esa misión diplomática, Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar del Pentágono (MAAG), que mantiene estrecho contacto con los generales peruanos”.
Es increíble que se haya argumentado que Castillo iba a instaurar un gobierno de emergencia y excepción, lo que según los democráticos” parlamentarios “alteraría el ordenamiemto constitucional y la paz pública”, además que “el presidente depuesto podía fugarse debido al intento de asilarse en la embajada de México en Lima”.
Precisamente lo primero que ordenó Boluarte, por órdenes del mando central fue instalar el Estado de excepción y otras medidas dictatoriales desde el pasado 15 de diciembre, para dejar el territorio libre a los “expertos” en combatir “la subversión y el terrorismo”.
Esto agravó la rebelión popular que había surgido en varias regiones del país exigiendo la libertad inmediata del ex mandatario, a la vez que se demanda la disolución del Parlamento y y el llamado a una Asamblea Constituyente, después de haber soportado el pueblo seis presidentes en seis años. El caso aparece como un callejón sin salida.
A todo esto se añade la existencia de una cantidad de bases militares y establecimientos de Estados Unidos, además de la presencia de tropas norteamericanas en lugares estratégicos. De esto nadie habla como si no significara un factor de máxima importancia una creciente ocupación militar extranjera en la vida de una nación .
Según fuentes ligadas con jerarcas de corporaciones trasnacionales en Lima, la trama golpista habría sido urdida desde septiembre pasado como parte de una sofisticada operación de inteligencia.
Como el Congreso no contaba con los votos necesarios para destituir al presidente Castillo le hicieron creer “que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y lo indujeron a disolver el Parlamento (para que rompiera el orden constitucional) fraguando encuestas (que sólo le enseñaron a él) y le hicieron creer que tenía más de 40 por ciento de apoyo popular y el Congreso sólo 8 por ciento, por lo que iba a ser muy fácil tumbarlo y sería aclamado por la multitud, relata Fascio.
Además del ejército y la policía, “el plan involucraba a la fiscalía de la nación, la contraloría, ministros, congresistas y a la vicepresidenta Boluarte. Después de que el presidente leyó su mensaje a la nación varios ministros renunciaron en serie. Entonces, Castillo buscó el apoyo de las fuerzas armadas mediante sus edecanes militares y no obtuvo respuesta. Ahí se dio cuenta de que le habían tendido una celada, pero ya era tarde. Incluso, la seguridad del Estado lo retuvo en palacio mientras esperaban la votación del Congreso para desaforarlo. Entonces le dijeron que estaba acordado un supuesto plan B: que buscara asilo en la embajada de México (uno de los complotados había gestionado el asilo diplomático de Castillo en la misión mexicana).
Pero instantes después de que el Congreso declaró su destitución fue detenido por un comando SWAT de la policía nacional. Lo llevaron a la contraloría y de inmediato apareció la fiscal de la nación, mientras Dina Boluarte, símbolo de la traición, esperaba en su casa para ser llamada a asumir como presidenta de la república, tal como sucedió.
El único que no estuvo en la trama golpista fue el comandante general del ejército, Walter Córdova, quien según el periódico La República, el 5 de diciembre había sido presionado por el titular del Parlamento, José Williams, para que dejara el cargo “porque había graves denuncias en su contra que afectaban la institucionalidad del Ejército”, una típica extorsión
.Asimismo, la víspera del golpe, la embajadora de EEUU, Lisa Kenna, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y éste, al igual que Córdova, presentó su renuncia el 7 de diciembre. Según el diario limeño, la última llamada telefónica que tomó Castillo antes de abandonar el palacio presidencial, provino de la embajada de EU. El secretario de Estado, Antony Blinken, había bendecido el golpe y reconocido a Boluarte..
También fue Estados Unidos quien estuvo detrás del nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el coronel retirado Juan Carlos Liendo O’Connor, ex oficial de enlace en el Comando Sur del Pentágono, estrechamente ligado con la dictadura de Alberto Fujimori y su alter ego, Vladimiro Montesinos, ambos presos por delitos de lesa humanidad” . Liendo garantiza la represión y militarización en curso en Perú, destaca Fascio..
La impresionante rebelión del pueblo peruano, que el sociólogo y catedrático Héctor Bejar, nombrado como canciller en los primeros días del gobierno de Castillo, muy respetado en toda la región y destituido raídamente por la presión del Parlamento, consideró que se trata de “una auténtica sublevación popular” a la que se han unido estudiantes de varias universidades del país, ante lo cual el ejército peruano, entrenado desde hace años por Estados Unidos, está actuando para eliminar “la subversión, combatir (supuestamente) el tráfico de drogas, y el terrorismo” a lo que se agrega el “comunismo”.
De acuerdo a altos oficiales, en declaraciones a los medios de comunicación, están “trabajando intensamente” para combatir el terrorismo, que según ellos está detrás de estas manifestaciones populares de campesinos, trabajadores, sindicalistas, comunidades, mineros y otros.
Lo más grave es que la instrucción a los medios de comunicación y a las redes que también están bajo control de Estados Unidos está dirigida a aterrorizar al pueblo peruano, con el supuesto combate “a los remanentes del terrorismo”. El pueblo sabe ya lo que esto significa, tienen recuerdos de lo que han vivido, y siguen llorando a muertos y desaparecidos, a lo largo de los últimos años. Pero hay sectores de la población que aún se aterrorizan con lo que escriben los medios de la desinformación.
Los peruanos se preparan para sufrir una persecución política feroz por parte de las fuerzas armadas y policiales que han declarado la “guerra antiterrorista” con apoyo del “parlamento” de la justicia y los medios de comunicación, locales y extranjeros.
En la actualidad, existen más de 10 bases militares estadounidenses en todo el territorio peruano instaladas en módulos particulares o en bases militares o de la marina de guerra peruana. Están ubicadas en puestos estratégicos de energía. Entre las bases militares más conocidas se cita a :1- Palmapampa (en el VRAEM.) 2. Mazamari – VRAEM..3. Pichari – VRAEM.4. Puerto de El Callao.5. Ancón.. Pucalpa.7. Equitos.8. Teniente Clavero 9 Putumayo,.. Santa Clotilde – Loreto 10 .
El VAREM está referido a una zona de valles encabezados por Apurimac, y otros, lugar estratégicos para los ejercicios militares y zona de bases. También se ha denunciado la existencia del laboratorio de la Marina de los Estados Unidos, llamado NAMRU-6, con instalaciones en Lima e Iquitos, para supuestamente investigar enfermedades infecciosas. Esto ha sido denunciado por numerosas organizaciones sociales Los medios citan al congresista Richard Arce que presentó un cuestionario al Ministerio de Defensa de Estados Unidos que nadie respondió.
El analista peruano Ricardo Soberón sostiene que este Laboratorio (NAMRU-6) establecido por la Marina de los Estados Unidos, en el Perú, desde el año 1983, acarrea una serie de dudas, observaciones sobre su funcionamiento y actividad.
Soberón advierte que la tecnología bélica del siglo XXI “va acompañada del desarrollo de agentes patológicos, endémicos y agentes químicos y biológicos que son utilizados con fines militares. Eso lo hemos visto en distintos escenarios recientes. Tomando esa preocupación, es que “llama la atención, poderosamente, que se haya construido un establecimiento de medicina tropical que trabaja con niveles de bioseguridad 3, que son reconocidos en el uso de agentes patógenos”,
Añade que de acuerdo “a las preguntas que el Congresista Richard Arce hizo al Ministerio de Defensa , entendemos que la Marina de Guerra de Perú es la contraparte de la Marina norteamericana en el establecimiento de este complejo dentro del Hospital Naval peruano. “Las dudas que hemos tenido a través de las preguntas del Congresista Arce, que no han sido respondidas se refieren básicamente a los roles, a las autonomías, a las competencias que tienen ambas contrapartes en territorio peruano y como se realizan los resultados obtenidos de las investigaciones ellas en materia de enfermedades tropicales”..
Analiza además que “efectivamente, tratándose de un mecanismo estrictamente castrense el hecho de que haya personal militar norteamericano nos debe llamar a dos preguntas: 1- ¿A qué jurisdicción obedecen, tienen estatus diplomático? 2- Al estar sirviendo dentro de una instalación militar peruana ¿la cadena de mando está dirigida hacia su militar de enlace o hacia los militares peruanos? Por último, y esa pregunta tampoco fue contestada, ¿qué certeza tienen los militares peruanos de que los resultados de las investigaciones no sean dirigidos con fines militares?” (Artículo publicado en la Revista El Derecho de Vivir en Paz N°14).