Lo que ocurre en Cuba no es una crisis. Es un crimen en curso. Llamarlo “política exterior” es proteger a los criminales y convertirse en cómplice. En estos momentos, la amenaza de una intervención militar se afianza y el mundo no puede mirar hacia otro lado. Los derechos de la humanidad nos pertenecen y debemos defenderlos.
“Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad.” Fueron palabras expresadas por el Comandante Fidel Castro Ruz ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 12 de octubre de 1979.
Palabras que toman especial relevancia en el momento histórico que atravesamos como humanidad, cuando el poder sin límites decide qué pueblos son prescindibles, y cuando el mundo se encuentra ante el riesgo de un conflicto global nuclear.
La expresión de Fidel, ahora más que nunca, confronta con algunas palabras que el poder, vacía de contenido a fuerza de repetirlas. “Sanciones” es una de ellas. A priori, suena a consecuencia legal, a respuesta proporcional, a mecanismo civilizado de presión diplomática. No suena a lo que es en realidad, en el caso de Cuba: el diseño deliberado de un genocidio.
Lo que Estados Unidos aplica sobre Cuba desde 1960, y que ha intensificado con brutalidad desde enero de 2026, es un sistema construido con precisión para que once millones de cubanos y cubanas vivan en condiciones que se vuelvan progresivamente insostenibles.
La intención es clara y así está escrita. El subsecretario de Estado Lester Mallory la puso en un memorándum en 1960: había que provocar hambre y desesperación para derribar al gobierno cubano. Sesenta y cinco años después, la política no ha hecho más que agudizarse.
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU en 1948, no limita ese crimen a la masacre directa. Lo define también como el sometimiento intencional de un grupo nacional a condiciones de existencia destinadas a causar su destrucción física. No hace falta un ejército. Basta con cortar el combustible. Basta con bloquear los medicamentos. Basta con amenazar con aranceles a cualquier país del mundo que se atreva a venderle petróleo a Cuba, como hizo la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026. Desde entonces, apenas dos buques petroleros han descargado combustible oficialmente en la isla. Un país que necesita 100.000 barriles diarios y produce 40.000 propios funciona sobre el vacío. Los quirófanos se detienen. El suministro de agua se complica y la basura se acumula. Los niños estudian a oscuras. Los ancianos mueren de calor en apagones de veinte horas.
Eso tiene un nombre en el derecho internacional. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla lo ha formulado ante la Asamblea General de la ONU en términos jurídicamente precisos: el bloqueo constituye, a tenor del artículo II, inciso C de dicha Convención, un acto de genocidio. No es retorica diplomática. Es la aplicación de una norma a hechos documentados. Y que el mundo prefiera no usar esa palabra, no cambia lo que describe.
Pero Cuba no es una víctima que espera compasión. Eso es lo primero que hay que entender, y lo que la narrativa dominante todavía no termina de procesar. Cuba es un sujeto político que decidió, con plena conciencia de las consecuencias, no rendirse. Y esa decisión no pertenece a un gobierno. Pertenece a un pueblo que, a lo largo de su historia, desde las guerras de independencia, desde los mambises hasta los ejércitos de batas blancas y cuadernos, eligió resistir y construir: bajo el bloqueo, con recursos mínimos, uno de los proyectos de solidaridad y cooperación internacional más extraordinarios de la historia contemporánea.
Desde 1963, más de 605.000 profesionales cubanos de la salud han servido en 165 países. Han atendido a más de dos mil millones de personas. Cuando el ébola arrasaba África Occidental en 2014 y el mundo observaba, Cuba fue la única nación que envió médicos a tratar directamente a los enfermos. Cuando Italia colapsaba en 2020 y los camiones militares cargaban ataúdes por las calles de Bérgamo, llegaron las brigadas cubanas.
Entre 1990 y 2011, en el momento de mayor crisis económica de su historia, Cuba recibió a 26.000 niños y niñas afectados por la explosión atómica en Chernóbil y los trató durante 21 años de forma gratuita. Su programa de alfabetización “Yo sí puedo” ha enseñado a leer y escribir a más de diez millones de personas en 32 países, del creole haitiano al quechua andino.
Cuba cumplió un papel fundamental para terminar con el apartheid. Nelson Mandela lo dijo en Cuba, en 1991: “En la historia de África no existe otro caso de un pueblo que se haya alzado en defensa de uno de nosotros”.
Es todo esto lo que el gobierno de Estados Unidos intenta destruir. No porque funcione mal, sino porque funciona, y demuestra que otro modelo es posible.
Cabe entonces la pregunta: ¿qué niveles de desarrollo habría alcanzado Cuba si en lugar de destinar sus capacidades a sobrevivir al bloqueo las hubiera podido destinar libremente a construir? La respuesta es incalculable, y esa es precisamente la magnitud del crimen.
El crimen de Washington no se reduce a la responsabilidad exclusiva del gobierno de Estados Unidos. El derecho internacional es explícito en este punto: la prohibición del castigo colectivo y de las medidas coercitivas unilaterales no solo obliga al Estado que las impone, sino que activa la responsabilidad de todos los terceros estados. No colaborar, no facilitar, no guardar silencio cómplice. Estas son obligaciones jurídicas, no opciones morales. Y algunos de esos estados tienen una deuda histórica con Cuba que hace su silencio, o su subordinación, doblemente imperdonable.
La Unión Europea, que ha votado 34 veces en la Asamblea General de la ONU exigiendo el fin del bloqueo, permanece como espectadora ante la hambruna energética y sus consecuencias en la vida de la población cubana. Eso no es prudencia diplomática. Es complicidad activa.
No hay neutralidad posible. Cada gobierno que cancela un convenio médico bajo presión, que rompe relaciones diplomáticas sin causa, que guarda silencio ante una asfixia documentada, se convierte en parte del mecanismo que mata.
Lo que ocurre en Cuba no es una crisis. Es un crimen en curso. Llamarlo “política exterior” es proteger a los criminales y convertirse en cómplice. En estos momentos, la amenaza de una intervención militar se afianza y el mundo no puede mirar hacia otro lado. Los derechos de la humanidad nos pertenecen y debemos defenderlos.