Por Maurice Lemoine
Tomado de El Ciervo Herido
Por una muy amplia mayoría, 128 países de los 193 miembros de las Naciones Unidas condenaron el 21 de diciembre de 2017 el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por el Presidente usamericano Donald Trump. El texto de la resolución recogía, a grandes rasgos, un proyecto respaldado por catorce de los quince miembros del Consejo de Seguridad – USA tuvo que utilizar su veto de miembro permanente para impedir su adopción.
Para intentar bloquear esta condena masiva de la comunidad internacional, Washington había previamente multiplicado las amenazas y las presiones. Fue así que 35 Estados se abstuvieron en el voto y que 21 juzgaron prudente no participar en el escrutinio. Entre los abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva» de algunos compinches continentales: México, Argentina y Canadá. Pero, por supuesto, son las siete grandes potencias completamente alineadas con Washington y Tel-Aviv que captaron la atención: las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo y, sobre todo, las de su tradicional «patio trasero», Honduras y Guatemala.
Nada de sorprendente tratándose de Honduras donde Juan Orlando Hernández (« JOH ») acaba de ser declarado reelegido al término de unas elecciones presidenciales celebradas en condiciones tan escandalosas que incluso la Organización de los Estados americanos (OEA) impugnó su regularidad [1]. Visto que Trump al contrario, y contra toda evidencia, reconoció su «victoria», es comprensible que «JOH» rivalice en servilismo. Sin embargo, en el registro «alianzas dudosas y compromisos absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo superó: el 24 de diciembre, anunció su intención de imitar a Washington, trasladando su embajada de Herzliya (suburbio de Tel-Aviv) a Jerusalén, a pesar del voto de condena de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Como Honduras, Guatemala se encuentra en posición de gran debilidad ante un posible mal humor de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Incluso modesta y dirigida prioritariamente hacia las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda económica de Washington es vital para esta nación desheredada. Además el chantaje de la expulsión pesa sobre el millón de guatemaltecos que, residiendo más o menos legalmente en el territorio usamericano, permiten la supervivencia de sus compatriotas gracias a sus remesas; ya fueron repatriaron cerca de 40.000 de estos migrantes manu militari en 2017.
Finalmente, tal como ocurre con “JOH”, Morales arrastra tras de sí un pasado dudoso que solo puede incitarlo a la más pragmática de las sumisiones. Desde 2015, autorizada por las Naciones Unidas y Washington, una Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) lleva a cabo en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no con pocos los resultados: en 2015, fue dicha comisión quien hizo destituir y encarcelar al Presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por malversación de fondos.
Después de convertirse en Jefe del Estado, Morales a su vez fue señalado por algunas «transgresiones». En septiembre de 2017, por ejemplo, cuando fue descubierto que percibía mensualmente de las Fuerzas armadas, en la más total discreción, una supuesta «prima de riesgo» de 7.300 dólares (un aumento irregular de su salario de 33 %). Después, otra revelación sacudió la opinión: 800.000 dólares de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de convergencia nacional (FCN-Nación), del que él era candidato. La Fiscal General Thelma Aldana y la Cicig solicitaron el levantamiento de su inmunidad para juzgarlo, Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están encarcelados por emisión de facturas falsas), apoyado por la extrema derecha y ex militares, replicó declarando persona non grata e intentando expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig. Decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e internacionales, y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y anuló. En ese contexto, atraer la simpatía de Trump no es en absoluto secundario para el mandatario centroamericano.
Sin embargo, la decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde a esta sola preocupación. Al anunciarlo, Morales informó de una conversación telefónica que tuvo con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y durante la cual los dos hombres destacaron las «excelentes relaciones» existente entre los dos países «desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Mencionaremos rápidamente este episodio, que no es el más importante (para los guatemaltecos por supuesto). Pero, en realidad, este pequeño Estado de Centroamérica fue el segundo (¡inmediatamente detrás de los USA!) en reconocer la existencia de un «Estado judío» en territorio palestino, el 14 de mayo de 1948.
Al origen de esta presencia en primera línea de las convulsiones del lejano Medio Oriente, se encuentra un diplomático progresista (o por lo menos reformista), Jorge García Granados. nieto de un jefe del Estado, encarcelado y torturado por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió del lado republicano en la guerra civil española antes de incorporarse a la «Revolución de octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de Guatemala.
Marcado por el dominio colonial de Londres sobre la Honduras Británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente reclamado por Guatemala, Granados, miembro del Comité especial para Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 [2], veía de muy buen ojo el final del mandato británico en este territorio y, con la mayoría de los miembros de la Comisión, recomendó su división entre un Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel algunos meses más tarde), con un estatuto internacional especial para Jerusalén bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas [3]. Lo que se piense retrospectivamente, no tiene nada que ver con las ineptas iniciativas de Trump, luego de Morales que, a finales de diciembre de 2017, pisotearon los derechos más elementales de los palestinos.
Después de la elección de 1944, Guatemala vivió diez años de «Primavera democrática» bajo las Presidencias de Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por un golpe de Estado organizado por la compañía bananera usamericana United Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado, la Central Intelligence Agency (CIA), marcó el comienzo de una tragedia que Granados solo vivió las primicias puesto que murió en 1961.
Poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio – apodado «el chacal de Zacapa» –, apoyado por los instructores y las Boinas verdes usamericanas, dirigió una campaña de represión sin precedentes contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad. Los asesinatos políticos alcanzaron la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968. Ascendido a general, Arana Osorio, que llega al poder en 1970, expresa su decidida intención de « transformar, si es necesario, el país en cementerio, para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000 guatemaltecos pagaron esta filosofía con sus vidas.
A pesar de la convergencia de intereses de la nueva oligarquía militar y las multinacionales usamericanas (Hanna Mining, Del Monte, Norma Brands – nueva rama del UFCo), la amplitud y los métodos de la represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos – 150 personas asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza del pueblo de Panzós – llevaron al Presidente James Carter a suspender la ayuda militar de los USA. La «diplomacia del Uzi» (el nombre del poderoso y famoso fusil de asalto israelí) desempeño desde entonces un papel preponderante.
La asistencia militar israelí en Guatemala había comenzado oficialmente en 1971. Desde 1975, se proporcionaba a este Estado terrorista los aviones Arava y distintos tipos de armamentos – cañones, armas individuales – que los USA se negaban a suministrar. Cuando, en 1977, Cárter interrumpió completamente las ventas de armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general Lucas García es « elegido» en 1978, con un desvergonzado fraude y 63,5 % de abstención. Este imposible recurso a la vía política provocó la aparición de guerrillas. Primero regresó en 1975 a la región del Ixcán el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento anterior antes de replegarse en México. En 1979, surgió la Organización del pueblo en armas (ORPA).
La Asociación de amigos de Guatemala, un potente lobby, invirtió varios centenares de miles de dólares en el Partido republicano como contribución a la campaña electoral de Ronald Reagan. Éste último llegó a la Casa Blanca, pero las relaciones siguieron siendo difíciles. Independientemente de los intereses estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los militares guatemaltecos (33 % de la región petrolífera del Petén les pertenece) ya competía – además de los de la oligarquía nacional tradicional– con las posibilidades de lucro de las empresas usamericanas.
Cuando, en el segundo semestre de 1981, el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, alcanzó los sectores más moderados de la sociedad, democracia cristiana incluida. La primera etapa de «pacificación» implicó la masacre y la destrucción de más de 250 pueblos indígenas, considerados como bases de apoyo de la insurrección armada. Este período de toma de control total de la población se saldó con unos 20.000 muertos, la partida de aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron en su mayoría en el Sur de México, un millón de desplazados y la militarización de las estructuras administrativas del Estado.
Haciendo «un trabajo fantástico», según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores militares israelíes apoyaron al servicio de inteligencia guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la población. Gracias a las computadoras fabricadas en Israel, el ejército guatemalteco descubrió y destruyó en 1981 veintisiete escondites de las organizaciones revolucionarias gracias a un análisis de los consumos nocturnos de agua y de electricidad en Ciudad Guatemala. Además de la construcción de una fábrica de armamentos en la provincia de Alta Verapaz por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribió en el Programa de pacificación rural responsable de la muerte de millares de campesinos pertenecientes a los pueblos Mayas. Este siniestro plan se inspiró directamente, según su responsable, el coronel Eduardo Wahlero, del Nahal Program- «Jóvenes pioneros combatientes» – destinado a formar jóvenes soldados a las técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general Aníbal Guevara, vencedor en 1982 de uno de los escrutinios más fraudulentos de la historia del país, llevó al golpe de Estado encabezado por el general Efraín Ríos Montt, especialista de la contrainsurgencia, candidato por la democracia cristiana electo y despojado en 1974. Éste reactivó la ofensiva contra un movimiento armado ahora unificado en el seno de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia «tortilla, techo, trabajo» agrupó a las poblaciones en aldeas estratégicas, sobre el modelo usamericano utilizado en Vietnam [copiado de los británicos en Malasia y de los franceses en Argelia, NdlT], prácticando el reclutamiento forzado de los Indígenas en Patrullas de autodefensa civiles (PAC). Bajo la denominación « Fusiles y fríjoles », estas patrullas sirvieron sobre todo de carne de cañón – 5 % solamente de estos seudo voluntarios estaban armados – y permitieron vigilar constantemente «a los 265. 000 campesinos» que, según el ejército, «ayudaban a la guerrilla». Fue siempre con la ayuda apresurada de Tel Aviv, bajo el régimen de Ríos Mont, que 18.000 campesinos fueron masacrados, víctimas de las peores atrocidades.
Dado que las luchas populares triunfaron en Nicaragua y se desarrollaron en El Salvador así como, en menor medida, en la vecina Honduras, Guatemala se transformó en centro de difusión regional, 30 % de las armas israelíes recibidas eran revendidas en la zona – especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (la « contra »).
«Nuestros dos países comparten los mismos objetivos y las mismas calidades como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida, la ayuda militar de Washington se añade desde entonces a la de Tel Aviv, que no se interrumpe.
Cuando en 1986 el conflicto se termina, la Comisión para el Esclarecimiento histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas revelará que se saldó por el desplazamiento forzado de un millón y medio de personas y la muerte de otras 200.000– el 93 % siendo víctimas de los grupos paramilitares y del ejército. Aunque la tragedia se haya desarrollado sobre más de tres décadas, los picos más atroces de violencia causados por la estrategia de tierra arrasada se desarrollaron entre 1980 y 1983, bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Aprendido por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado por «genocidio y crímenes de lesa humanidad» (aunque el Tribunal constitucional guatemalteco se apresuró luego a anular la sentencia). En 1982, es el mismo Ríos Montt que declaraba al diario español ABC: «Nuestro éxito se debe a que nuestros soldados han sido entrenados por los Israelíes».
Dos cientos mil muertos no pueden ser comparados a seis millones. Pero a pesar de todo… En pleno Siglo XX, algunos años apenas después de que se haya revelado el crimen absoluto de la Shoah un etnocidio sigue siendo un etnocidio. Una monstruosidad que, según Morales y Netanyahu, permitió a los gobernantes de esos dos países, a lo largo de estos años sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Para mayor desgracia, en la actualidad, de los palestinos.
Notas:
[1] Leer « Au Honduras, le coup d’Etat permanent », Mémoire des Luttes, 5 de diciembre de 2017
[2] Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947 el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP por sus siglas en Inglés) compuesto por representantes de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán Países Bajos, Perú, Suecia, Checoeslovaquia, Uruguay y Yugoeslavia)
[3] Una vez la independencia del Estado de Israel declarada en 1948, Granados será el primer diplomático en anunciar a las Naciones Unidas el reconocimiento por su país de Israel, donde se desempeñó a partir de 1956 como primer embajador de Guatemala.
►Léase también Qué hay detrás del regreso a Jerusalén: la historia de las relaciones entre Guatemala e Israel, por Luis Solano, 27.12.2017
Traducido por María Piedad OssabaEditado por Fausto Giudice Фаусто Джудиче